El Senado creará una comisión especial de seis legisladores para investigar las supuestas maniobras fraudulentas realizadas por un grupo de empresas exportadoras de granos mediante la falsificación de las declaraciones juradas de sus operaciones.
La comisión tendrá amplia facultad para reclamar información tanto en el sector público como en el privado y su creación será aprobada sobre tablas en la sesión prevista para pasado mañana.
El radicalismo fue el primer bloque en demostrar su interés en investigar a las exportadoras, al presentar, el miércoles último, un proyecto en ese sentido. Pero dos días después el bloque kirchnerista recibió luz verde de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para sumarse a la ofensiva con una iniciativa propia.
Las maniobras que estarán sujetas a la investigación parlamentaria involucran a 57 firmas exportadoras de las que se sospecha que habrían evadido, en conjunto, una cifra cercana a los 1700 millones de dólares.
Según una investigación de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), las exportadoras se habrían anticipado al aumento de los derechos de exportación para la soja del 27% al 35% (es decir, antes del inicio del conflicto por las retenciones móviles), presentando declaraciones juradas de venta de granos que, en realidad, nunca tuvieron en su poder.
"Esto permitió a un grupo de empresas exportadoras de granos congelar tanto la alícuota de derechos de exportación como el valor FOB declarado, lo que constituye un motivo más que suficiente para crear una comisión investigadora", sostiene el proyecto de la UCR, que firman el jefe de esa bancada, Ernesto Sanz (Mendoza), y el titular del comité nacional, Gerardo Morales (Jujuy), entre otros.
El texto coincide en la estimación del supuesto fraude al fisco con el presentado por el PJ el viernes último, que firman el titular de la bancada, Miguel Pichetto (Río Negro); el presidente provisional del Senado, José Pampuro (Buenos Aires); María Pérceval (Mendoza), y Marcelo Fuentes (Neuquén). Este proyecto fue presentado luego de que Pichetto obtuviera el visto bueno de Cristina Kirchner para avanzar en la investigación de las maniobras sospechadas de las exportadoras.
El dato no es menor si se tiene en cuenta que entre las firmas cuya conducta será revisada se encuentra una de propiedad del senador cordobés Roberto Urquía. Este legislador fue miembro selecto del bloque kirchnerista -tanto que la Presidenta lo puso al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda- hasta que anunció su voto en contra de las retenciones móviles, en consonancia con la postura del gobierno de su provincia.
Desde ese momento, también por orden presidencial, perdió todos sus privilegios, al extremo de que ahora será investigado por sus propios compañeros de bloque y por un delito para nada menor, como es el de evasión fiscal.
Días pasados, al conocerse el reclamo de la Oncca, las empresas involucradas hicieron su descargo. "No hubo evasión ni elusión. Hasta la reglamentación de la ley (26.351, que tiene competencia en esas operaciones) se pagaron retenciones a cuenta porque no se pudo hacer de otra forma", dijeron fuentes del sector.
APURAN CONTACTOS POR AEROLÍNEAS Y MOVILIDAD JUBILATORIA
El gobierno iniciará desde hoy, aun en medio del receso legislativo, contactos con diputados y senadores para anticipar el debate en torno a los dos proyectos de ley que el Ejecutivo quiere que formen parte de la agenda inmediata del Congreso a partir del lunes próximo.
En concreto, se trata de la reestatización de Aerolíneas Argentinas y de la ley que fija un régimen de movilidad bianual para las jubilaciones. Ambos textos fueron girados, con la firma de la presidente Cristina de Kirchner, días atrás al Parlamento. Por dos vías, la Casa Rosada comenzará una ronda de consultas. Por un lado, Oscar González, designado como enlace de la Jefatura de Gabinete con el Congreso, programará una serie de citas con autoridades de las dos cámaras, los bloques y distintas comisiones.
En concreto, González -que asumió como secretario de Relaciones Institucionales y Parlamentarias la semana pasada, pero jurará a mitad de ésta- pautará encuentros con Julio Cobos y Eduardo Fellner, los jefes de las bancadas oficialista y opositoras, y las comisiones que tendrán participación en las dos leyes: Presupuesto, Legislación General, Transporte y Previsión.
“Queremos escuchar las opiniones de los distintos legisladores y responder las dudas que tengan sobre las leyes”, explicó González.
