Como titular del bloque radical en la Cámara baja, Oscar Aguad (UCR-Córdoba) sostuvo una dura posición contraria a la estatización del sistema jubilatorio. Asegura que el proyecto oficialista es una “cortina de humo del Gobierno para no hablar de su fragilidad fiscal” y que la administración actual “ha navegado siempre en el corto plazo, sin pensar en el futuro de trabajadores ni jubilados?
-¿Con qué postura irá el radicalismo al recinto?
-Le proponemos al Gobierno discutir el verdadero problema. Hay fragilidad fiscal desde hace un año, cuando intentó apropiarse de la caja del campo. Ahora vienen por el ahorro de los trabajadores en actividad.
-Pero el proyecto concreto se debatirá este martes…
-No estamos dispuestos a discutir la cortina de humo que ha inventado el Gobierno.
-¿La oposición estará junta como con el campo?
-Entiendo que sí, en la medida en que todos adviertan que nos están vendiendo una cosa que no es. Confío en que estaremos juntos otra vez.
-¿Se trata de una expropiación?
-Sí, pero en este caso es una expropiación sin compensación, algo que no ocurre en casi ningún lugar del mundo.
-¿Darán uso electoral al dinero?
-Sí, porque la magnitud de la caja alcanza a cubrir el desfasaje interno, pero también se va a usar para las necesidades electorales del año que viene. El Gobierno ha navegado siempre en el corto plazo y no generó condiciones para que haya inversiones. En un momento muy complicado por la crisis global se le saca al sistema bursátil y a la economía real un flujo de recursos.
-El Gobierno dice que ayudó a los privados...
-Es cierto que el sistema ha fracasado, pero también el sistema de reparto, porque hoy el 50 por ciento del sistema se paga con dinero aportado por las provincias. Hay que rediscutir el sistema previsional durante un año.
JUBILACIONES: MÁS VOTOS OPOSITORES ENTRE LOS QUE ANTICIPAN SU POSTURA
Ya son 79 los legisladores que adelantaron, en el relevamiento de opiniones que viene realizando el diario “CLARÍN” qué harán si el oficialismo mantiene sin reformas su iniciativa para estatizar el sistema previsional. De los 17 de hoy, 11 se manifestaron en contra del proyecto K. Las preguntas que responden los diputados consultados son:
1-Está de acuerdo, en general, con que las jubilaciones vuelvan al Estado?
2-Así como fue enviado. 'Votaría a favor o en contra del proyecto oficial?
3-'Qué cambio le introduciría?
De los diputados consultados se reflejan las respuestas de: Federico Kenny (UCR-La Pampa); Daniel Kroneberger (UCR-La Pampa); Carlos Ulrich (UCR-Chaco); Liliana Bayonzo (UCR-Chaco) y Oscar Aguad (UCR-Córdoba).
JUBILACIONES: “UN ZARPAZO A LOS AHORROS PRIVADOS” DIJO PÉREZ
A tono con la postura de su jefa política, Elisa Carrió, el diputado Adrián Pérez (CC-Buenos Aires) calificó el proyecto oficialista de eliminación de las AFJP de ?zarpazo sobre los ahorros de los trabajadores que optaron por el sistema de capitalización?. A pesar de coincidir con la necesidad de contar con un nuevo sistema jubilatorio, el presidente del bloque de la CC en la Cámara de Diputados afirmó que la administración de las AFJP ?ha sido pésima, pero la de la Anses también?
- ¿Cuál va a ser la postura de la CC?
-Nuestra postura es contraria al proyecto. Creemos que busca hacerse de una masa de recursos que son los ahorros de nuestros jubilados ante una situación difícil para el próximo año.
- Desde el Gobierno se insiste en la necesidad de actuar ante un sistema quebrado...
-El sistema previsional requiere ser modificado y el Estado tiene que tener un rol central en eso. Se coincide en el sentido de la medida. Pero no se avanza en absoluto en la intangibilidad de las contribuciones de los trabajadores, ni en el reconocimiento de los derechos adquiridos, ni en la autonomía de la Anses, ni en la limitación para que este organismo le preste al Estado. Por eso nuestro rechazo.
-El Gobierno echa culpas a las AFJP...
-No deslindo la responsabilidad de las AFJP. El Gobierno ha hecho mucho para empujar al desmanejo: el 50 por ciento de las carteras de las AFJP son bonos del Estado adquiridos en forma compulsiva por las administradoras, que hoy tienen muy poco valor. Si bien la administración de las AFJP ha sido pésima, la que hizo la Anses también lo ha sido. Nadie se acuerda de los jubilados.
- ¿Ve una nueva resolución 125 en el horizonte?
-No sé, pero la mayoría de los bloques manifiesta su oposición. Hay un clima desfavorable al Gobierno y habrá mucha resistencia a la norma.
JUBILACIONES: “NOS VAMOS A OPONER AL ROBO”, DIJO PINEDO
El jefe del bloque Pro, Federico Pinedo (Capital), rechazó el proyecto de estatización de las AFJP y adelantó que, si el Gobierno logra aprobar la iniciativa, impulsará la instauración de un nuevo delito en el Código Penal, superior a tres años de prisión, para penar malversaciones en la administración de esos fondos.
-¿Cuál será la postura del interbloque Pro?
-Vamos a oponernos al robo. No vamos a avalar nada que implique posibilitar que les saquen la plata a los trabajadores.
-Pro rechaza el proyecto oficial como se presentó...
-Ni como está ni nada. Vamos a combatir y a evitar que el proyecto se apruebe por todos los medios a nuestro alcance. Y vamos a proponer, si se llega a aprobar, un delito especial para los que administren incorrectamente los fondos de los jubilados.
-¿Abarcaría a los integrantes de las comisiones bicamerales de seguimiento del nuevo sistema?
-No. Las comisiones bicamerales con mayoría oficialista no controlan nada; son una mentira. Para los administradores, vamos a pedir que se incorpore un artículo en el Código Penal que establezca un delito especial para evitar la malversación de los recursos de los jubilados.
-¿Qué pena tendría ese delito?
-Penas altas, no excarcelables. Más de tres años de prisión.
-Hay opositores que reclaman el retiro del proyecto oficial. ¿Usted cree que esa sería una mejor opción?
-Sí, pero uno no le puede pedir al otro que haga lo que uno quiere. Si lo tratan, tenemos que rechazarlo. Estamos trabajando para volver a formar una mayoría parlamentaria. Nos parece que la gente se va a ir dando cuenta de que le están robando la plata y espero que, cuando se trate en el Congreso, haya un estado de opinión suficientemente informado y negativo.
-¿Presentaría un proyecto alternativo?
-No podemos hacer que le roben un poquito menos a la gente. Estamos por la defensa de la propiedad de los trabajadores y por la libre elección.
LOS GOBERNADORES, ENTRE DUDAS Y APOYOS
La pretensión de la administración de Cristina Kirchner de estatizar las cuentas de retiro en manos de las AFJP divide opiniones entre los gobernadores provinciales, llegando incluso a generar algunas dudas entre los mandatarios alineados con la Casa Rosada.
El salteño Juan Manuel Urtubey manifestó sus dudas sobre las bondades de la medida que debe discutir el Congreso. "Hay una sensación inicial de pérdida frente a esta situación, sobre todo en el marco de la crisis de los mercados internacionales", afirmó el ex legislador, uno de los gobernadores alineados al kirchnerismo.
Sin embargo, el de Urtubey es, hasta el momento, el único caso de un mandatario oficialista con cierto tono crítico hacia la decisión adoptada por el Gobierno.
Hasta ahora, la mayoría de los gobernadores peronistas se han alineado con la Casa Rosada. De hecho, varios de ellos participaron del acto en la Anses en el que la presidenta Cristina Kirchner anunció el envío del proyecto de ley previsional al Congreso.
Uno de ellos es el sanjuanino José Luis Gioja, quien apoyó de manera entusiasta la iniciativa de estatizar las AFJP. Lo mismo hizo el bonaerense Daniel Scioli, uno de los primeros en salir a respaldar la decisión del Gobierno.
