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Ordenan indemnizar a un trabajador despedido y acusado de violento

La Sala Primera de la Cámara Laboral ordenó indemnizar a un trabajador que había sido despedido por agredir a una compañera, al entender que las intimidaciones no fueron probadas.
El empleado, de 52 años, ya había sido suspendido en abril de 2005 por provocar una riña con otro empleado de la "Fundación hospitalaria", donde ambos prestaban servicios.

Los camaristas Julio Vilela y Graciela González admitieron que "si bien tal sanción puede operar como antecedente desfavorable, ese hecho no puede ser objeto de una nueva sanción, en virtud de la aludida regla "non bis in idem", es decir, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

El episodio que motivó el despido se inició con el pedido de una empleada de vigilancia, quien solicitó al empleado que recogiera un material entregado por un proveedor, por lo que recibió una respuesta "con tono amenazante y agresivo".

Según el fallo al que tuvo acceso Télam, el despedido le contestó que "ella no era su jefa para darle órdenes y que prestara atención porque la próxima vez le iba a dar una trompada que le iba a bajar los dientes...".

La denunciante añadió que el autor de las amenazas solía "hacer chistes de connotación sexual", y jactarse de que no hablaba con las mujeres, sino que sólo les pegaba, aunque luego solía aclarar que se trataba de una broma.

Otro trabajador, que habría presenciado el hecho, recordó que su compañero se dirigió a la vigiladora "de manera violenta, que la insultó, que no recuerda... las palabras textuales... por lo que ocurrió fue que la denigró...que parece que los comentarios fueron como algo chistoso sexual...".

Los camaristas enfatizaron que el testigo no pudo acreditar que hubiese habido amenazas de agresión física que justificaran el despido, puesto que no recordaba las palabras exactas de la ríspida conversación.

Por lo tanto, los integrantes de la Sala Primera coincidieron en que la disolución de la relación laboral no había sido justificada, rechazaron la existencia de "justa causa" y ordenaron indemnizar al trabajador despedido.

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