Si la presidenta Cristina Kirchner esperaba recibir elogios por parte de la oposición luego de anunciar en la Casa Rosada el pago de la deuda al Club de París por más de US$ 6700 millones, la reacción que logró en los referentes opositores, más allá de algunas sorpresas, fue la opuesta.
Dirigentes del radicalismo, de la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, de Pro de Mauricio Macri y de la izquierda en todas sus vertientes criticaron aspectos de la medida, aunque lo hicieron por diferentes motivos.
Mientras desde la centroderecha, la CC y la UCR se definió al pago como "tardío" y se alertó sobre la eventual debilidad económica que provocaría la disminución de las reservas del Banco Central, la izquierda fustigó al Gobierno por privilegiar "intereses externos y volver a postergar la distribución de la riqueza". "El pago se hizo tarde y mal y no forma parte de un plan de reestructuración financiera seria", afirmó la coalición de Carrió mediante un comunicado. "Hacerlo de esta forma, lejos de ser un signo de fortaleza, muestra la debilidad del Gobierno, que termina pagando de contado y con reservas del Banco Central", afirmó la mesa que preside Carrió.
Para el senador y titular de la UCR, Gerardo Morales (UCR-Jujuy), dijo que "el tema debe debatirse en el Congreso, como indica la Constitución Nacional. Se resolvió el tema de la peor manera". Morales se permitió elogiar la medida, "porque como país debemos honrar nuestras deudas", aunque estimó que "habría que buscar la manera más conveniente para la economía nacional y no salir de golpe a pagar todo".
Desde la centroderecha llegaron elogios y críticas en proporciones similares. Según Federico Pinedo (Capital), titular del bloque Pro en la Cámara baja, "pagar la deuda es una buena noticia. Hacerlo con reservas es una mala noticia". Su compañero de bancada, Julián Obiglio (Capital), celebró "que el Gobierno actúe en forma civilizada y haya decidido poner en orden la deuda con el Club de París. Pero es grave la forma en que lo hace: en vez de comprometer reservas debería haber buscado un acuerdo de refinanciación a largo plazo y con tasas bajas".
El ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, fustigó el anuncio. "Un gobierno sensato hubiera cerrado el tema mucho antes, cuando se hizo el pago al FMI; hubiera refinanciado la deuda a 20 años y a un costo bajísimo. Un gobierno insensato espera que el agua lo desborde y paga con reservas", ironizó.
En las antípodas, el diputado Francisco de Narváez (Unidad Celeste y Blanca-Buenos Aires) se permitió felicitar a la Presidenta por el anuncio y estimó que "pagar las deudas es el primer paso para que nuestro país vuelva a ser confiable, previsible y respetado. Esta decisión permite volver al mercado de capitales del mundo".
Los referentes de la izquierda, en cambio, no ahorraron cuestionamientos. "Es sorprendente que una vez más el Gobierno deje de lado la defensa de los intereses nacionales; no hay un plan serio de prioridades. Con esa suma se podría acabar con la indigencia o reconstruir a nuevo el sistema ferroviario y la flota marítima", afirmó el ex candidato presidencial, Fernando Solanas (Proyecto Sur). Para el titular del bloque Solidaridad e Igualdad (SI), Eduardo Macaluse (Buenos Aires), la Presidenta "premió a los especuladores pagando una deuda que es ilegítima. Este es otro aporte a la distribución de la riqueza", dijo el ex arista en tono mordaz.
Para el dirigente del Partido Obrero, Jorge Altamira, "el pago al Club del París sólo será el primer peaje. Enseguida vendrá el arreglo con los bonistas; luego, la liberación de tarifas y, finalmente, la renegociación de la deuda indexada". En tanto, Vilma Ripoll (MST) dijo que "el Gobierno demostró para quién gobierna: les niega aumentos a los docentes y estatales, pero le paga a la oligarquía financiera". De manera sorpresiva, se sumó a las críticas el líder K de Libres del Sur, Humberto Tumini, para quien el pago es "contrario a una economía fuerte y soberana".
MASSA: "HUBO DIPLOMACIA CON MERKEL, SARKOZY, ZAPATERO Y BERLUSCONI"
Hubo "diplomacia directa" de Cristina con la canciller de Alemania, Angela Merkel, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, el jefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el titular del Consejo de Ministros de Italia, Silvio Berlusconi. También participó el secretario adjunto para Latinoamérica del Departamento de Estado de EE.UU., Thomas Shannon.
Así lo reveló un exultante Sergio Massa, minutos después del anuncio presidencial y poco antes de que los bonos entraran en un sube y baja. El jefe de Gabinete no quiso dar detalles de las conversaciones mantenidas con los mandatarios de los países acreedores.
Sin embargo, por tratarse de un pago al contado y una parte por anticipado (unos US$ 2.000 millones), se descuenta que los jefes de Estado europeos se enteraron de la decisión argentina antes que Cristina hiciera el anuncio en la Casa de Gobierno. Y que se habría conversado sobre los eventuales créditos que podrían desembolsar en el futuro los países europeos ahora que la deuda se redujo a cero.
Massa detalló que de los US$ 6.700 millones, el 70% es deuda vencida y el resto deuda a vencer. Por eso, "ahora habrá una negociación con el Club de París y países acredores con relación a los punitorios y los intereses que se deben dejar de pagar por cancelar en forma anticipada la deuda aún no vencida. Así, el pago final podría ser un poco menor a los US$ 6.700 millones".
El jefe de Gabinete aclaró que la deuda reprogramada con España el año pasado por US$ 982,5 millones no integra este paquete. Y explicó asi las razones del Gobierno para tomar la decisión de cancelar la deuda: Para proseguir con el desendeudamiento con los organismos multilaterales y acreedores oficiales. Tras la cancelación de la deuda con el FMI y ahora con el Club de París, queda una deuda del orden de los US$ 14.000 millones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Rompe el circulo vicioso de las continuas reestructuraciones que se hicieron con el Club de París de 1983 en adelante. Abre el acceso al crédito para el Gobierno y las empresas argentinas. No afecta la relación entre las reservas del Banco Central y la base monetaria. "Estamos utilizando menos de la mitad de las reservas de libre disponibilidad", agregó.
Massa adelantó que hoy habrá una reunión del ministro de Economía, Carlos Fernández, con el titular del Banco Central, Martín Redrado, para definir cómo documentará el Gobierno la deuda **que asume con el BCRA. Y dejó abierta la posibilidad de que en lugar de una Letra con vencimiento 2016, como se hizo cuando se pagó al FMI, se coloque algún bono.
BUSCAN CÓMO ELUDIR LEY QUE IMPIDE PAGO
La decisión de utilizar reservas para el pago al Club de París dejó picando algunos interrogantes que excedieron el análisis económico para pasar a terreno jurídico. Según el gobierno, alcanzaría con la modificación efectuada a la Ley de Convertibilidad en 2005 para realizar la cancelación de la deuda con el FMI (fueron u$s 9.810 millones). Sin embargo, ya surgieron algunos cuestionamientos a esta interpretación.
Los artículos que se modificaron de la Ley 23.928 ( Convertibilidad) fueron el 4°, el 5° y el 6°. En resumen, el nuevo texto permitió al Banco Central aplicar las reservas que excedieran el 100% de la base monetaria “al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales”. Estos cambios se realizaron con un decreto, siendo luego ratificados por ley.
¿Puede considerarse al Club de París un organismo financiero internacional? En su página Web se señala que se trata de un “grupo informal”, cuya finalidad es “permitir a acreedores oficiales la coordinación de una solución para países deudores que enfrenten dificultades de pago”. Y para que no queden dudas agrega que se puede describir como una “no institución”.
Por lo tanto, sólo una interpretación demasiado caprichosa podría inferir que se trata de un “organismo financiero internacional”, que es el único caso en el cual se autoriza el pago de reservas.