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, también apoyó el anuncio de la Casa Rosada. "Es una decisión de las más delicadas que ha tomado la Presidenta y desde Entre Ríos la apoyamos con fuerza", afirmó el mandatario. Y casi en una muestra de fe ciega en la jefa del Estado, dijo que "ella y sus funcionarios han tomado en cuenta todos los aspectos legales, de tal manera que el retiro de los jubilados del futuro estará más protegido y el ahorro nacional apalancando el desarrollo del país".
El fuerte respaldo de los gobernadores con buena sintonía con la Casa Rosada es lógico si se tiene en cuenta que una buena parte de los fondos frescos que tendrá el Gobierno una vez sancionada la ley cerca de 15.000 millones de pesos anuales será derramada en sus distritos.
Además, hay planes de la Casa Rosada para que parte de los fondos de la Anses se destine a la obra pública en el año electoral que se avecina. Un caso emblemático de este escenario es el cordobés Juan Schiaretti, que enfrentó al Gobierno durante el debate por las retenciones móviles, pero que ahora atraviesa una delicada situación financiera en su provincia que lo obligó a sentarse a negociar con la Casa Rosada.
Allegados a Schiaretti aseguraron que Córdoba apoyará la decisión del Gobierno, a pesar de las fuertes dudas que una medida tan controvertida genera en el mandatario.
GOBIERNO NACIONALE PIDIÓ A PROVINCIAS AUSTERIDAD
Frente a la crisis financiera internacional y ante la atenta mirada de sus colegas del interior del país, el ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, pidió austeridad y prudencia a las provincias en el manejo del gasto para lo que queda del año.
El planteo incluyó además una advertencia para los enviados de los gobernadores, ávidos de dineros extra: les adelantó que el Presupuesto nacional 2009 no contendrá esta vez -como sí ocurrió en los últimos años- un margen de recursos adicionales como para manejar envíos de fondos discrecionales a los distritos.
Fue en el marco de un encuentro mantenido el pasado jueves en el Palacio de Hacienda nacional, como parte de las actividades del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y de la Comisión Federal de Impuestos. De la reunión participó además el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.
Más allá de estos planteos, la cumbre entre Nación y provincias no permitió avanzar en otras cuestiones clave para el interior, como la refinanciación de la deuda provincial y la discusión sobre el reparto de los recursos. Sin embargo, un clamor se repitió en las conversaciones entre los ministros locales, antes y después de la reunión oficial: el de la pretensión de que las provincias dejen de financiar a la ANSeS -con 15% de la masa coparticipable- tras la estatización de las AFPJ.
ESTATIZACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL: EL DEBATE SE INICIA MAÑANA EN EL CONGRESO
Arrancará mañana en Diputados la batalla más difícil que tiene el gobierno por delante antes de fin de año. Carlos Tomada y Amado Boudou defenderán ante un plenario de comisiones la ley de estatización del régimen de AFJP. El gobierno, por ahora, alardea contar con los votos para imponerse, pero una vez más el kirchnerismoestá dividido: mientras Néstor Kirchner ordena no aceptar cambios, en el Congreso no quieren aprobar el proyecto sin algún grado de consenso.
El kirchnerismo iniciará mañana en Diputados la discusión del proyecto de estatización del sistema de AFJP, sin duda la pelea más dura que tiene por delante en el Congreso este año. A pesar de que el oficialismo insiste en que cuenta con el número necesario para aprobar el proyecto sin modificaciones, el resultado de ese debate es aún incierto.
De hecho, aunque buena parte de la oposición apoye la idea de reformar el sistema previsional, casi todos llegarán a las reuniones de comisión reclamando garantías para que los fondos de capitalización que pasan al Estado no terminen cubriendo gasto corriente o cancelando deuda en 2009. Será difícil que eso no suceda, ya que el fin de semana el propio Amado Boudou, jefe de la ANSeS, reclamó autonomía para que su organismo maneje esos casi $ 100.000 millones con libertad.
Ese mensaje está acompañado de otros alardes de fuerza que hizo el fin de semana el gobierno para intentar demostrar que no necesita acordar cambios con la oposición para garantizar la votación. Uno de esos casos es el de las instrucciones de Néstor Kirchner de rechazar cualquier presión para modificar el proyecto, tal como hizo durante la votación de la Resolución 125 y que finalmente no se cumplió ya que antes de ser rechazada esa iniciativa tuvo cambios. Y hasta se piensa ya en el primer acto organizado por el ex presidente para apoyar la reforma.
Pero esta vez el problema es otro: con o sin intangibilidad de los fondos que pasan al ANSeS, hay otros defectos técnicos en el proyecto que Carlos Zannini redactó para los Kirchner que el Congreso deberá solucionar. De ahí que las reformas deberán ser introducidas aunque la oposición no consiga imponerse.
Mañana, Boudou llegará a Diputados junto con Carlos Tomada a las 15 para enfrentarun plenario de las comisiones de Presupuesto, Hacienda y Previsión Social. Será el primer paso para la sanción de estatización total, por ahora, del sistema de jubilaciones.
Frente a los funcionarios estarán el radicalismo, que el miércoles presentará su propuesta alternativa para reformar el sistema previsional y que contempla un paso intermedio a la estatización con participación de la AFJP del Banco Nación, la Coalición Cívica que ni piensa en sentarse a negociar con el gobierno y pide nueve meses para discutir una reforma, los socialistas y el sí que apoyan la medida pero piden garantía para el uso de los fondos y el macrismo que directamente se niega a disolver el sistema de capitalización.
Pero por encima de los debates técnicos existe un agravante que juega en contra de las pretensiones del gobierno: los diputados de todos los bloques sufrieron casi con pánico las bajas de bonos y acciones de la semana pasada. Ese efecto, que muchos funcionarios dijeron no haber previsto tras el anuncio de la estatización de las AFJP, por ahora jugó como el mayor enemigo de las pretensiones del gobierno en el Congreso.
Es cierto que la ley de estatización potenció en la Argentina el huracán financiero internacional y que muchos de esos efectos tienen relación directa con la falta de garantías del manejo de acciones de empresas que ahora quedarán en manos del Estado. Pero el temor de muchos legisladores es, quizás, más irracional.
Eso no frenó el apuro del gobierno. El cronograma oficial marca que el bloque que preside Agustín Rossi debería emitir el dictamen del proyecto la primera semana de noviembre e intentar una votación el miércoles 12. Para cumplir con ese objetivo, el miércoles por la mañana los diputados recibirán a representantes de las AFJP, de la CGT y de la CTA. El jueves llegará el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, y allí terminarán las consultas. Un tiempo récord si se piensa que en 1993 la ley de creación de las AFJP insumió ocho meses de debates.
LA PULSEADA POR LAS AFJP YA PERFILA EL JUEGO DE ALIANZAS EN LA OPOSICIÓN
Los próximos días irán diciendo hasta dónde el oficialismo está dispuesto a negociar el proyecto que vuelve a cambiar sustancialmente el sistema de jubilaciones. Lo que haga, naturalmente, impactará en la heterogénea vereda opositora. Pero a poco de andar parece claro que, en cualquier caso, los sectores de la oposición jugarán posiciones diferentes. Sería una nueva señal de los alineamientos que empiezan a sugerirse con la mirada puesta en el desafío electoral de 2009.
La oposición ha rechazado de diferente modo la iniciativa del Gobierno tal como fue anunciada y los tiempos, breves, que anticipan para tratar la ley. En la mayoría de los bloques existe escepticismo frente a la posibilidad de que el kirchnerismo proponga modificaciones de fondo para un plan que, coindicen también, fue concebido para atender las necesidades financieras --de caja, sintetizan-- que asoman en el horizonte del año próximo. A partir de allí, las diferencias en la vereda opositora son varias y en algunos casos, profundas.
