La jornada se desarrolló con todo tipo de rumores, con fuerte caída en los valores bursátiles y de la paridad de los títulos públicos, con una suba del riesgo país que superó los 2.000 puntos básicos y con el costo del seguro de default por encima del 36 por ciento.
La iniciativa oficial mereció críticas desde todo el arco opositor y de parte de la comunidad de negocios mientras que fue apoyada sólo por el oficialismo.
El administrador nacional de la Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, aseguró que el organismo "va a tener que redactar un nuevo reglamento de fondo" porque "en algún sentido" el límite de fondos que pueda prestar al Estado tendrán que "bajarlo".
En lo que va del año, el gobierno le obligó a la ANSES a tomar deuda por 4.650 millones de pesos, con el objetivo de atender un mayor gasto público.
Señaló que "va a haber limitación" para préstamos al Estado y que los 15 mil millones de pesos que se trasladarán desde las AFJP hacia la ANSeS se utilizarán en parte para realizar un Fondo de Garantía "y se verá qué inversiones y qué activos va a ir aplicando".
Además, reconoció como "válida" la sospecha sobre la utilización que se le dará al dinero "porque existe una historia" con otros gobiernos "de manotear fondos de jubilados cuando había algún problema".
Por su parte, el presidente de la Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP), Sebastián Palla, aseguró que la entidad recurrirá a "todas las acciones que sean necesarias para proteger a los afiliados", y remarcó que "eso incluirá todo lo que tenga que incluir".
Asimismo, alertó que con la decisión presidencial de traspasar los fondos del régimen de capitalización al sistema de reparto, "desaparece el mayor inversor institucional de la Argentina".
"Y la desaparición del mayor inversor institucional de la Argentina claramente tendrá un impacto devastador sobre el mercado de capitales", aseguró Palla.
De todos modos, el ejecutivo sostuvo: "No sé si es la Justicia o cuál otro camino, pero vamos a tomar todas las acciones que sean necesarias para proteger el mejor interés de los afiliados, y eso incluirá todo lo que tenga que incluir".
En tanto, la Unión Cívica Radical (UCR) rectificó su posición inicial de apoyo a la iniciativa anunciada ayer, y aseguró que después de haber leído el texto del proyecto decidió en cambio rechazarlo por considerarlo "un disparate".
El titular del bloque de diputados de la UCR, Oscar Aguad, se encargó de desarmar esa esperanza al indicar que el proyecto, "tal como está redactado", significa "apoderarse del recurso de los jubilados a los efectos de financiar la fragilidad fiscal que tiene este Gobierno".
