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Morales condena proyecto de Scioli que baja la edad de imputabilidad de los menores

El titular de la UCR, Gerardo Morales, criticó hoy la decisión del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, de presentar un proyecto para reducir la edad de imputabilidad de los menores para los delitos graves, y lamentó que "lo único que se les ocurra" a las autoridades sea una medida así para enfrentar la inseguridad.
El senador radical extendió sus críticas al Gobierno nacional, al asegurar que "el kirchnerismo cajoneó" un proyecto de su autoría que presentó hace varios años sobre el Régimen Legal de Personas Menores Infractores a la Ley Penal.

Morales cuestionó duramente la propuesta que anunció ayer Scioli, un día después del crimen del ingeniero Ricardo Barrenechea, de 46 años, a manos de delincuentes que entraron a su casa de Acasusso, partido de San Isidro.
"Frente a un caso de extremo dolor como el de San Isidro, lamentamos que lo único que se les ocurra es bajar la edad de imputabilidad", advirtió el jefe del radicalismo.

En un comunicado, el legislador recordó que en la Cámara alta "hemos desarrollado un profundo e interesante trabajo sobre un nuevo régimen penal para menores y conseguimos un amplio consenso, también con Diputados, entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, consultando a especialistas de gran trayectoria".

"Sin embargo, el ministro de Justicia creó por resolución una comisión que solo logró demorar la sanción de una legislación de fondo que está a las claras su necesidad para la sociedad", se quejó.

Morales añadió que "la acción del Gobierno no sólo ha desconocido abiertamente el trabajo del Parlamento, sino que consiguió que se cajoneara el proyecto y siga vigente la vieja ley 22.278 creada por la dictadura. Es decir, cuanto peor mejor para kirchnerismo".

El senador insistió en la necesidad de "alcanzar cuanto antes un régimen penal adecuado a la responsabilidad particular de los menores de edad, ya que nuestro país cuenta con una legislación que, lamentablemente, permite mantener en instituciones especiales a quienes cometieron delitos aún cuando no se haya sustanciado el debido proceso".

A juicio de Morales, con esto "se los iguala con aquellos que no cometieron delitos, pero por situación de indigencia son ingresados a los mismos institutos".

"Esto es lo que se denomina judicialización de la pobreza, que es lo que debemos superar con una propuesta de protección integral acorde a lo normado por la Constitución Nacional y la Convención Internacional de los Derechos del Niño", concluyó.

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