Hubo, en el arranque de esta historia, un intento de negociación, especialmente con radicales y socialistas, a cargo de Sergio Massa. La jugada terminó de manera abrupta. Y en medios opositores afirman que los pasos del jefe de Gabinete fueron frenados sin vueltas por Néstor Kirchner.
Pasados esos primeros amagues, los radicales acomodaron algunas diferencias internas y fijaron una posición pública crítica, que expresó de manera directa Gerardo Morales y se reflejaría esta semana en la presentación de un proyecto propio. "Mantenemos la línea histórica: el sistema previsional debe estar en la órbita del Estado", afirman.
Desde ya, rechazan quedar enredados en propuestas negociadoras "menores" desde el oficialismo. Descalifican, por ejemplo, la alternativa de una comisíon bicameral de control del nuevo sistema presidida por un opositor, que además --destacan-- sería dominada por oficialistas. Y creen que la sola mención de la "intangibilidad" de los fondos tampoco alcanza. Apuntan más bien a mecanismos de autonomía efectiva, con garantías de una prestación básica y papel central del Banco Nación.
Queda poco margen para las coincidencias con el oficialismo. "No podemos acompañar un proyecto realmente malo porque se proclama la defensa del sistema estatal", afirma un dirigente de la UCR que sigue de cerca el tema. Algo parecido dicen en el socialismo. "Destrozan hasta las buenas ideas", sostiene un diputado del PS.
Los socialistas también recurren a la historia para reafirmar su posición a favor del sistema estatal, pero del mismo modo son críticos del proyecto oficialista tal como fue presentado y reclaman que el kirchnerismo evite forzar los tiempos en el Congreso. Esta semana adelantarán sus propuestas concretas, mientras siguen los contactos con otras fuerzas.
El socialismo observa críticamente algunas posiciones asumidas por la Coalición Cívica, socio electoral hace un año. Mantuvo algunas conversaciones con la UCR en el Senado y también en Diputados, donde además existen contactos con otras fuerzas. Algo de esto se expresa además en los puentes tendidos entre el porteño Roy Cortina y referentes de otras expresiones de centroizquierda como Eduardo Macaluse y Claudio Lozano.
El oficialismo también piensa en buscar coindidencias con ellos, aunque hace apenas un mes rechazó tratar un proyecto impulsado por Lozano y Carlos Raimundi. Desde esa franja, se reclaman garantías de control sobre los fondos previsionales, asignación específica de los recursos y cuentas separadas del Presupuesto nacional. Habrá que ver hasta dónde avanzan a partir de hoy las conversaciones.
Diferentes son las posiciones asumidas por otros sectores de la oposición. La Coalición Cívica se plantó con dureza frente al proyecto del Gobierno, aunque desde otra perspectiva: Elisa Carrió habló de "saqueo" de los fondos de las AFJP y desde el bloque de diputados se argumenta que debe pensarse en una reforma previsional con contenidos y tiempos muy diferentes a los del oficialismo. Más frontal aún es el rechazo desde las filas del macrismo, que salió en defensa del sistema mixto actual.
El oficialismo observa el panorama opositor para encarar su juego. Y, señal de estos últimos tiempos, desde la oposición observan cómo se mueve la interna peronista. Todos empiezan a hacer cuentas para un debate que recién empieza.
FUERTE PRESIÓN DEL GOBIERNO A LAS AFJP
El Gobierno apelará a todas las herramientas disponibles para obligar a las AFJP a mantener el nivel de liquidez en los mercados y a no retirar los fondos de los bancos, cuando hoy vuelvan a operar en el sistema financiero tras la prohibición judicial impuesta la semana pasada.
La medida oficial, que anoche se terminaba de definir en la Anses y en la Casa Rosada, se tomó ante el temor a que con la vuelta a los mercados las AFJP decidan desprenderse de bonos, activos en empresas o se inclinen por no renovar depósitos a plazo fijo.
Así, la Superintendencia de AFJP, a cargo desde el miércoles del titular de la Anses, Amado Boudou, aplicará todos los mecanismos a su alcance ?como el dictado de una resolución? para obligar a las administradoras a evitar cualquier maniobra tendiente a sacar fondos de los bancos. Así lo confirmaron ayer fuentes del más alto nivel del Gobierno.
La principal preocupación oficial es por los $ 7001,2 millones en depósitos a plazo fijo que las AFJP tienen invertidos en 28 entidades y que podrían no ser renovados. Ante esta situación, y con la vuelta a las operaciones de las diez administradoras que vieron paralizada su actividad en los mercados por una medida judicial, el director de la Anses convocó a los gerentes financieros de las AFJP a una reunión para intimarlos a evitar cualquier tipo de maniobra.
El encuentro será en la sede de la Superintendencia de AFJP, a las 8.30, y estará presidido por el nuevo gerente general del organismo de control, Sergio Chodos, ex secretario de Financiamiento durante la gestión de Felisa Miceli como ministra de Economía. Será, a la vez, su debut después de que Boudou lo nombró su segundo, la semana pasada, tras el cimbronazo por el drástico anuncio oficial de reestatizar las jubilaciones.
Además, el Gobierno designará hoy un veedor por cada una de las AFJP que operan en el mercado, que serán técnicos de la Superintendencia encargados de su control. Las administradoras de fondos de jubilaciones volverán hoy a operar en la Bolsa tras la suspensión de la medida cautelar impuesta por el juez federal Claudio Bonadío, que había ordenado durante una semana la inhabilitación de las empresas después del anuncio de la presidenta Cristina Kirchner de establecer un único sistema de jubilación estatal.
EL ESTADO PRESENTA HOY SU PLAN PARA LOS EMPLEADOS DE LAS AFJP
Esta tarde, en la sede el Ministerio de Trabajo, el Gobierno anunciará las primeras medidas del plan para incorporar al personal de las AFJP que pueda quedar cesante si se aprueba el proyecto de ley que elimina el sistema de jubilación privada.
Según los datos oficiales más recientes, las AFJP tienen 10.171 empleados en relación de dependencia, que se desempeñan en puestos administrativos, técnicos, de sistemas, promoción y ventas.
Si bien todavía no hay certeza total de que la ley vaya a ser aprobada, el Gobierno presenta su plan porque -según los funcionarios- busca dar señales de que no quedarán aspectos librados al azar y de paso tranquilizar a quienes trabajan para las administradoras de la jubilación privada.
"Vamos a definir cuáles van a ser los mecanismos para facilitar la reinserción de los empleados de las administradoras para preservar el nivel del empleo", le dijo a Clarín el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El plan apunta a que "todos los empleados puedan ser reubicados en distintos organismos del Estado, como la ANSeS, Superintendencia de Seguros, la AFIP o en la Secretaría de Seguridad Social.
El sábado se formó una comisión especial integrada por Trabajo, ANSeS, Superintendencia de AFJP y Secretaría de la Función Pública para coordinar la tarea. Por ahora se decidió lo siguiente:
Los trabajadores de la Superintendencia de AFJP se integrarán a la ANSeS y a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. La novedad ya fue informada a los empleados de ambos organismos. El personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que trabaja en las comisiones médicas pasará a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Tomada dijo que primero habrá reuniones con las AFJP para que informen qué van a hacer con el personal. "Por ejemplo, la AFJP Nación podría decidir reubicar parte o todo su personal en otras estructuras del propio banco. Lo mismo podrían hacer otras administradoras, ya que muchas conforman grupos económicos con extensiones en el seguro, la salud, los bancos o ART. También durante un tiempo las AFJP necesitarán retener parte del personal para ir procediendo a su liquidación. Y habrá empleados que podrían preferir buscar un empleo por su propia cuenta y no aceptar el que le ofrezca el Estado. Una vez que eso esté claro se sabrá a cuánto asciende el personal a reinsertar".
El titular de Trabajo dijo que con relación a los sueldos habrá que analizar la calificación y el lugar de trabajo que se le asigne: "Algunos podrían ganar lo mismo o más de lo que están cobrando ahora. Habrá que analizar caso por caso." Según datos oficiales, el 74% gana menos de $ 4.000 al mes.