La deuda con el Club de París es, en realidad, un paraguas que incluye unos 188 créditos bilaterales en default desde 2001 contraídos con bancos y organismos de Alemania, Estados-Unidos, Francia y otra decena de países.
Se abren, a partir de aquí, distintas alternativas. El gobierno puede realizar su propia interpretación y pagar con reservas, pero sin modificar la ley. El peligro es quedar expuesto a futuras demandas. La otra alternativa es más segura desde el punto de vista jurídico y consistiría en modificar el artículo-6° para que estos recursos del Central también puedan aplicarse a la cancelación de préstamos bilaterales.
Más allá de estas cuestiones legales, desde el punto de vista económico existen recursos de sobra para hacer frente al pago. Las reservas actuales llegan a u$s 47.000 millones y la base monetaria (expresada en dólares) es de u$s 32.400 millones. Por lo tanto, de la diferencia entre ambas variables surgen las reservas de «libre disponibilidad», equivalentes a u$s 14.600 millones, más del doble de lo que se aplicaría para cancelar la deuda con el Club de París.
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GOBERNADORES APOYAN, PERO CON CAUTELA
A pesar del respaldo abierto y explícito que los gobernadores oficialistas dieron ayer al anuncio de la cancelación de la deuda con el Club de París, por lo bajo varios mandatarios se mostraron cautelosos a la hora de analizar el impacto que la medida tendrá en las finanzas provinciales.
El cuadro remite a cierto escepticismo sobre si la importancia de desendeudarse en el plano nacional puede borrar ciertas urgencias financieras que hoy enfrenta la masa de los distritos, sin distinciones.
Es, en verdad, más de lo mismo. Por un lado, el Estado exhibe su capacidad para hacer frente con reservas a la cancelación del compromiso con ese organismo y mantiene su carácter de solvencia fiscal, mientras las provincias hacen malabares para pagar salarios y dar continuidad a la obra pública. Por el otro, se sigue postergando la discusión de una nueva ley de coparticipación que haga más justa la distribución de los ingresos y otorgue al interior una mayor tajada de los impuestos que hoy no se coparticipan.
Las provincias pierden posiciones frente a la Nación por donde se lo mire, enfrentando además problemas derivados de la creciente inflación que los obliga también a hacer ajustes.
“Es una buena medida que le hace bien a la imagen del gobierno, pero a las provincias no nos resuelve el problema de caja”, analizó ayer en la Casa Rosada un ministro de Economía de una de las tres provincias más influyentes en el plano nacional.
Sin embargo, el acuerdo con el Club de París desempolva ciertos fantasmas vinculados con la posibilidad de nuevas inversiones. En este sentido, ayer varios gobernadores coincidieron en la importancia que tendrá el anuncio para la captación de futuras inversiones extranjeras, que hasta ayer condicionaban su apoyo argumentando la incertidumbre del mercado frente a ese compromiso incumplido.
Así las cosas, no faltaron voces que elogiaron la medida. Entre ellas se contaron las del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, del de Entre Ríos, Sergio Urribarri, del cordobés Juan Schiaretti, del chaqueño Jorge Capitanich, y del mendocino Celso Jaque, entre otros.
“Ya nadie puede dudar el rumbo de la Argentina con un capitalismo maduro e inclusión social para todos”, afirmó Scioli y manifestó que esta decisión presidencial “no es una medida aislada, está dentro de la coherencia de un modelo que inició Néstor Kirchner en 2003 y que yo acompañé con compromiso el desendeudamiento económico cuando se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional”.
Por su parte, Urribarri, afirmó que la decisión presidencial de cancelar la deuda es “la mejor señal para nuestro país y el mundo”. “Lo dijimos los otros días con la Presidente cuando inauguramos la obra de interconexión eléctrica en Paranacito: cuando uno está parado sobre la obra prometida se terminan todos los comentarios y la manipulación de la opinión pública y los mercados”, agregó.
A su turno, el mendocino Jaque felicitó a la Presidente por “la importante decisión adoptada que inserta definitivamente al país en el contexto internacional”. Mientras que el cordobés Schiaretti fue más allá del elogio y explicó que en la provincia “permitirá avanzar en conversaciones iniciadas con el gobierno de España en materia de financiamiento”.
ÁMBITO FINANCIERO, PÁGINA 6
EE.UU. DIO UN FUERTE RESPALDO Y PIDIÓ POR LA DEUDA PENDIENTE
En cuatro párrafos de un comunicado fechado ayer en Washington, el gobierno de los Estados Unidos dejó en claro su satisfacción por la decisión argentina de cancelar la deuda con el Club de París, al tiempo que pidió que el país normalice las deudas pendientes con sus acreedores.
"Estados Unidos se complace" con el anuncio, expresó el vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack. Después, opinó que esta decisión representaba "un importante primer paso hacia la consolidación del posicionamiento de la República Argentina en los mercados internacionales". Un "importante paso" agregó con el que espera se creen "oportunidades para que instituciones financieras estadounidenses e inversores internacionales reanuden sus operaciones" en la Argentina.
"Al mismo tiempo, esperamos trabajar con el Gobierno de la Argentina a medida que normaliza sus relaciones financieras con todos los acreedores externos y con la comunidad financiera internacional", expresó McCormack con el tono de un formalismo que varias veces se ha escuchado de los funcionarios de Washington. Probablemente también lo haya dicho, la semana pasada, en la Casa Rosada, el subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Thomas Shannon, quien según dijo ayer a Clarín el jefe de Gabinete, Sergio Massa, tuvo participación en la decisión final del Gobierno al igual que los líderes de Alemania, Francia, Italia y España.
Ayer, en la embajada que conduce Earl Anthony Wayne no había euforia pero sí señales de optimismo. No es menor el hecho de que al embajador le toque protagonizar este momento de festejos, después de haber probado los sinsabores del escándalo de la valija del venezolanoamericano Antonini Wilson, que tensó tremendamente el vínculo. Y también por ser uno de los mediadores con su gobierno de los hasta ahora habituales mensajes que daba Argentina: de que la deuda con el Club no era una cuestión a tratar a nivel bilateral con los Estados Unidos, lo que también representaba la negativa local a involucrar al FMI.
La titular del Consejo de las Américas, Susan Segal, y el canciller Jorge Taiana mantuvieron el lunes último una reunión no difundida, en la que avanzaron sobre la agenda de Cristina Kirchner en Nueva York. La Presidenta disertará allí el próximo jueves 25. Y ahora, sin dudas los empresarios querrán oír más sobre la decisión de los Kirchner de saldar la deuda con el Club de París. Con todo, la semana pasada, fuentes del Departamento de Estado anticiparon a Clarín que saldar la deuda con el Club reabriría otras demandas pendientes contra el país, como ante el CIADI.
REDRADO ASEGURA QUE LAS RESERVAS SIGUEN ALTAS
La decisión de la Argentina de cancelar su deuda con el Club de París es parte de una estrategia integral para acceder a los mercados de deuda voluntarios, no sólo para el Gobierno sino también para las empresas. Con esta frase, Martín Redrado explicó a quienes participaron de las Jornadas Monetarias y Bancarias porqué el Banco Central deberá desembolsar 6.706 millones de dólares de las reservas.
"Esta es la mejor contribución que podemos hacer para generar un crecimiento sustentable", dijo en su discurso de clausura del seminario que se realizó ayer y el lunes en el coqueto Palacio Duhau.
Y aclaró que "aun después del pago, la Argentina seguirá manteniendo niveles de reservas robustos en relación con su producto". Ayer, las reservas del Banco Central sumaban 47.083 millones. Después del pago, quedarán en 40.377 millones de dólares.
