El "blindaje trucho" es investigado por los fiscales de Delitos Complejos Carlos Argüero y Esteban Lombardo, a partir de una denuncia penal radicada por el ministerio de Seguridad provincial.
Se estima que el fraude contra el Estado provincial alcanzarían los 2.250.000 dólares.
Una fuente judicial confirmó que la semana próxima los fiscales indagarán "a los empresarios Italo Latanti y Ramón Igarreta", a cargo de la empresa encargada de los blindajes de las patrullas.
Las pericias realizadas en los móviles, adquiridos en el 2005, confirmaron que las patrullas carecían de blindaje.