Tomada aclaró que la reubicación o reinserción del personal cesante en dependencias del Estado "no sustituye de ninguna manera las obligaciones laborales de los empleadores, como por ejemplo la indemnización por despido. Que esto quede bien claro". El titular de Trabajo agregó que habrá que ver si en las razones de las cesantías las empresas invocan o no "fuerza mayor", pero en todos los casos de despidos corresponderá el pago de la indemnización (media o completa). Desde esta semana, el Ministerio de Trabajo habilitará una línea telefónica gratuita (el 0-800-222-9999) para que cualquier empleado de las AFJP pueda consultar, plantear su caso o dejar su interés por ingresar a algún organismo del Estado, se informó.
BOUDOU CONFIRMÓ QUE ESTUDIAN UN AUMENTO PARA LOS JUBILADOS
El titular de la ANSeS, Amado Boudou, confirmó ayer que el Gobierno estudia la posibilidad de conceder un nuevo aumento en los haberes que perciben jubilados y pensionados antes de que finalice el año, aunque destacó que "no se pueden hacer promesas que no se pueden cumplir en el tiempo".
Boudou, consultado sobre la posibilidad de anunciar en breve un nuevo ajuste en los haberes de los pasivos, indicó que "tenemos una ley de Movilidad Jubilatoria, y ésto no era el último paso que íbamos a dar" durante el 2008.
"Un sistema que tiene más recursos puede pensar en tomar más medidas", indicó el funcionario, al tiempo que sostuvo que mantendrá el objetivo de "cuidar muy fuertemente el superávit del sistema" previsional.
En los cálculos que hace el Gobierno, 300 mil personas recibirían por el traspaso al régimen público un 31% de aumento en sus asignaciones. Como señaló ayer este diario, el monto de aumento para el resto de los jubilados no está todavía definido pero se concedería antes de que empiece a regir la movilidad jubilatoria que se aplicará desde el 1° de enero.
Por otra parte, según Boudou, "la presidenta (Cristina Fernández) tiene como objetivo fomentar el mercado interno y vamos a seguir" con la promoción de fideicomisos destinados al consumo de la población.
De esta manera, salió al cruce de una de las críticas que se hacen al proyecto de estatización en el sentido de que secaría el mercado de capitales. El titular de la ANSeS insistió que para la administración kirchnerista "es muy importante el funcionamiento del mercado interno y el crédito en el país".
Atento a la decisión de estatizar las AFJP, Boudou consignó que "el Estado no debe tomar decisiones empresariales" dentro del mercado previsional y afirmó que desde el Gobierno está tomada la decisión para que "no haya más inversiones en el exterior", tal como ahora presentan las AFJP.
"No puede ser que los empresarios nacionales peregrinen y obtengan créditos a tasas muy altas, y que un diez por ciento del sistema de Jubilaciones y Pensiones estén invertidos en el exterior. Rápidamente lo vamos a revertir", expresó. Boudou ratificó que Sergio Chodos, ex secretario de Financiamiento, será quien quede a cargo de la Superintendencia de AFJP. Señaló que el funcionario tendrá que "aumentar el nivel de control sobre las operaciones (de las AFJP) mientras se trata la ley en el Congreso".
Respecto a la situación de los 10.000 empleados de las administradoras, Boudou dijo que el tema fue evaluado con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y que el Gobierno garantizará "la totalidad de las fuentes de trabajo".
DURA CRÍTICA DE LOS RURALISTAS
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, cuestionó duramente ayer que la decisión del Gobierno de eliminar el régimen de jubilación privada.
Y sostuvo que "es una instancia muy parecida, yo diría que hasta peor", a la que se vivió con la resolución 125 que impulsaba las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias y que motivó el paro del campo.
"Porque en vez de confiscar la rentabilidad de una serie de productos (como fue la Resolución 125) se ha atentado nuevamente contra la propiedad, contra los ahorros de la población", manifestó.
SE APLICARÁN MECANISMOS PARA TRABAR DESPIDOS Y SUSPENSIONES
Antes de aplicar cualquier medida que afecte el empleo, las empresas deberán solicitar ante el Ministerio de Trabajo o las Secretarías provinciales de Empleo el pedido de apertura del Procedimiento Preventivo. Cualquier suspensión o despido que se haga sin antes pasar por esa instancia de conciliación será declarada sin efecto".
Así se lo anticipó el titular del Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada. De esta forma el Gobierno busca poner un dique de contención frente a las amenazas de despidos y suspensiones que se fueron conociendo en los últimos días entre distintas empresas de todo el país.
En esa línea, el ministro precisó los pasos que deben dar las empresas o los sindicatos para hacer el pedido de una norma que está vigente desde 1991.
El Procedimiento Preventivo de Crisis es una instancia similar a la de la conciliación obligatoria. Se tramita ante el Ministerio de Trabajo a instancias del empleador o del sindicato. Se debe pedir 10 días antes de que se intenten aplicar las suspensiones o despidos por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas que afecten al personal en una proporción que depende del tamaño de la empresa. Más del 15% de trabajadores de empresas de 400 trabajadores. Más del 10% de trabajadores de empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores. Más del 5% de trabajadores de empresas de más de 1.000 trabajadores.
También "de oficio" el Ministerio puede abrir el Procedimiento ante el indicio de que, por una crisis, pueden producirse despidos. Una vez presentada la petición de despidos o suspensiones, dentro de las 48 horas, el Ministerio dará vista a la otra parte y fijará fecha para una primera audiencia dentro de los 5 días citando a las partes. En el caso de no existir acuerdo, se abre un período de negociación con una duración máxima de 10 días. Si las partes arriban, lo presentan en el Ministerio, que dentro de los 10 días podrá homologarlo o rechazarlo mediante resolución fundada.
Hasta que finaliza el Procedimiento Preventivo de Crisis no se permite a las partes tomar ningún tipo de medida. Si el empleador toma alguna medida, los trabajadores mantienen la relación laboral y siguen cobrando los salarios caídos. En ese caso, el Ministerio puede analizar la aplicación de multas y que la empresa deje de percibir el cobro de subsidios estatales. Y si el sindicato adopta medidas de fuerza, puede ser sancionado y los empleadores quedan liberados. Finalizados los plazos previstos sin lograr un acuerdo entre las partes, se dará por concluido el procedimiento y las partes quedarán liberadas.
LA PRESIDENTA VOLVIÓ A DEFENDER PROYECTO DE ESTATIZACIÓN DE SISTEMA JUBILATORIO
La presidenta Cristina Kirchner justificó ayer la decisión de su gobierno de estatizar las jubilaciones y advirtió que, ante la crisis financiera mundial que afecta al país, “ningún sector se salvará a costa de los demás”. Además, dijo que el mercado interno será “el pilar fundamental” para “sostener la actividad económica” y que el Estado interviene para “cuidar la mesa de los argentinos”.
En un formato que inauguró una semana atrás en un periódico de Viedma, la jefa del Estado hizo esas consideraciones en una columna de su autoría publicada ayer por el diario La Mañana, de Formosa. Allí aseveró que “resulta evidente que cuando al mercado nadie lo regula, nadie lo controla y se le deja hacer lo que quiere, se termina en el descalabro financiero en que está sumida la economía mundial”.
“En este contexto internacional es cuando más tenemos que articular los esfuerzos entre el sector público y el privado”, dijo.
La Presidenta afirmó que “el mercado interno resulta un pilar fundamental para sostener el nivel de actividad económica”. También dijo que “la tierra no debe ser un bien de renta sino un bien de trabajo y producción”. Y sentenció: “Hoy, el mundo cruje preso de un capitalismo que descreyó del hombre, del trabajo y del esfuerzo, de la producción y del Estado”, pero “la Argentina se ha parado frente al temporal consciente de que sólo la industria, los servicios y el conocimiento hacen rico a un país”.
“El Estado ha intervenido para cuidar la mesa de los argentinos y lograr precios accesibles, pero también para cuidar al productor”, dijo.