Redrado buscó también presentar un panorama de tranquilidad en lo que se refiere a la capacidad y voluntad de pago de la Argentina, especialmente para los vencimientos que corresponden al 2009. "El sector público nacional tiene depósitos por más de $ 30.000 millones, financiamiento asegurado en el mercado doméstico, y un escenario fiscal de la misma magnitud", afirmó. Y añadió: "Esto redondea una cifra que supera los vencimientos de deuda, de capital e intereses, del año próximo".
Así, de manera indirecta, el presidente del Banco Central le respondió a quienes en los pasillos del Palacio Duhau se preguntaban cómo el Gobierno había tomado la decisión de cancelar de contado la deuda con el Club de París, cuando todavía no tenía definido cómo hará para pagar los vencimientos de deuda del año que viene. "Nuestro pasado nos condena", había dicho Redrado a ese mismo auditorio el lunes, cuando inauguró las Jornadas Monetarias y Bancarias. Ayer, el presidente del Banco Central usó el final de su discurso de clausura para explicar las ventajas de pagarle al Club de París. "Es una muestra concreta de lo que busca este seminario: una vuelta de página que, sin dudas, constituye un nuevo paso en la integración financiera internacional del país", aseguró.
PAGO DE LA DEUDA CON EL CLUB DE PARIS: PARA LOS EMPRESARIOS, EL PAGO FACILITARÁ EL ACCESO AL CRÉDITO
La Argentina volvió a insertarse en el mundo. Esa fue la sensación compartida por la mayoría de los empresarios y banqueros ayer, tras conocerse la decisión oficial de cancelar la deuda con el Club de París. Con una combinación de sorpresa y alegría, los hombres de negocios coincidieron en respaldar la medida y destacaron que servirá para recuperar la confianza de los mercados acerca de la capacidad de pago de la Argentina.
"Me pareció un anuncio importante y puede sorprender positivamente. Ayudará a insertarse de vuelta en el mundo y a evitar roces con otros países", señaló el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi. El empresario Enrique Pescarmona sostuvo que la decisión oficial constituye "una medida muy importante e impactante", ya que "renueva la confianza en nuestro sistema financiero de pagar en tiempo y forma".
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, destacó que el arreglo le permitirá al país reingresar al mercado de capitales, "a través de organismos de crédito, y poder así solicitar préstamos de largo plazo que se orienten a la modernización de la infraestructura económica y social del país y a las empresas privadas", agrega el texto. Las facilidades en materia de acceso al crédito que se les abren a las empresas argentinas a partir de la medida también fueron señaladas como el dato más destacado por el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),
Osvaldo Cornide. "El anuncio repercutirá favorablemente para el financiamiento público y privado que necesita la Argentina", explicó Cornide. Para el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, la repercusión de la decisión "no es solamente lo que puede implicar en la relación internacional, sino la posibilidad de nuevos financiamientos para futuras obras de infraestructura, entre otras cosas".
La cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), encabezada por Luis Pagani (Arcor) y Paolo Rocca (Techint), se reunió ayer con el ministro de Economía, Carlos Fernández, y tras el encuentro destacó mediante un comunicado que la medida "representa un paso muy positivo" para la obtención de crédito externo. Los directivos de AEA consideraron que "se necesita avanzar en una nueva etapa en la que las inversiones productivas jueguen un papel central", lo que requiere, a su juicio, "suficiente financiamiento de mediano y largo plazo".
Un poco más cauto se mostró el empresario de la salud Julio Fraomen. "Algo que es bueno para el país es bueno para todos los sectores y no se puede decir que tendrá un efecto inmediato, pero es algo positivo", explicó el director de Galeno. Entre los banqueros también fue muy celebrado el anuncio y se aseguró que la medida generará "aire nuevo" para el país. "La decisión asegura la obtención de diversas líneas de crédito exterior para el país y también la obtención de los seguros necesarios para éstos, situación que se dificultaba al mantener la deuda con el organismo", sostuvo el presidente de la Asociación de Bancos de Capital Privado (Adeba), Jorge Brito.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA, extranjeros), Mario Vicens, consideró que la cancelación de la deuda es un paso positivo en el proceso de normalización de las relaciones financieras con el exterior. "La decisión debe ser interpretada como una señal muy favorable para mejorar el clima de negocios e impulsar la inversión, la producción y el empleo en el país", puntualizó Vicens.
En tanto, Carlos Heller, del Banco Credicoop, afirmó que se trata de una decisión "en el sentido correcto", que tiende a "aumentar la capacidad de maniobra y va a generar beneficios a exportadores y empresas que necesiten incorporar bienes de capital importados".
La única objeción que despertó el anuncio de la Presidenta fue que el campo no fue invitado al acto en el que se dio a conocer la medida. "Es una lástima que no haya estado la gente de campo porque era un día importante", señaló Rattazzi.
Por su parte, el presidente de la Unión de AFJP, Sebastián Palla, dijo que "se trata de una muy buena noticia, aunque se podría haber hecho de otra manera, pagando los US$ 4500 millones que ya vencieron y refinanciando el resto".
AEROLÍNEAS: EL OFICIALISMO BUSCA CONVERTIR EN LEY LA REESTATIZACIÓN
El oficialismo en el Senado se apresta a convertir en ley la "reestatización" de Aerolíneas Argentinas y Austral, con el apoyo de algunos opositores --y de gremios del sector--, pero en medio de fuertes críticas de la mayor parte de la oposición: aseguran que la sociedad entera deberá hacerse cargo del pasivo que dejan los privados, unos 890 millones de dólares.
Se trata de la compra del 100% de las acciones de las aerolíneas (la mayoría en manos de la empresa privada española Marsans) por parte del Estado, que ya las está gerenciando por medio de un consejo de transición desde fines de julio. Argentina ya invirtió 309 millones de pesos en la empresa para garantizar que siga volando.
Ayer, el vicepresidente Julio Cobos --titular del Senado-- insistió en que "hay mayoría asegurada" para sancionar la ley esta tarde. Como informó Clarín, el oficialismo recuperaría votos que perdió en la cuestión de las retenciones móviles y sumaría otros hasta superar con holgura los 40 votos. De hecho, cuando se trató en Diputados el proyecto fue apoyado por los radicales "K" y otros sectores.
Para eso fue necesario que el Ejecutivo aceptara cambios profundos en el texto que había enviado al Congreso. Entre ellos, ya no está el artículo que ordenaba volver a privatizar una vez saneada la empresa. Y será el Estado el que fije el precio de la empresa, sin importar cuál sea la valuación que haga la propia compañía. El tema de la valuación estaba en una polémica acta acuerdo que firmó el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, con Marsans. Decía que si no hay coincidencia, un tercero tendría la decisión final e inapelable.
"El acta fue una instancia preparatoria para que la empresa pueda seguir funcionando --dijo ayer el jefe de bloque kirchnerista Miguel Pichetto--, pero queda reformada por esta muy buena ley que vamos a votar". De todos modos el representante de Marsans, Vicente Muñoz, dijo en el Senado que el acta seguirá vigente y que, si no hay coincidencia en el precio y se marcha a la expropiación (algo que todos dan por descontado para la próxima etapa), le hará juicio a Argentina ante el CIADI.
Para los opositores, en cambio, hay una especie de acuerdo oculto entre el kirchnerismo y Marsans: "Hacen el teatro de que están peleados --señaló el radical Gerardo Morales ayer-- pero en realidad quieren que todos los argentinos nos hagamos cargo de la deuda". Es "un gravísimo error", añadió Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), "hacen esta ley para que los españoles se vayan de la Argentina con muchísimo dinero".
Además del oficialista y el de la UCR-CC --que reclama rechazar el acta, expropiar activos y crear una empresa nueva-- habrá otros tres dictámentes: uno del radical K Pablo Verani (muy parecido al oficialista), otro del socialista Rubén Giustiniani (pide hacer una comisión investigadora y expropiar la empresa) y otro del peronista Adolfo Rodríguez Saá que sólo rechaza el proyecto.
