Las multas previstas oscilarán entre diez y mil sueldos básicos de la categoría ingresante del Agrupamiento Administrativo (Ley 10.430), sanciones pecuniarias que van de 13.000 a 1.300.000 pesos aproximadamente, mientras en el caso de reincidencia se determinará la clausura definitiva del establecimiento.
En los fundamentos de la iniciativa Prunotto sostuvo que "lamentablemente se han dado casos, incluso con notoriedad en medios de difusión masiva, donde algunos establecimientos indican, irresponsablemente, cómo sortear los controles que desarrolla la Policía en conjunto con los municipios, así ocurrió últimamente en el distrito de San Miguel".
"Lo llamativo -continuó la legisladora- es observar en noticieros nacionales que deliberadamente se proyectan mapas para que los clientes puedan evadir esos controles, poniendo en riesgo la vida de miles de jóvenes, mucho más teniendo en cuenta los altos índices de mortalidad producto de accidentes automovilísticos y de peleas callejeras".
Finalmente, calificó esas maniobras como "una irresponsabilidad y una falta grave que este proyecto de ley pretende reparar, creando las herramientas necesarias desde la legislación provincial, para que el Estado cumpla el rol de controlar los mencionados excesos".