PROMETEN MÁS OBRAS PÚBLICAS EN EL 2009 CON FONDOS DE LA ANSES
En medio de la polémica por el destino de los fondos previsionales que pasarán del sistema de capitalización al Estado, el gobierno de Cristina Kirchner anunciará los próximos días un plan de obras públicas más ambicioso que el que preparaba hace dos semanas: planea invertir 36.100 millones de pesos para todo 2009.
Se trata de un programa para asegurar el sostén de la actividad económica en medio de la crisis financiera global y estaría financiado. Este plan se financiará con la emisión de bonos y letras del Tesoro que compraría la Anses como parte de sus inversiones.
El director ejecutivo de la Anses, Amado Boudou, admitió anteayer que el organismo comprará títulos públicos para financiar obra pública y proyectos de producción que apuntalen el consumo. Sin embargo, aclaró que la Anses disminuirá su inversión en bonos de deuda pública.
El fondo de garantía previsional tiene hoy $ 20.000 millones y pasará a controlar 90.000 millones a partir de que se sancione la ley del traspaso de los fondos de jubilación privada. También Boudou aseguró que no aceptaría una cláusula de intangibilidad de los fondos: prefiere hacer valer la autonomía de la Anses. El organismo sólo puede tener entre sus activos un 65% de títulos públicos, proporción que se reduciría tras el enorme aporte de las actuales AFJP. Una alta fuente confió que el nuevo plan de obras públicas se anunciará dentro de los próximos días.
El proyecto de ley de presupuesto, que tiene media sanción de Diputados y que debe discutir esta semana el Senado, previó para 2009 sólo unos $ 3600 millones. Preveía 4200 millones para 2010 y 4900 millones para 2011. Además, estipulaba un fondo plurianual denominado “resto” de 25.000 millones.
Según confiaron altas fuentes oficiales, el fantasma del desempleo justo en época de elecciones legislativas figura hoy en el primer punto de las preocupaciones políticas del ex presidente Néstor Kirchner, jefe político del PJ. Más que la inflación y el peligro de default.
El plan consistirá en obras públicas de alto impacto en empleo y mano de obra, a corto plazo, de manera de evitar que la recesión incida en las elecciones de 2009: viviendas, pavimentos, cloacas y desagües, entre otras.
Pese a que en el Gobierno lo niegan, el gran salto en el costo del plan se registró luego de que Cristina Kirchner anunció el traspaso sorpresivo de los fondos de las AFJP a la Anses, con lo que se buscó darle al Estado mayor poder de financiamiento.
El jefe de Gabinete, Sergio Massa, aseguró que “con los fondos de las jubilaciones privadas no se financiarán obra pública ni deuda”. Y aseguró que sólo se destinará a los jubilados.
CONVOCARÁN A DE ANGELI PARA DEFENDER A JUBILADOS
En respuesta al proyecto estatizador del gobierno, las AFJP salieron en busca de un líder carismático que apuntale la pelea que -al menos un sector- planea dar al kirchnerismo. El primero -y tal vez el único- de la lista es nada menos que Alfredo de Angeli, titular de la Federación Agraria de Entre Ríos y el líder popular del paro agropecuario que derivó en la caída de la Resolución 125, a quien pidieron que se solidarice y los acompañe en una lucha a la que algunas fuentes de las firmas administradoras de fondos de jubilaciones han denominado como una guerra.
Durante los últimos días, De Angeli fue objeto de masivos llamados telefónicos desde la dirigencia de las AFJP. Fue invitado a la marcha que el jueves las gerenciadoras realizaron frente a la Casa Rosada, pero no pudo llegar a Capital.
Sin embargo, mañana se reunirá en Buenos Aires con un grupo de economistas para que le expliquen a fondo la medida que intenta aplicar el gobierno. Luego, prometió que dará su opinión y fijará postura públicamente.
EL GURÚ DE LOS KIRCHNER SE JUNTÓ CON MOYANO Y PIDE BAJAR EL IVA A ALIMENTOS
El empresario y matemático ingles Stephen Wheeler, que está asesorando en temas económicos a los Kirchner, mantuvo el pasado jueves por la tarde un encuentro de algo más de una hora con el secretario General de la CGT, Hugo Moyano, el líder del gremio de Judiciales, Julio Piumato y el titular de la Asociación de Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero.
Wheeler hace llegar sus textos al matrimonio presidencial a través de la agrupación Compromiso K que lideran Rudy Ulloa Igor y el empresario K Damian Barijhoof. Precisamente, su primera aparición pública será en el seminario Kirchnerista que esta agrupación prepara para fines de mes en Mar del Plata.
Según fuentes que estuvieron en el encuentro, la reunión se produjo a pedido del empresario, que tenía interés en conocer al sindicalista. "Fue una charla extensa donde se habló mucho sobre la situación económica mundial y del país", graficaron las fuentes.
El "gurú" alcanzó una serie de escritos en donde revela que la argentina enfrenta ante este delicado escenario internacional una oportunidad histórica. Y además cuestionó el sistema financiero internacional en términos similares a los que viene manifestando la presidenta Cristina Kirchner.
Entre otros puntos, el inglés dio una enfática defensa a la decisión del Gobierno de nacionalizar la jubilación privada. "Las AFJP son parte de esta burbuja, por eso el Estado debe ocupar un lugar fundamental. Ese dinero que estaba en manos de las compañías privadas iba camino a esfumarse", se lo escuchó decir.
Una fuente sindical explicó que según Wheeler, "la Argentina ha crecido producto de que tiene una economía real y no vive en una economía de ficción, donde hay burbujas por todas partes". Y amplió: "Él cree que tenemos que ir a un fuerte proceso de industrialización". Sin embargo, mostró diferencia en un tema central que obsesiona al ex presidente Kirchner. Wheeler considera que el superávit fiscal no es fundamental, y hay que utilizarlo para no perder los logros que cosechó la economía. Por eso, expuso que este es el momento de bajar el precio de los alimentos sacando el IVA o subsidiandoa estos productos.
UN FINAL DE AÑO CON URGENCIAS ECONÓMICAS EN EL PARLAMENTO
El oficialismo parlamentario termina el año con urgencias: busca hacer aprobar en un par de meses al menos seis leyes vinculadas a la economía, en medio del tembladeral financiero del mundo, con la idea de que una señal de fortaleza política -la aprobación urgente de todo lo que pide el Gobierno- contribuirá a tranquilizar al mundo económico.
(El único problema es que no siempre la política logra domesticar a la economía: la ley de intangibilidad de los depósitos en septiembre de 2001, por ejemplo, fue letra muerta en pocos días, cuando llegaron el corralito y la crisis que ese año terminó con el gobierno de Fernando De la Rúa. Pero esa es otra historia).
La más fuerte de las batallas de este fin de 2008 es sin duda la estatización del sistema previsional. Y también la más urgente, porque el imprevisto golpe de timón del Gobierno hizo que la crisis financiera mundial aparezca de lleno en Argentina. Desde lo político, los kirchneristas temen que cuanto más tiempo pase, más difícil será aprobarlo: a cada día se endurecen los opositores y crecen los argumentos contrarios en varios sectores. Aunque esto no es como el caso del campo (en aquel momento los productores lograron más simpatías en la sociedad que los bancos y las AFJP ahora), todos recuerdan que el tratamiento llevó cuatro meses en el Congreso y terminó con una derrota. No quieren verse envueltos en semejante riesgo, que por otro lado se convertiría en una situación muy complicada para el Gobierno. "Se abrirían las puertas de un infierno", como dijo un senador. Y nadie quiere eso.