MARSANS NO QUIERE MOSTRAR LOS BALANCES
El Estado debería ser cuidadoso frente a algunos comportamientos del grupo Marsans. Los empresarios dijeron que no presentarían los balances auditados del año pasado, hasta que no termine la votación en el Congreso. Sería prudente fijar los alcances jurídicos de estas irregularidades (la fecha límite para presentar los balances venció hace cuatro meses) para utilizar como argumento en caso de que quieran recurrir al Ciadi”.
Con estas palabras, Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación, advirtió ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizadas, que se debería presionar –vía Inspección General de Justicia– para que Marsans transparente sus estados contables lo antes posible. “El Estado no puede posponer ni un segundo los señalamientos de estos incumplimientos. El momento para hablar es ahora”, aseveró Despouy.
En una reunión con la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizadas, Despouy advirtió a los legisladores sobre varias irregularidades cometidas por el grupo Marsans. La primera fue que ya llevan más de cuatro meses de atraso en la presentación formal de sus balances de 2007. Eduardo Muñoz, representante del grupo empresarial, aseveró anteayer que no presentarían dichos documentos hasta tanto no termine todo el proceso legislativo. Ese dato es relevante para la AGN, ya que podría ser utilizado como argumento a favor de la Argentina, en caso de que los españoles quieran acudir al Ciadi, tal como amenazaron hacer.
En un documento borrador presentado por la Auditoría durante su presentación en el Senado, surgió que Aerolíneas y Austral tendrían un patrimonio neto negativo de 102.570.686 pesos y pérdidas netas superiores a los 585 millones de pesos. Fueron datos provisorios, aportados por la gerencia de Finanzas de AA, y elaborados por la consultora Price WaterHouse Cooper. “Vamos a solicitar que la Inspección General de Justicia intime a Marsans para que entregue sus balances”, señaló a este diario el radical Rubén Lanceta, integrante de la Bicameral. Durante la reunión, oficialistas, opositores (UCR, PRO) y peronistas disidentes (Frejuli) estuvieron de acuerdo en la necesidad de armar “una estrategia coherente” para contrarrestar los posibles planteos de Marsans ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi). “Resulta lógico que digan (Marsans) que no venderán, si es que no les gusta el precio que fije el Congreso. Pero no hay que perder de vista que es conocido que el nivel de pasivos es mayor que los activos”, indicó a este diario el diputado Mariano West (FpV). El proyecto de ley que se tratará hoy en el Senado acotó en su articulado los alcances del Acta Acuerdo firmado por la empresa y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. El punto fundamental fue establecer en la ley que el precio se fijará sólo por lo que determine el Tribunal de Tasación y el Congreso, sin la intervención de ningún tasador por parte de Marsans. De no llegar a un acuerdo en el valor de compraventa, los españoles amenazan con realizar juicios contra la Argentina.
NUEVO PASO EN LA MOVILIDAD JUBILATORIA
En un clima de negociaciones adentro y afuera de la bancada oficialista, Diputados se apresta a tratar y aprobar hoy el proyecto que consagra la movilidad previsional. En ese caso pasará luego al Senado.
Anoche no había certezas acerca de que esta ley que concierne a más de 5 millones de jubilados agote en esta jornada su paso por la Cámara y se discutía dentro del bloque del gobierno que dirige Agustín Rossi.
Un punto en cuestión es el modo de determinar la movilidad a partir de los registros del cuestionado INDEC sobre los aumentos salariales a los trabajadores activos. La oposición comparte que en lugar del INDEC se mida por el índice del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Este registro, que determina la Secretaría de Seguridad Social, sólo incluye a los trabajadores registrados.
El oficialismo condiciona los aumentos en función de la recaudación impositiva, parte de la cual se dirige a la ANSeS, que a su vez se nutre de los aportes de los trabajadores activos. El primer paso será en el plenario de comisiones de las 10.30 y el kirchnerismo firmaría el dictamen de mayoría para llevarlo por la tarde al recinto.
LANZARON MEDIDAS PARA PROTEGER A LA INDUSTRIA DE LA COMPETENCIA EXTERNA
La presidenta Cristina Kirchner anunció ayer un puñado de medidas en beneficio de la producción industrial, que incluyen líneas de financiamiento y protección ante el ingreso de importaciones subsidiadas.
Lo hizo al recibir a los empresarios en el marco del Día de la Industria, un acto en el que anunció el pago de la deuda con el Club de París. Por un lado, precisó que para frenar la avalancha de productos importados se pondrá en marcha una reglamentación para "acelerar y acortar los tiempos" para la aplicación de normas antidumping (importación de productos a precios inferiores a su costo real). La medida apunta a los productos importados de China que llegan a valores irrisorios y afectan la rentabilidad de la industria local.
Cristina advirtió que esta protección "tiene que devenir en responsabilidad de los empresarios y no tiene que tener impacto ni en los precios ni en la calidad ni en los tiempos de entrega".
El decreto presidencial acorta los plazos para que los fabricantes locales inicien un reclamo de investigación por importaciones de esos productos, una medida que era reclamada desde hace meses por estos sectores. Así, a los 45 días de la denuncia de dumping arranca la investigación. Según fuentes oficiales, "esto tendrá un impacto inmediato entre los importadores, ya que las medidas se aplican retroactivamente. Esto hace que una vez que comienza la investigación, los importadores se cuiden de ingresar productos a precios bajos. Actualmente hay 42 procesos de investigación sobre sectores textiles, metalmecánicos y químicos, entre otros. De estos el 50% corresponde a importaciones desde China, y el resto se divide en otros países asiáticos, Brasil y la Unión Europea.
Por otro lado, Cristina anticipó que se abrirá una línea de financiamiento de 200 millones de dólares para promover la exportación de productos argentinos a Brasil. "El lunes próximo vamos a firmar con Banco Nacional de Desarrollo en Brasil un acuerdo de 200 millones de dólares para insertar a los productores con ventas no sólo en Brasil, sino en el mundo", indicó. Según trascendió, el financiamiento en realidad se orientará a las empresas brasileras para favorecer la compra de bienes de capital y mercadería argentina. Por último, la Presidenta resaltó la buena performance del sector fabril.
EL CAMPO PRESIONA SOBRE EL COPNGRESO PERO AÚN NO FIJÓ EL DÍA PARA LA MARCHA
Los dirigentes de la Mesa de Enlace se reunirán hoy en Buenos Aires para definir los detalles de su ofensiva sobre el Congreso nacional, donde pretenden reactivar el debate sobre una serie de leyes reclamadas por el sector que, luego del fracaso de las retenciones móviles, han sido "cajoneadas" por el oficialismo kirchnerista. Los ruralistas ya descartaron la realización de una marcha de productores la semana próxima. Pero podrían hacerla después, en caso de que su presión no ofrezca resultados.
Desde el martes 9, grupos de chacareros volverán a rondar por los pasillos del Parlamento en busca de diputados y senadores preocupados por la política para el campo. Pero Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria, descartó que ese mismo día vayan a concretar un acto masivo en la Plaza Congreso, una posibilidad que había sido barajada el sábado, en una asamblea realizada en Paraná. La modalidad de esta nueva ofensiva agropecuaria será definida recién hoy, en un cónclave entre dirigentes de esa entidad, CRA, Sociedad Rural y Coninagro.
Difícil es el escenario que se le plantea a la Mesa de Enlace, ya que luego de su derrota en el Senado el kirchnerismo modificó de plano su estrategia: ya no confronta públicamente con el sector, pero tampoco habilita una negociación sobre los temas que le preocupan. El Gobierno parece querer quitar el conflicto con el campo de la agenda pública, y los dirigentes rurales lo saben. De allí que recurran ahora al Congreso, donde también se congeló todo tipo de debate y el oficialismo incluso mandó al freezer proyectos de ley que había prometido, como la Ley de Arrendamientos.
