La magistrada sostuvo en su resolución que la presentación judicial "se sustenta sobre bases 'prima facie' verosímiles" y que el objetivo es garantizar el interés público "frente a los graves perjuicios que puede provocar la omisión" de los informes de la Auditoria General, presidida por Leandro Despouy.
Un grupo de cinco diputados del partido de Elisa Carrió, encabezados por el presidente del bloque, Adrián Pérez, reclamó que no se aprobaran los balances en virtud de que "según información proveniente de fuentes vinculadas a la negociación, la empresa Aerolíneas Argentinas S.A., al 31/12/07, habría registrado una pérdida neta de alrededor de $ 480 millones, pérdidas acumuladas por $ 1.000 millones, patrimonio neto negativo de $ 81 millones y un déficit de capital de trabajo de $ 900 millones, lo que pondría a la empresa en estado de disolución".
En ese marco, los legisladores también habían enviado una carta documento a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Planificación, Julio De Vido, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y al gerente general de Aerolíneas, Julio Alak, para que no se aprueben los balances. La jueza dispuso la medida hasta que se cumple con la ley 26.412 de rescate de Aerolíneas y Austral, aprobada por el Congreso a principio de setiembre, que dispone la intervención de la Auditoría General de la Nación para "la evaluación y el control de la correcta instrumentación" de la venta de las empresas.