De allí que a la urgencia le suman la posibilidad de "algunos cambios", que desde la Rosada quisieran que sean sólo maquillaje pero pueden convertirse --por imperio de la necesidad-- en modificaciones un poco más profundas. Por caso: ceder la presidencia de la comisión bicameral que debería controlar los fondos jubilatorios a un opositor, siempre que la mayoría quede en manos del oficialismo, como sucede en la Auditoría General de la Nación. Una forma de limitar al designado, aunque hacia afuera parezca que controla un hombre de la oposición. Otra posibilidad, más profunda y más remota, sería que se agreguen en el proyecto limitaciones exactas para el uso del dinero de los jubilados, con porcentajes de cuánto y cómo invertir, y de hasta cuánto podría prestarle al Estado.
Mientras tanto, sigue con similar urgencia el tratamiento del Presupuesto en el Senado, cuya fecha de votación se adelantó una semana (sería el 5 o 6 de noviembre). El cálculo de gastos y recursos hace como si la crisis internacional no existiera, y el oficialismo no piensa cambiarle ni una sola pauta (aunque los ingresos por exportaciones no sean ni la mitad de lo calculado, por ejemplo, o hable de un dólar a 3,19 cuando el viernes rozó los 3,30). Los retoques se harán a través de los superpoderes, que para eso están.
No son los únicos temas económicos. En breve ingresarán la prórrogas de los impuestos al cheque y a los cigarrillos (que el presupuesto ya da por aprobadas y las computa como ingreso); también la emergencia económica ("'y qué? 'el mundo no está en emergencia acaso?", ironizó un legislador oficialista); y el arreglo que se ofrecerá a los bonistas que quedaron afuera del canje, según les anticipó Cristina Kirchner a sus jefes de bloque de Diputados, Agustín Rossi, y del Senado, Miguel Pichetto.
Todas serán batallas políticas sobre temas económicos. A ellas habrá que sumar la cuestión de Aerolíneas Argentinas, cuyo precio final deberá ser aprobado por el Congreso antes de fin de año. O la expropiación de la compañía, como trascendió esta semana, lo que tensaría otra vez las relaciones con España y provocaría nuevas desconfianzas en el mundo económico. Al parecer, no habrá tranquilidad para el oficialismo hasta fin de año.
UCR SUEÑA CON ACTO MASIVO POR ALFONSÍN
Las telarañas que cubren a la Unión Cívica Radical serán removidas el próximo jueves cuando el centenario partido vuelva a ser protagonista de un acto político masivo después de casi 10 años. El 25 aniversario del regreso de la democracia, y la presencia de Raúl Alfonsín, serán capaces de reunir, según estiman los organizadores, a más de 10 mil correligionarios en el estadio Luna Park, manifestación que contará con la presencia de Julio Cobos.
Los radicales más memoriosos debieron ayer remontarse hasta 1999, cuando una caravana paseó por el Obelisco a la fórmula Fernando de la Rúa-Carlos Álvarez y las banderas rojas y blancas de la UCR flamearon en abundancia, para recordar un acto masivo del radicalismo. Pero el jueves, la Juventud Radical de Juan Nosiglia, con la ayuda de intendentes UCR de la provincia de Buenos Aires, promete colmar las 8 mil butacas del Luna Park y colocar pantallas gigantes sobre la avenida Corrientes para honrar al mítico caudillo que protagonizó el regreso de la democracia el 30 de octubre de 1983.
Si el kirchnerismo no le organiza una sesión del Senado para el mismo jueves, Cobos estará presente en el homenaje a Alfonsín. El vicepresidente debió permanecer en el Congreso para comandar la sesión sobre movilidad jubilatoria cuando Cristina de Kirchner convocó a Alfonsín a Casa Rosada para descubrir un busto en su honor. Pero ahora Cobos podrá darse un baño de masas gracias al aparato de la UCR alfonsinista de la provincia de Buenos Aires, que busca anotarse un punto con el vicepresidente en la carrera política que mantienen Leopoldo Moreau y Federico Storani con Margarita Stolbizer, de la Coalición Cívica, para integrar el armado bonaerense del cobismo.
Además del sector de la UCR sancionada que responde a Cobos, estará la cúpula orgánica del radicalismo, con el senador Gerardo Morales a la cabeza. El titular del comité nacional de la UCR será uno de los principales oradores del encuentro junto a Nosiglia (Jr). y a Alfonsín. No habrá, al menos eso confirmaron ayer los organizadores, micrófono para Cobos, expulsado del partido por haber integrado la fórmula presidencial junto a Cristina de Kirchner.
Pese al recelo de Morales hacia la figura de Cobos, la dirigencia que integra el nuevo partido político del vicepresidente ya habla como si el ex gobernador de Mendoza fuese el jefe de la oposición. El fin de semana, el intendente de Junín, Mario Meoni, reclamó “acompañamiento” para Cobos al considerar que el vicepresidente “es la garantía de freno a cualquier intento de hegemonía” del kirchnerismo.
“Cobos es lo que necesitamos en la Argentina de hoy de los dirigentes políticos. Por eso es imprescindible darle el acompañamiento, porque es la garantía de la estabilidad institucional, de frenar cualquier intento de hegemonía”, sostuvo el intendente al encabezar un acto en el Club Rivadavia.
Cobos y Alfonsín sellaron semanas atrás su reconciliación formal con una visita del mendocino al departamento del ex presidente.
CASO ANTONINI: DECIDEN HOY FALLO
El veredicto final en el juicio que se sigue en Miami a Franklin Durán, acusado de actuar como agente extranjero y conspirar para ocultar el escándalo del valijero Guido Antonini Wilson, podría conocerse hoy después que termine de deliberar el jurado de 12 personas que debe expedirse por unanimidad sobre los cargos.
Los doce miembros titulares y cuatro suplentes que siguieron las ocho semanas de juicio arrancaron el debate interno sobre culpabilidad o inocencia de Durán -el único acusado ya que Moisés Maiónica, Carlos Kauffmann y Rodolfo Wanseele Pacielo ya se habían declarado culpables- el viernes pasado. Ese día deliberaron por dos horas y media hasta que la jueza Joan Lenard decidió darles más tiempo y pasar hasta hoy.
Según la ley estadounidense, el fallo debe ser unánime para los dos delitos que se le imputan a Durán y por los que enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión: conspiración y actuar como agente extranjero sin autorización del gobierno de Estados Unidos.
Los miembros del jurado no tienen límite de tiempo para tomar su decisión, por lo que las discusiones a puertas cerradas pueden prolongarse varios días, teniendo en cuenta, además, la cantidad de pruebas que se presentaron, pero en el juzgado se cree que hoy por la tarde podría haber acuerdo y conocerse la sentencia.
Durán fue el único de los implicados en la causa que se declaró inocente y se negó a colaborar con el FBI en la investigación. El móvil de los dos delitos que se le imputan es, en realidad, un acto ilegal que no se cometió en territorio estadounidense y que nunca la Justicia de ese país podrá juzgar: ocultar el origen y destino de los u$s 800.000 que Antonini Wilson intentó ingresar ilegalmente a Buenos Aires el 4 de agosto de 2007.
Mientras en la Argentina se investiga a Antonini Wilson por ese delito, en Miami el dinero fue atribuido por el propio valijero, la fiscalía federal y el FBI a los aportes de campaña que le giró Hugo Chávez a Cristina de Kirchner. En ese trámite, las grabaciones y los testigos señalan a Claudio Uberti, ex jefe del OCCOVI, renunciado en Buenos Aires en medio del escándalo, como uno de los responsables de la transacción.
En la causa, la fiscalía dio por probado que el dinero que se intentó ingresar en la valija por Aeroparque en agosto de 2007 había salido de las arcas de PDVSA y que estaba destinado a la campaña electoral de Cristina de Kirchner.
OTRO INTENTO POR LA LEY DE MAYORÍA DE EDAD A LOS 18 AÑOS
¿Quién fue el que votó en contra?", dijo abriendo los ojos sobre el recinto la entonces senadora Cristina Kirchner. Le respondió el secretario parlamentario del cuerpo, Juan Estrada. Era el jujeño Guillermo Jenefes, tres hijos, entonces de 45 años, un conservador en las filas del kirchnerismo, el único que se opuso.