Las cuatro entidades deberán discutir hoy sobre modos y contenido. En el primer plano, y descartado el acto que estaba previsto para la de la semana próxima, la Federación Agraria propondrá que esa movilización a Buenos Aires se realice unos días después, posiblemente el 17 de setiembre.
Respecto de los proyectos que pretenden impulsar -para lo que necesariamente necesitarán apoyo de la oposición y una parte del propio kirchnerismo-, hay varias diferencias entre las entidades, en especial cuando discuten sobre el grado de intervención que debe tener el Estado.
Pero coinciden en la necesidad de que se retome la discusión sobre las retenciones y la segmentación de pequeños y medianos productores, para aliviarles el peso de ese tributo.
SCHIARETTI Y EL GOBIERNO, CERCA DE UN ACUERDO
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dieron ayer otro paso en el intento de reconstruir la relación política que terminó en crisis durante el conflicto por el campo.
Antes del acto donde Cristina Kirchner anunció la cancelación de la deuda con el Club de París, Randazzo y Schiaretti se encontraron media hora para avanzar en el acuerdo por la caja previsional de Córdoba, el principal foco de tensión entre la provincia y el Gobierno las últimas semanas.
La próxima semana habrá otra oportunidad de acercar posiciones: Schiaretti volverá a la Casa de Gobierno para asistir a la firma del convenio para el último tramo de la autopista Buenos Aires-Rosario-Córdoba, que encabezará junto a la Presidenta y su colega de Santa Fe, Hermes Binner.
El gobernador y el ministro avanzaron en "la reconstrucción de la relación" entre los gobiernos nacional y de la provincia. Además, Schiaretti aclaró que "los fondos del plan de asistencia financiera están al día" y se fue con una promesa: la Nación le enviará otro giro para la obra de la Central Eléctrica de Pilar.
"La negociación entre la Secretaría de Previsión Social de Córdoba y la Anses está bien encaminada", dijo Schiaretti al salir de la reunión. Además, adelantó que "la Nación comprometió su aval para las licitaciones de un tramo de la circunvalación y de los gasoductos troncales que se convocaron la semana pasada". El gobernador también retribuyó las promesas con otros elogios: calificó como "muy positivos" para el país los anuncios presidenciales respecto del pago de la deuda con el Club de París. Así, el Gobierno y Córdoba pretenden restablecer definitivamente el diálogo perdido durante el conflicto agropecuario, en el cual el mandatario mantuvo una postura crítica con la Casa Rosada.
La relación sólo empezó a distenderse cuando el jefe de Gabinete, Sergio Massa, inició una ronda de encuentros con los llamados "gobernadores rebeldes" para recomponer relaciones. Con ese objetivo, y por orden presidencial, Schiaretti fue recibido por Randazzo para reiniciar el diálogo. Y, el 22 de agosto, fue recibido por la propia Presidenta junto a otros mandatarios afectados por la sequía. Ahora, ambos pretenden encaminar las últimas reuniones para llegar, por fin, a un acuerdo definitivo.
OBISPOS, SIN FECHA PARA PRESENTAR LEY ANTIDROGA
Se pospuso ayer la presentación de la Conferencia Episcopal Argentina en la Cámara baja sobre un proyecto de ley destinado a prevenir las adicciones. Desde el Congreso aseguraron que la Pastoral Social de Jorge Casaretto no pudo asistir por problemas de agenda, pero el kirchnerismo temía que el desembarco de la Iglesia Católica en el Parlamento representara un reagrupamiento opositor de peronistas díscolos, macristas, radicales y «lilitos» de la Coalición Cívica.
Sin precedentes, el foro De Habitantes a Ciudadanos que coordina la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado, encabezada por el laico Eduardo Serantes y asesorada por Casaretto, redactó una iniciativa parlamentaria que será presentada ante bloques oficialistas y opositores en la Cámara de Diputados.
La idea inicial era introducir ayer el proyecto en el Congreso, aunque diferencias de agenda entre la Iglesia y los legisladores que tomaron el proyecto podrían hacer que la fecha se posponga hasta nuevo aviso.
Con aval expreso del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, la Iglesia trabajó junto a los diputados Cynthia Hotton (PRO), que es pastora evangélica, Eugenio Burzaco (PRO), Graciela Giannettasio (Frente para la Victoria) y Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco) para materializar su rechazo a la política oficialista de despenalizar el consumo de drogas para uso personal en una ley.
Desde el Episcopado se defendieron asegurando que el principal objetivo que persigue la movida es comenzar a ejercer una ciudadanía responsable, postura en la que intentarán dejar de lado las quejas para pasar a la acción.
“Es un proyecto muy interesante que nació en la Iglesia. Nos parece fantástico que no sólo vean los problemas, sino que propongan una solución”, afirmó Hotton. A la vez, destacó el nuevo “compromiso cívico” que adoptó la institución religiosa, y detalló que para redactar la medida, la oficina de Casaretto trabajó a lo largo de un año junto con “instituciones dedicadas a la prevención de la drogadicción, con las Madres del Paco, la CGT, la UIA y otras entidades empresarias”.
EL PAGO AL CLUB DE PARÍS LE DARÍA IMPULSO A LA OBRA DEL TREN BALA
La decisión del Gobierno de cancelar la deuda con el Club de París con las reservas del Banco Central promete darle un renovado y significativo impulso al proyecto del tren bala, que se encuentra frenado desde varios meses por problemas de financiamiento.
Con el pago de los US$ 6.706 millones que se habían acumulado con las principales naciones europeas, EE.UU. y Japón; tanto el Estado argentino, como las empresas privadas volverán a tener acceso a las líneas especiales de crédito que otorgan los gobiernos centrales para las obras e inversiones que llevan adelante en el exterior las compañías originarias de de esos países.
Tras el sorpresivo anuncio que puso fin al default con el Club de París, las autoridades del Ministerio de Planificación y los principales grupos empresarios locales coincidieron en señalar que a partir de ahora debería producirse un cambio sustancial en los esquemas y las condiciones de financiación de las grandes obras energéticas y de infraestructura que están en curso y que tienen como protagonistas destacados a firmas europeas.
Dentro del nuevo escenario que se avizora, el tren bala -que fue adjudicado al consorcio Veloxia que lidera la empresa francesa Alstom- ocupa el primer lugar de las obras de inversión donde se podría palpar en el corto plazo un cambio positivo en los costos de financiamiento.
EL JUICIO POR LA VALIJA DE ANTONINI ARRANCÓ CON PELEAS Y OBJECIONES
Debemos preguntar si saben algo sobre el 'Valijagate'. Es así como lo llama la prensa", argumento la defensa. "No, eso no tiene nada que ver con el caso que estamos tratando. Lo que discutimos es si el acusado era o no agente de un gobierno extranjero", respondió la fiscalía. "Estoy de acuerdo, no es necesario" sentenció la jueza Joan Lenard.
Este fue el tipo de diálogo que, palabras más o menos, tuvo lugar ayer cuando comenzó en la Corte Federal de Miami la selección del jurado del juicio que involucra a la famoso valija que Antonini Wilson intento ingresar a la Argentina con 800.000 dólares.
El objetivo de los primeros intercambios entre la fiscalía y la defensa fue definir las preguntas que debían plantearles a los candidatos a miembros de Jurados para asegurarse que fueran imparciales. Pero en la discusión, se vio enseguida que al fiscal Tom Mulvihill no le importa tanto que haya antichavistas en el jurado, mientras que Ed Shohat, el abogado defensor, quiere asegurarse de que no haya ninguno ya que eso podría perjudicar su cliente.
