"Ponemos en conocimiento la grave situación que está atravesando el fuero (...) por la falta de recursos adecuados y suficientes provistos por la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (...) para ejecutar las medidas judiciales que ordenamos en el marco de los procesos penales juveniles en los que intervenimos", subraya el escrito.
La denuncia, que apunta al Ministerio de Desarrollo Social -responsable de derivar a los jóvenes a los centros de alojamiento y tratamiento- también indica que no hay lugar "para socializarlos o integrarlos".
De hecho, según explican, el Centro de Referencia Local de San Isidro, donde los menores de edad son tratados de forma ambulatoria, "cuenta con escasos recursos humanos de sus equipos de profesionales, con lo cual no se logra implementar la medida tendiente a socializar o integrar al niño en forma constructiva". Además, aseguran que la internación es imposible, porque no cuentan "con vacantes suficientes".
Por otra parte, el escrito, presentado por Patricia Klentak, Fernando Ribeiro Cardadeiro, Graciela Vega, Flavia Valgiusti, Silvia Chomiez y Mirta Ravera Godoy, también hace alusión a que se deja libres a los menores de edad sin consultarlo con los jueces o con la presunta complicidad de los centros de detención.
Tal es así que Godoy relató que, en dos oportunidades, los jóvenes que debían ir a un centro cerrado fueron derivados por la Dirección Provincial a un centro abierto desde donde se fugaron, mientras que un tercero, violador de 14 años, habría recibido del propio centro la orden de "irse" del lugar.