Fue en 2005. Cristina era la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Néstor Kirchner el presidente de la Nación y el socialista Rubén Giustiniani el legislador más feliz de ese día porque lograba la primera sanción en la Cámara alta a un proyecto de su autoría. Era la reducción de la mayoría de edad de los 21 a los 18 años. O sea el título pleno y legal de la condición de adulto.
Pero Jenefes no era el único conservador en el Congreso. Muchos más había en la Cámara de Diputados, que suele hacer gala de todo lo contrario. Por eso, pasados los tres períodos parlamentarios sin tratamiento --el plazo fijado por la ley Olmedo para los proyectos que tienen sanción de una de las dos Cámaras--, la ley sucumbió a mitad de la carrera.
Pero Giustiniani, que antes de senador fue diputado, volvió a la carga: y cuando el miércoles pasado parecía que iba a votarse otra vez en el Senado, el presidente del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, pidió un poquito más de paciencia. Una semana, con lo cual el asunto quedó postergado para la próxima sesión.
Ante la ola de delitos graves, hay sobre los jóvenes en la provincia de Buenos Aires --no en el Congreso, al menos por ahora-- la intención de bajar la edad para hacerlos punibles con los mismos castigos de los adultos. Suelen reclamarlo sectores conservadores.
Pueden ir a la cárcel, pero no tomar otras decisiones por sí mismos. Por ahora, cuesta imaginar el impacto de la ley cuando se apruebe: los chicos, a los 18, estarán en condiciones de decidir sobre sus destinos, como casarse, firmar contratos, viajar al exterior y escapar de los trámites permanentes en caso de estudiar dentro del país fuera de los lugares de residencia. Con la normativa vigente, ahora, a los 18 sólo están aptos para ir a la guerra.
LA JUSTICIA PORTEÑA, EN UNA PELEA POLÍTICA DE LA CIUDAD
El juez porteño Roberto Gallardo vuelve a cruzarse en las decisiones del Poder Ejecutivo porteño. El magistrado ordenó al gobierno de Mauricio Macri que restituya en su cargo al ex director interino del Hospital Argerich.
Gallardo dictó una medida cautelar en favor de Donato Spaccavento, ex ministro de Salud de Jorge Telerman. Es público que políticamente, Spaccavento, está alineado en las filas del kirchnerismo. La semana pasada, Spaccavento denunció al Gobierno porteño de "coaccionarlo para renunciar" en su cargo al frente del Argerich.
El médico ginecólogo consideró que "esto obedece más a las denuncias públicas sobre la situación crítica de la salud, más que por mi pertenencia partidaria, incluso podría decir que claramente podría ser por mi posición frente a la privatización de los hospitales".
Lo que parecería ser una medida judicial-administrativa más, tiene su costado político. Días atrás, Gallardo frenó el desalojo dispuesto por Macri de un asentamiento precario ubicado en el barrio Caballito, y desde la administración porteña existe el convencimiento de que el magistrado actúa "con fines políticos".
PIDEN QUE SE LEVANTE EL CORTE DE RUTAS POR BOTNIA
Estamos aquí para formar una comisión que se encargue de gestionar el levantamiento del corte de la ruta internacional 135", dijo Jorge Novello. El hombre, de unos 75 años, realizó una convocatoria en Gualeguaychú dirigida a todos los que crean llegada la hora de levantar el bloqueo de la Asamblea Ambiental.
Debían reunirse ayer a las cinco de la tarde frente a la laguna del Parque Unzué. Concurrieron unas 50 personas. Muchas de ellas dijeron: "No estamos a favor de Botnia, y alguna vez también estuvimos a favor del corte de ruta. Creemos que sirvió en su momento para llamar la atención del Gobierno. Pero hoy no debe continuar".
La reunión se concretó finalmente a las 18:30 y duró unos diez minutos. Lo central del encuentro fueron en realidad los diálogos previos entre los asistentes. "Vamos a formar un grupo e iniciar gestiones", dijo Novello detrás del micrófono. El grupo de llamará "Movimiento Pro Liberación de la ruta 136. "Si la Asamblea no fuera tan cerrada podría ir a hablar con ella. Pero por ahora iremos a las autoridades", informó el convocante.
"La actividad de los despachantes de Aduana ha disminuido en un setenta por ciento, al igual que los puestos de trabajo en esta rama", aseguró Federico Casenave, empleado en Gualeguaychú del estudio aduanero de Jaime Benedetti, diputado provincial que también estuvo ayer en la convocatoria.
Novello fue señalado por algunos asambleístas de concurrir asiduamente a la planta de Botnia o tener intereses laborales o comerciales allí.
"Es mentira, mi hermano es jubilado. Tenemos amigos en Uruguay, admiración por su gente y hemos desarrollado muchas actividades en la vida junto con ellos", aclaró su hermana, Susana Novello de Mettler, ex decana de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Gualeguaychú.
Para Daniela Goethe, joven mamá que tenía a su pequeña hija en brazos, el tema de la reunión de ayer no es sí o no a Botnia: "Yo estoy en contra de la contaminación, quiero un ambiente sano para mis hijos y no defiendo a Botnia. Pero estoy acá porque creo que todos tenemos derechos a transitar libremente y este corte de ruta ya no tiene razón de ser. Estamos separando familias y pueblos con él".
Para Mary la situación es más grave: "Soy propietaria de una estación de servicio sobre la ruta 136. Desde hace dos años, apenas nos mantenemos con clientes chacareros. Cuatro empleados se retiraron, siguen otros cuatro más, pero apenas nos alcanza para pagarles, sin que los socios saquemos nada de la caja para nosotros".
LAS AFJP VUELVEN A OPERAR HOY EN LA BOLSA
Las diez administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) podrán volver a operar hoy normalmente luego del levantamiento de la prohibición que les había impuesto la semana pasada el juez federal Claudio Bonadio.
De esta manera, las empresas del sector podrán realizar operaciones financieras, bursátiles, bancarias y comerciales. La prohibición había sido dictada el martes pasado tras una denuncia del fiscal Guillermo Marijuan.
El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES) se había basado en la supuesta venta de títulos públicos por parte de las AFJP el lunes, al trascender los anuncios que al día siguiente haría el Gobierno sobre el fin del régimen de capitalización en el sistema jubilatorio.
Esa venta "masiva" de acciones, según Marijuan, fue lo que llevó a una considerable baja en el valor de los bonos del Estado, con el consecuente perjuicio para el Estado, y, por ende, a una caída en el valor nominal de los fondos administrados por las AFJP.
Las empresas que desaparecerán como administradoras de fondos jubilatorios --en caso de aprobar el Congreso la iniciativa oficial-- funcionarán a partir de ahora con un mayor control de parte de la Superintendencia de AFJP.
Es que el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por Bonadio incluyó una intimación a la Superintendencia de AFJPs para que ejerza un mayor control sobre las empresas del sector. Clarín pudo saber que habrá mayores inspectores para esta tarea. El superintendente de AFJP, Carlos Weitz, renunció tras los anuncios, y su tarea fue asumida por la ANSeS.
LAS EMPRESAS RECLAMAN MÁS LIBERTAD PARA OPERAR
A pocas horas de la vuelta a los mercados de las AFJP, los directivos del sector se expresaban ayer con cautela y expectantes de la reunión que los gerentes financieros mantendrán a primera hora de hoy con el nuevo gerente general de la Superintendencia de AFJP, Sergio Chodos.
“No sabemos qué nos quieren pedir, pero nuestra responsabilidad es cuidar los fondos de los afiliados”, coincidieron desde tres administradoras consultadas.
Según explicaron las fuentes, la necesidad de hacer una u otra operación para tratar de preservar el valor de los fondos es algo que se ve en el día a día. Por la responsabilidad fiduciaria existente, podría haber denuncias contra los directores de las administradoras, si se considera que no se actuó en forma correcta para tratar de evitar o moderar pérdidas.