Por ejemplo, cuando se discutió cómo preguntarle a los candidatos si tenían opinión sobre el gobierno de Venezuela, Shohat quería que se les preguntara específicamente sobre Hugo Chávez. Nuevamente la jueza rechazó el pedido. El juicio se inició a las 9.30 en punto. El acusado, Franklin Durán, el único de los cuatro detenidos en diciembre pasado que sigue declarándose inocente, entró en la corte luciendo por primera vez un traje azul. Hasta ahora cada vez que Durán asistía a las audiencias lo hacía luciendo el uniforme naranja de preso.
Sentada en la segunda fila de las gradas reservadas para el público estaba su hermana, dos primas y otra joven que parecía ser su novia. La presencia de periodistas, argentinos y venezolanos fue una prueba más del impacto que, se espera, tenga que este juicio sobre el futuro del gobierno de Hugo Chávez (en Venezuela hay elecciones en noviembre) y sobre el gobierno de Cristina Kirchner. La evidencia que integra el paquete probatorio del fiscal Mulvihill indica que el dinero era para la campaña electoral de Cristina.
De los 40 candidatos iniciales a integrar el jurado, 14 fueron descalificados por que tenían problemas con sus trabajos. Por ejemplo un médico dijo que no podía dejar a sus pacientes tanto tiempo. De los 26 restantes, 14 fueron objetos de un nuevo interrogatorio más preciso. Por ejemplo, se les leyó un extracto de la acusación y se les preguntó si habían leído en los diarios o visto por televisión algo relacionado con el caso. También si conocían a otros implicados, como Alejandro Antonini. Fue interesante constatar que sólo uno de los candidatos a jurado conocía el caso.
Como parte del ejercicio la jueza les leyó también la lista de testigos que tiene pensado presentar el fiscal, incluyendo Antonini, y a los tres detenidos junto a Durán que se declararon culpables y que, a cambio de que les redujeran la sentencia, comenzaron a colaborar con el fiscal: Moisés Maionica, Wansellee Paciello y Carlos Kauffmann. También integran la lista todos los agentes del FBI que participaron en el operativo. "Me pidieron que presentar mi lista de testigos, pero les respondí negativamente. Lo haré mas adelante", dijo Shohat.
Hoy la jueza terminará de interrogar a los 12 candidatos que quedaron de ayer. Y también interrogará a nuevos candidatos. Quiere tener al final de proceso 36 candidatos, de los cuales formaran parte del jurado solo 12 y habrá cuatro suplentes.
GANANCIAS: LA CGT INSISTIRÁ CON SU RECLAMO POR LA “TABLITA” DE MACHINEA
La CGT decidió que insistirá ante el Gobierno en el pedido de eliminación, para el próximo año, de la denominada "tablita de Machinea", el mecanismo utilizado en la aplicación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios que eleva abruptamente, por tramos, el peso del tributo y genera distorsiones en la pirámide salarial.
Así lo definió el consejo directivo cegetista que se reunió ayer durante más de 3 horas, con el secretario general Hugo Moyano a la cabeza. Uno de los temas centrales fue el de las últimas disposiciones del Gobierno respecto del tema del impuesto a las Ganancias sobre los salarios.
La semana pasada, la presidenta Cristina Kirchner había recibido a Moyano y a su adjunto, el metalúrgico Juan Belén, para anunciarles el aumento en un 20 por ciento de los mínimos salariales por debajo de los cuales no se aplica el impuesto. Pero al mismo tiempo quedó claro que, por ahora, la polémica "tablita" impuesta en 2000 por el entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, no sufriría modificaciones, pese a los planteos a favor de su desaparición formulados reiteradamente por la CGT oficialista.
Moyano y otros dirigentes de la central obrera --que ayer estuvieron en la Casa Rosada durante el anuncio del pago de la deuda con el Club de París-- habían reaccionado a los anuncios de manera ambivalente. Por un lado, sostuvieron que la elevación de los mínimos no imponibles resultaban "insuficientes", pero también que el anuncio oficial era "un paso en el buen camino". Y además reiteraron la necesidad de que se elimine la "tablita", porque constituye "un impuesto al trabajo que no corresponde".
En la reunión de ayer del consejo directivo, además del informe directo que dieron Moyano y Belén sobre el tema del impuesto a las Ganancias, se reafirmó la expectativa de que, en el proyecto de ley de Presupuesto de 2009 que debe enviar el Gobierno al Congreso el 15 de este mes, esté contemplada la eliminación de la tablita de Machinea.
Esto, a pesar de que Gobierno estudia la posible incorporación en el proyecto de Presupuesto de modificaciones a la "tablita" que moderen sus efectos y neutralicen distorsiones, pero no su eliminación lisa y llana.
Durante la reunión de ayer, el consejo directivo de la CGT también analizó, entre otros temas, las expectativas por el aún pendiente anuncio oficial sobre la elevación de las asignaciones familiares. También la convocatoria a un congreso confederal para el 14 y 15 de octubre, y algunas propuestas de cambios planteados por la CGT para el proyecto oficial de movilidad de las jubilaciones que trataría hoy mismo Diputados.
PRESENTACIÓN DE CANCILLERÍA CON SORPRESIVA INTERVENCIÓN DE MARIO CAFIERO
La Cancillería ratificó que antes del plazo previsto, en mayo de 2009, entregará el informe en el que la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla) debe fundamentar la extensión de la plataforma continental y reiteró que “objetará” cualquier intento de Gran Bretaña que busque hacer lo mismo con la zona de las Islas Malvinas.
La nota de la presentación la dio el ex diputado Mario Cafiero que, como si fuera un periodista, escuchó las explicaciones de la coordinadora de la comisión, Frida Armas, y luego se paró para preguntar sobre la existencia de un supuesto pacto secreto entre Argentina y el Reino Unido para hacer una presentación conjunta. Los cuestionamientos de Cafiero fueron respondidos por los funcionarios.
“El informe busca demostrar la prolongación del continente bajo el mar más allá de las 200 millas. Los estudios deben fundamentar la prolongación del territorio bajo el mar”, explicó Armas.
En un artículo publicado a fines del año pasado en el periódico The Guardian, funcionarios británicos revelaron que el Reino Unido preparaba una presentación ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) en la que reclamaría extender su plataforma continental en cinco regiones del mundo. Una de ellas era alrededor de las Islas Malvinas, una pretensión que la llevaba a reivindicar como propias aguas territoriales argentinas.
Frente a las críticas de sectores de la oposición que acusaban a la Cancillería de inacción ante la avanzada británica, en el Palacio San Martín salieron a explicar qué era lo que se estaba haciendo al respecto. Por ejemplo, el trabajo que desde hace diez años que la Copla –que incluye a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Economía y del Servicio de Hidrografía Naval– viene realizando y que finalizará antes de que se cumpla el plazo, en mayo de 2009. En Cancillería aclaran que presentarlo antes o después no mejora la posición de la presentación y no otorga derechos. Además, los países que integran la Convemar “acordaron que el plazo ya se cumple presentando trabajos preliminares antes”, según contó ayer Frida Armas.
Mario Cafiero pertenece al Grupo Ulises, autor de una cadena de mails que criticaba el funcionamiento de la Copla. Ayer reiteró el cuestionamiento sobre el nivel de equipamiento del buque “Puerto Deseado”, destinado a realizar estudios para la preparación del informe. “Tiene un equipamiento de última tecnología”, le respondió Armas. La funcionaria también salió al cruce sobre la curiosa acusación sobre la existencia de un pacto secreto. “No hay ningún acuerdo con el Reino Unido sobre este tema ni está prevista ninguna presentación conjunta”, le aseguró a Cafiero.
ACUSADO DE AMENAZAS A OCAÑA, VA A JUICIO ORAL
Rubén Darío Romano, el hombre de Luis Barrionuevo en el PAMI, tendrá que afrontar un juicio oral y público. El juez federal Daniel Rafecas decidió enviar a juicio el caso en el que, cuando estaba a cargo del PAMI, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, denunció a Romano por amenazas.
