La Cámara Electoral Nacional entiende, al rechazar el recurso de Patti, que "no es una sanción contra el legislador, como lo es la expulsión. Es una medida precautoria de carácter político que no tiene efectos en sede judicial, sino sólo para permitir que se tomen medidas sobre la persona del acusado".
Patti alegó ante la Cámara Electoral que la medida dispuesta en su contra era inconstitucional por no habérsele dado la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa.
La Cámara de Diputados impidió que Patti pudiera jurar como legislador por estar vinculado con casos delictivos de lesa humanidad, uno de los cuales aún está en sustanciación.
El tribunal de alzada interpreta -con la firma de los jueces Rodolfo Munne, de Santiago Corcuera y de Alberto Dalla- que el desafuero de Patti "no es un juicio contra el título ni contra el ciudadano que lo inviste, que merzca el ejercicio de la defensa de derechos parlamentarios o personales, toda vez que no está en juego allí un interés propio".