Los responsables de las AFJP sostienen que una cosa es que un juez envíe una orden que impide mover los fondos “eso los cubre eventualmente de no haber operado para morigerar la caída del valor de los activos” y otra cosa diferente “es que un funcionario del Gobierno nos pida algo”, en el sentido de no decidir movimientos de las carteras.
“Más aún en tiempos de crisis, es necesario tener libertad”, agregó una fuente. En el sector insisten en que no hubo el lunes último antes de que el juez decidiera impedirles operar en los mercados e incluso mover sus propios recursos una venta masiva de títulos públicos. Eso es algo que está siendo investigado a pedido del fiscal Guillermo Marijuan por el juez Claudio Bonadío, más allá de que el Estado tiene, a través de la Superintendencia, la posibilidad de controlar a diario las operaciones financieras que se hacen desde las AFJP.
Se estima que la semana pasada hubo una fuerte caída del valor cuota del fondo jubilatorio. Sólo en la primera quincena de octubre, el stock de recursos bajó un 8,7 por ciento. Las administradoras no tuvieron operaciones en cuatro de los cinco días hábiles de la semana pasada, pero eso no quiere decir que el fondo no haya continuado cayendo, ya que se deterioró el valor de los activos que están en las carteras.
MERCOSUR: PEDIRÁN MÁS PROTECCIONISMO
El Gobierno argentino insistirá hoy en Brasilia con la idea de que el Mercosur debe adoptar medidas proteccionistas ante la crisis financiera internacional. En concreto, pedirá que se aumente el arancel externo extrazona para los productos más afectados por las importaciones.
El planteo se hará en la reunión de ministros de Mercosur que se realizará hoy en la capital brasilera, con la pesadez del calor tropical como telón de fondo. Argentina tendrá que dar una fuerte batalla para lograr que su propuesta sea aceptada. Es que el anfitrión y principal socio comercial ya anticipó que no comparte esta idea.
Hace dos semanas, el ministro de Hacienda de Lula, Guido Mantega, declaró que "este no es momento de proteger" la producción regional de eventuales inundaciones de artículos asiáticos. Al día siguiente, la presidenta Cristina Fernández estableció trabas para la importación de 150 productos venidos desde Brasil y China.
En la comitiva argentina -que estará encabezada por el canciller Jorge Taiana y el ministro de Economía, Carlos Fernández- juran que la decisión de Cristina no creó conflictos con Brasil. Los funcionarios argentinos no le dan demasiado crédito a las palabras de Mantega y creen que hay margen para acordar una suba de aranceles. Por la propia conformación del Mercosur, la política de aranceles externos debe ser consensuada entre todos los socios.
"Las de Mantega fueron frases dichas para la prensa. Oficialmente no se han pronunciado sobre ese tema", señaló una fuente del Gobierno. Y recordó que, hace un tiempo, los propios brasileros pugnaban por subir la protección al ingreso de vinos y lácteos desde países extrazona.
"Nosotros no vamos a plantear una suba generalizada de aranceles. Lo que proponemos es un relevamiento minucioso por sectores para determinar en cuáles nos conviene, a todos los socios, incrementar la protección en los casos en que la producción local se vea amenazada por importaciones masivas", apuntó el funcionario.
En cuanto a la relación bilateral con Brasil, la intención argentina es avanzar con la aplicación de los mecanismos de adaptación competitiva. Se trata de un acuerdo al que los dos países llegaron en 2005, que prevé medidas específicas de protección -a través de la aplicación de salvaguardas y cupos- en caso de que se produzcan desequilibrios que afecten a uno de los socios. Hasta esta crisis, ese acuerdo estaba en el freezer.
PROMETE HOY MORENO MASIVA COMPRA ESTATAL DE LÁCTEOS
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, explicaría finalmente hoy cómo será la prometida compra que hará el Estado del stock excedente de productos lácteos que no pudieron ser exportados y actualmente tiene en su poder el sector industrial.
El acuerdo lácteo firmado el lunes pasado por una estrecha porción de actores de la industria y la producción de leche incluyó esta suerte de compromiso oficial. Se espera que esta intervención oficial alivie un problema que, en rigor, surgió a causa de las trabas a la exportación que impuso el propio gobierno, con frenos a los envíos de queso y leche en polvo.
Aun así, no quedó claro en dicho pacto -que fijó un valor de $ 1 para el litro de leche a boca de tambo- cuál será la cantidad, el precio, las empresas beneficiadas y el destino de los lácteos que adquirirá la Nación.
Se espera que estas cuestiones sean develadas al menos en parte hoy por Moreno, cuando a las 19.30 reciba en su despacho a los propietarios de pequeñas y medianas empresas lácteas, agrupados en la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel).
La reunión no será del todo abierta, ya que Moreno sólo recibiría a un grupo de dirigentes PyMEs de Córdoba, Santa Fe y La Pampa. El resto no será bienvenido, especialmente luego del escrache con huevazos y tomatazos al que fue sometido el secretario de Comercio Interior el jueves pasado en Villa María, Córdoba -una de las principales cuencas lecheras del país en el encuentro que fue gestionado por el intendente local Eduardo Accastello.
IRÁN A LA JUSTICIA PARA QUE HAYA CLASES
Cansados de los días de clases perdidos en el año por paros docentes, un grupo de padres recurrirá hoy a la Justicia para reclamar que se garantice el derecho a la educación de sus hijos.
La acción de amparo será presentada hoy al mediodía en la Cámara de Apelaciones del Trabajo por un grupo de familias con hijos en escuelas públicas de la ciudad, frente al paro convocado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), una de las entidades gremiales que se negó a firmar el viernes último el acuerdo salarial con el gobierno porteño.
“Nos preocupa la situación por el paro docente, pero no queremos meternos en el conflicto. Lo que nos interesa es que se garantice el derecho constitucional de aprender, reconocido por los artículos 5 y 14 de la Constitución Nacional”, explicó el doctor Federico Caparrós Bosch, representante de unas diez familias que envían a sus hijos a escuelas públicas.
El abogado pedirá que se ordene la suspensión de las medidas de fuerza para evitar que sigan los paros en las escuelas programados para esta semana.
El paro de dos días que la UTE comenzará mañana se sumará a las nueve jornadas de clases perdidas desde julio último a raíz del conflicto docente que aún se mantiene en las escuelas estatales porteñas. Por el contrario, no se perdieron días de clases en los colegios privados.
Caparrós Bosch explicó que la acción de amparo se justifica cuando “no existe un remedio judicial más idóneo”, como lo prescribe la Constitución Nacional en su artículo 43. Consideró que “más allá del reclamo salarial de los gremios, hay un interés afectado y es el derecho de los chicos a aprender”.
“Pareciera que se trata de un derecho que se puede relegar sin plazos frente a otros intereses. No hay derechos absolutos. La Justicia deberá evaluar y analizar la situación con criterios de razonabilidad”, señaló.
IMPUTABILIDAD DE LOS MENORES: PROYECTOS DE LEY QUE NO SE TRATAN
Alarmados por el violento asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea, en Acassuso, diputados y senadores nacionales creen que ha llegado la hora de hacer cambios de fondo en la ley respecto de los adolescentes que delinquen.
El problema es, al menos para el oficialismo, no contar por el momento con la correspondiente señal de la Casa Rosada para avanzar en el tema.
En el Congreso esperan tratamiento, desde hace meses, una quincena de propuestas legislativas que buscan bajar la edad de imputabilidad de los menores, como propuso la semana pasada el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y reiteró ayer su ministro de Justicia, Ricardo Casal.
“Es hora de que el Congreso debata de una vez por todas si los menores de entre 14 y 16 años, para ciertos delitos graves, tienen o no responsabilidad penal”, sostuvo Casal.
“Este es el momento de hacer cambios, pero no está entre las prioridades inmediatas del gobierno nacional”, afirmó una fuente kirchnerista en el Congreso, al tiempo que las bolsas del mundo volvían a caer y se elevaban la cotización del dólar y el riesgo país en la city porteña.
Dormidos en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que encabeza Nora César (FPV-Buenos Aires) proyectos de todos los bloques l
