El articulo segundo de la norma expresa que la Suprema Corte "deberá adoptar los recaudos necesarios para la conformación de la base de datos, la confidencialidad de sus informes y el sistema de recuperación y análisis de la información judicial".
Los datos recogidos en este Banco serán secretos y solamente estarán disponibles para el Ministerio Público (fiscalías) y magistrados intervinientes.
Paralelamente, por esta ley se crea el Registro de Condenados por delitos contra la integridad sexual, que dependerá del Ministerio de Justicia bonaerense.
En este Registro quedará asentada la identidad de los condenados por este tipo de delitos, así como sus datos personales, y será la cartera de Justicia la que reglamentará el acceso a esta información, "respetando los principios de interés legítimo" consagrados en la Constitución provincial.
Finalmente, la norma señala que todos los jueces bonaerenses que dicten condenas por delitos sexuales están obligados a enviar al Registro una copia autenticada de la sentencia.