Según denunció Ocaña, Romano --un ex ordenanza del Correo-- le habría hecho llegar a través de varios emisarios el siguiente mensaje: "Me sale más barato mandarla a matar que que me corte todos los contratos". Luego de cuatro años de investigación, y después de un pedido del fiscal Guillermo Marijuan, Rafecas decidió elevar a juicio el caso.
El nombre de Romano apareció en los últimos tiempos porque uno de los tres asesinados en General Rodríguez, Sebastián Forza, había tenido relación con él. Cuando era fiscal, el actual ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, había acusado a Romano por los manejos con contratos del PAMI durante la época de Víctor Alderete. Stornelli basó su acusación, en una pericia realizada por técnicos de Gendarmería Nacional sobre los movimientos de las cuentas bancarias de Romano y de su empresa Abril Salud, que gerenciaba contratos por unos 4 millones de pesos por mes para jubilados con esas clínicas del Gran Buenos Aires. Cuando Ocaña asumió la intervención del PAMI en el 2004 eliminó los contratos con gerenciadoras y pasó a contratar directamente a las clínicas. Romano negó haber cometido algún tipo de irregularidad con esos contratos y denunció que Ocaña lo perseguía.
PROCESARON A D' ELÍA POR DARLE UNA TROMPADA A UN RURALISTA EN EL OBELISCO
El piquetero Luis D'Elía fue procesado ayer por la trompada que le dio a un manifestante que protestaba contra el Gobierno en los inicios del largo conflicto con el campo. La medida fue dispuesta por el juez Luis Schelgel, por el delito de lesiones leves en perjuicio del productor agropecuario Alejandro Gahan.
La imagen difundida por televisión mostró claramente la reacción de D'Elía, quien se dio vuelta y le dio el golpe a Gahan a pocos metros del Obelisco. El líder de la Federación Tierra, Vivienda y Habitat (FTV) se dirigía a la Plaza de Mayo para defender al Gobierno de las primeras protestas ciudadanas de adhesión al campo. El incidente ocurrió la noche del martes 25 de marzo.
D'Elía aseguró que Gahan lo había insultado casi a lo largo de una cuadra y se quejó porque la televisión no mostró esa imagen. "El me insultó. Yo podría querellarlo por calunmnias e injurias y no lo voy a hacer", dijo ayer D'Elía sobre Gahan cuando Clarín quiso saber su opinión sobre la decisión.
La medida del juez incluyó una caución real de 2.100 pesos, para garantizar el pago de los honorarios de los abogados y la tasa de Justicia. Una veterana fuente judicial auguró: "Esto termina con una probation". La probation es cuando el acusado acepta su culpabilidad, se suspende el juicio y acepta penas alternativas como por ejemplo hacer tareas comunitarias. "Vamos a ver si es necesaria la probation", sostuvo D'Elía, quien recordó la existencia de sobreseimientos en casos similares al suyo. "Confío en que la Justicia hará lo que corresponde", agregó.
"No tuve ánimo de lastimarlo. Sólo quise golpearlo", había dicho hace dos semanas el dirigente piquetero, cuando tuvo que prestar declaración indagatoria. Ayer reiteró el concepto ante Clarín: "Fue un incidente menor no deseado por nadie". Fuentes judiciales dijeron que en los videos analizados por la Justicia se vio a D'Elía calmar a unos colaboradores que querían emprenderla contra Gahan luego del cruce con el piquetero. Y que eso juega a su favor. Lo cierto es que la trompada de D'Elía y los simpatizantes del Gobierno que desalojaron también con golpes a los manifestantes que habían ido a la Plaza fueron las imágenes que quedaron en el recuerdo de ese día, cuando se produjo el primer cacerolazo contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La escena se repitió luego en otras protestas durante el conflicto con el campo, especialmente cuando fueron hasta la quinta de Olivos el campeón de kick-boxing Jorge "Acero" Cali y Hernán Brahim, el polémico asesor del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a quien desde la oposición acusan de liderar "la patota del INDEC".
CASO LÓPEZ: PARA EL JUEZ, LÓPEZ PODRÍA ESTAR MUERTO
"Que López esté muerto es una de las hipótesis de la causa." Con esas palabras, el juez federal platense, Arnaldo Corazza, admitió ayer la posibilidad más dramática de la investigación abierta en septiembre de 2006, cuando el testigo desaparecido fue visto por última vez en el barrio Los Hornos.
A poco de cumplirse dos años del hecho, Corazza dijo que "en la investigación no hay avances de fondo" y que se lleva adelante la revisión de todas las líneas de trabajo. Consultado sobre las declaraciones del ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, sobre la posible muerte de López, víctima de represores, el juez dijo: "Es una opinión calificada, pero sólo eso. A mí, no me molesta".
Ya en diciembre de 2006, Arslanian había revelado su visión pesimista sobre la suerte de López, algo que, en privado, admitían también todos los miembros del gobierno conducido por Felipe Solá. Esta semana, Corazza comenzó a tomar declaración a allegados y familiares del hombre desaparecido para intentar profundizar en su entorno y sus relaciones.
"Esto se había hecho muy poco y ahora nosotros lo impulsamos para intentar conocer un poco más el entramado de sus relaciones porque sospechamos que López se veía con gente y sus parientes lo desconocían", sostuvo el abogado de la familia, Alfredo Gascón. El letrado pretende concentrar la pesquisa en los cerca de 25 uniformados mencionados por López en sus distintas declaraciones, incluida la del juicio en el que fue condenado el ex jefe policial Miguel Etchecolatz.
Gascón dijo estar sorprendido con los dichos de Arslanian, al que criticó porque, señaló, "sostuvo que la familia decía que solía irse por varios días, algo que no es cierto y está desmentido en el expediente". Ayer, el abogado de la familia López se quejó del traspaso de manos que sufrió la pesquisa, ahora a cargo de la Policía Federal: "Fue todo muy desprolijo y provocó nuevas demoras. Es más, aún hoy los instructores no han terminado de interiorizarse del expediente", enfatizó.
EL GOBIERNO ESTUDIA QUIÉN CONFECCIONARÁ LOS PASAPORTES
El gobierno nacional estudia quién será el nuevo encargado de confeccionar los pasaportes de los argentinos, un negocio que significa unos 24 millones de pesos anuales. El contrato con una de las empresas concesionarias venció la semana pasada y hay versiones de que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos le demandaría dicha confección a la Casa de Moneda.
No obstante, fuentes de ese ministerio, a cargo de Aníbal Fernández, sólo aclararon: "La gente no debe preocuparse, no habrá problemas en la gestión de los pasaportes".
La empresa Ciccone Calcográfica SA es la que desde 1990 se encarga de hacer el soporte papel de esos documentos y el 31 de agosto venció su contrato. Fuentes de esa empresa dijeron que el convenio fue extendido por un mes más.
La opción de que la Casa de Moneda se encargue de imprimir los pasaportes surgiría de la inestable situación financiera de Ciccone Calcográfica SA. Sin embargo, a un mes de que ese contrato venza nuevamente, desde la empresa estatal se niega que haya conversaciones oficiales al respecto.
"Si bien cumplimos con las condiciones para hacer los pasaportes, desde el Gobierno no hemos recibido notificación alguna al respecto", dijo Julio Alvarez, responsable de las relaciones institucionales de la Casa de Moneda.
Esa empresa estatal, entre diciembre de 2007 y enero pasado, ya había confeccionado 200.000 pasaportes a pedido de la cartera de Fernández.
"Esos documentos se pidieron en el contexto de un plan de contingencia que maneja el Ministerio del Interior", explicó Alvarez para despejar los rumores de que sería Fernández el principal interesado en que ese organismo se encargue de los pasaportes.
