Los cambios deberían hacerse por ley. Así, los fondos de los trabajadores pasarían al Estado y la ANSeS se encargaría del pago de las jubilaciones, con las actualizaciones o movilidad del régimen público.
La razón que esgrime el Gobierno para cambiar drásticamente el sistema jubilatorio privado es la caída de los activos financieros que conforman los fondos de las AFJP, por la crisis que azota los mercados de todo el mundo.