Ciccone Calcográfica SA entró en concurso de proveedores en julio de 2003 y, según fuentes de la Casa de Moneda, "el Estado no se fía de ella por su débil situación financiera". La empresa, que los hermanos Héctor y Nicolás Ciccone fundaron en 1951, siempre brindó sus servicios al Estado Nacional por las buenas relaciones que sus directivos supieron cultivar con los gobiernos de turno.
ECONOMISTAS AMIGOS Y CRÍTICOS DAN SU APOYO AL PAGO AL CLUB DE PARÍS
Todos coincidieron en que la decisión llevará tranquilidad a los mercados y es una buena señal de parte del Gobierno. Sin embargo, entre los economistas de todo el mundo que se dieron cita en las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, el entusiasmo por la decisión de cancelar la deuda con el Club de París fue moderado.
"Siempre es bueno pagar las deudas, pero no está claro si era necesario pagar todo, como tampoco está claro si la medida busca abrirnos al mundo o cerrarnos para que nadie nos critique nuestras políticas", dijo el ex presidente del BCRA, Mario Blejer. A su lado, Luis Ribaya, director del Banco Galicia, aseguró que "la noticia es muy buena para las empresas, porque implica que volverá a haber crédito para realizar operaciones comerciales con el exterior".
Eduardo Curia es una de los economistas que más simpatizan con la política económica del Gobierno de Cristina Kirchner. Y manifestó abiertamente su apoyo a la medida. Sin embargo, advirtió que "la medida no es un pase mágico, porque los vencimientos del año que viene siguen siendo lo que son, y todavía no está claro que pasará con la inflación, con el INDEC, con el tipo de cambio y con el frente fiscal". Y encendió una luz amarilla: "Hay que tener cuidado porque ahora los hold outs van a decir 'acá estamos nosotros'. Y en algún momento el Gobierno tendrá que pensar en eso".
Roberto Frenkel, economista del Cedes, también está entre quienes ven con simpatía la política económica del Gobierno. Pero ayer también prefirió mostrarse cauto. "Es una muy buena medida que se podría haber tomado hace tiempo", aseguró. Pero, como otros colegas suyos, subrayó que "aún hay otros temas pendientes".
Para Guillermo Rozenwurcel, economista de la Universidad de San Martín, la decisión del Gobierno no es más que una señal. "Demuestra voluntad de pago, pero no es suficiente", aseguró. Y añadió: "Si se paga para no tener presiones sobre las estadísticas y se posterga una política antiinflacionaria en serio, no es bueno". Además, fue uno de los pocos que consideró que la cancelación de la deuda con el Club de París no destrabará el acceso al crédito. "Esto no le generará un beneficio a las empresas en materia de crédito", dijo.
En cambio, Miguel Kiguel, se mostró bastante optimista por la decisión del Gobierno. "Está muy bien pagar", dijo. Y subrayó que el pago podrá hacerse porque "hay suficientes reservas de libre disponibilidad en el Banco Central".
CRÍTICAS INTERNACIONALES A LA MANIPULACIÓN DE ESTADÍSTICAS
Sin vueltas, especialistas internacionales cuestionaron ayer duramente la manipulación de las estadísticas oficiales de inflación y advirtieron que se trata de una cuestión clave para recobrar la confianza de los inversores.
En las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, que culminaron ayer, el economista jefe de Citadel Investment Group, Michael Gavin, dijo que el manejo de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) "ha sido un error crítico" que alimentó los nervios de los mercados financieros en los últimos tiempos respecto de la salud de las finanzas argentinas.
Al referirse a las reformas que necesitan los países de la región para mejorar su solidez institucional, Gavin, ex economista jefe del banco de inversión UBS, consideró que "sería un buen paso si el INDEC pasara a depender de la Presidencia o de la Jefatura de Gabinete", en vez de estar vinculado con el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Más diplomático pero no menos contundente, el ex presidente del Banco Central Mario Blejer dijo: "La verdad es que no sé cuál es la inflación real, y ése es un problema". Además, consideró "importante evitar el misterio de la inflación".
"Obviamente, debido a un problema de credibilidad con las cifras oficiales, tenemos una situación que, a mi juicio, es muy irregular", concluyó. En voz baja, otros panelistas también criticaron la manipulación de los datos que se lleva a cabo desde principios de 2007.
DIFÍCIL GESTIÓN DE KIRCHNER POR SIDOR
La estatización de Aerolíneas Argentinas se puede volver un antecedente gravoso para una de las gestiones más delicadas que Néstor Kirchner deberá realizar dentro de una semana, cuando visite a su amigo Hugo Chávez en Caracas: abogar delante del mandamás bolivariano a favor de un acuerdo aceptable para la estatización de Sidor, la empresa siderúrgica del Grupo Techint que nacionalizó el gobierno de Venezuela.
El acuerdo al que, de modo muy trabajoso, habían llegado los funcionarios chavistas con los ejecutivos de la empresa se rompió de mala manera la semana pasada.
El motivo central fue la negativa del gobierno venezolano a rodear a ese acuerdo de indemnidades. Esto quiere decir que las partes se comprometan a no formular nuevos reclamos a partir de lo pactado. Fue el propio Chávez quien vociferó en su rutina televisiva del sábado pasado en contra de esa cláusula, que confundió con "inmunidades" (lo que le permitió comparar la aspiración de Techint con las pretensiones del ejército norteamericano para su operación en Irak).
No habría que dejarse llevar por lo que supone esta comparación alocada: Chávez concedió a empresas norteamericanas expropiadas las indemnidades que le niega a una compañía de capital argentino. Curiosa modulación de la amistad con los Kirchner o de la animadversión a George W. Bush. Chávez adelantó también que "pagaremos cuando queramos y como queramos" y que al grupo argentino "no le vamos a dejar en Venezuela ni un tornillo". El gobierno argentino tal vez tenga frente a Chávez más argumentos que los que posee el de José Luis Rodríguez Zapatero frente a él en el caso Aerolíneas.
Sin embargo, la única manifestación oficial que se conoció después de la ruptura del acuerdo de Sidor fue un festejo bolivariano del secretario de Comercio de la Cancillería, Alfredo Chiaradia, y del titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con funcionarios venezolanos, en Caracas.
Cristina Kirchner y los funcionarios del Ministerio de Planificación -que intervino informalmente en las negociaciones con Techint- no emitieron hasta ahora comentario alguno sobre el avance de su amigo Chávez sobre los activos de una empresa argentina. El caso Sidor se integra a una cadena de mortificaciones en la relación con el líder venezolano. Chávez no sólo esperó al peor momento del enfrentamiento entre los Kirchner y el campo para estatizar la empresa sin siquiera formular un aviso telefónico. Después cobró una tasa de 15% para asistir financieramente a sus amigos argentinos y no dejó pasar siquiera 48 horas para liquidar los bonos adquiridos a precios de bancarrota. Sumadas a este inventario, las diatribas del sábado parecen ser la confirmación de que Chávez ya alcanzó, en el caso de la Argentina, una fantasía que sólo se venía realizando en sus relaciones con Bolivia y Ecuador: la de ser reconocido, en silencio, como el indiscutible líder de la región.
EL PARO DE LOS DOCENTES PORTEÑOS DEJARÍA SIN CLASES A UNOS 330.000 ALUMNOS
Son días agitados los que vive últimamente el ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski. Al conflicto por las becas estudiantiles se le suma hoy el segundo paro docente a su gestión. La medida de fuerza, en reclamo de una mejora salarial del 20 por ciento, está convocada por los 17 sindicatos del distrito y respaldada por la coordinadora de centros de estudiantes de escuelas secundarias y las asociaciones cooperadoras de 12 establecimientos porteños. La huelga afectaría sobre todo el normal desarrollo de las clases de los alumnos de todos los niveles de escuelas públicas, que suman 33