No será una tarea sencilla: la oposición puso en la mira el proceso de recuperación de Aerolíneas Argentinas y Austral y prepara un menú de objeciones al modo en que se manejó ese trámite. Apuntan, sobre todo, al secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
En tanto, desde la ANSeS, Amado Boudou iniciará una especie de road show para explicar el mecanismo de movilidad de los haberes jubilatorios. La semana pasada, la primera escala fue un encuentro con la cúpula de la CGT oficial que encabeza Hugo Moyano. Este jueves, en tanto, tiene pautada una cita con el consejo directivo de la CTA, central que encabeza Hugo Yasky, con quien Boudou ya tuvo un contacto el jueves último. Además, desde la ANSeS se hará una ronda de conversaciones con diputados y senadores.
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SE COMPLICA AEROLÍNEAS TAMBIÉN EN EL CONGRESO
Las vacaciones de invierno terminaron para el Congreso, y esta semana arrancará la puja entre el kirchnerismo y la oposición por la ratificación del acuerdo de estatización de Aerolíneas Argentinas entre la española Marsans y el gobierno. Esa pelea no será fácil para Cristina de Kirchner: es la primera actividad que tendrán senadores y diputados después de la derrota oficial en la votación por la ratificación de la Resolución 125, por lo que el ambiente de debilidad que dejó el gobierno aún continúa en los pasillos.
Hasta el oficialismo ya reconoce que será difícil reunir los votos para aprobar la reestatización de la línea aérea. Los problemas del gobierno no vienen sólo por una cuestión de arrastre: a pesar de la sensibilidad popular que pueda aún despertar la marca Aerolíneas Argentinas, ningún opositor quiere aparecer hoy apoyando la estatización de una empresa que implica asumir deuda por u$s 900 millones (se elevarían a u$s 1.200 tomando en cuenta los fondos necesarios para ponerla en funcionamiento pleno y el déficit diario que genera) y 10.000 empleados con destino incierto. Así, la presión de los cuatro sindicatos principales que convergen en Aerolíneas a favor de la estatización no ayudó mucho hasta ahora.
Algunos diputados creen que las protestas de los aeronavegantes ayudaron a dejar Aerolíneas en su situación actual: radicales y de la Coalición Cívica están convencidos, además, de que hubo detrás de esos paros una acción coordinada con Ricardo Jaime para terminar con la salida de los españoles en una situación de quiebra virtual.
En ese marco, hasta el kirchnerismo reconoce en privado que nuevamente puede haber problemas para convencer a sus propios legisladores de aprobar el proyecto. En medio de esa pelea, la discusión va a judicializarse aún más. Esta semana el radicalismo denunciará al Grupo Marsans por la supuesta administración fraudulenta de los recursos que la privatización de Aerolíneas Argentinas le otorgó -en herencia del traspaso desde Iberia- y también a Jaime y los directores del Estado en la línea aérea por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Alegan que debió controlar a través de sus directores.
La denuncia, que ya está lista pero será efectiva recién el próximo lunes, cuando termine la feria judicial, acusa a Jaime de violar las funciones de fiscalización y control que tiene el Estado y que permitieron el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas en “connivencia con Marsans”.
Lo curioso es que las pruebas de ese supuesto vaciamiento las obtuvieron del mensaje de elevación del proyecto de ley de ratificación del acuerdo de estatización entre el gobierno y los españoles. Efectivamente, allí Cristina de Kirchner reconoce públicamente que existió un vaciamiento de los activos de la empresa que pone en riesgo su continuidad. Y es por esa razón que impulsa un acuerdo para asumir las acciones de la empresa, las deudas y sus empleados.
Hasta ahora toda la oposición planteó en el Congreso la necesidad de analizar ese convenio que Julio De Vido cerró con los dueños españoles de Aerolíneas. Sólo se cuestionó como imposible la absorción de la deuda de u$s 900 millones por el Estado y hasta comenzaron en el radicalismo contactos con legisladores del Partido Socialista español para analizar la investigación contra Marsans que se sigue allí por el uso de los u$s 700 millones que le entregó la SEPI para sanear Aerolíneas, pero todavía no existen voces que en público hablen de los problemas que implica la continuidad de la línea aérea tal como está hoy.
Pero la UCR, por ejemplo, ya habla de otras soluciones: esta semana pondrá también en debate la necesidad de declarar una política de cielos abiertos con los países del Mercosur, Bolivia y Chile.
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EXPORTADORES: LES CAMBIARÍAN EL SISTEMA DE PAGO DE LAS RETENCIONES
El titular de la ONCCA (Oficina de Control Comercial Agropecuario), Ricardo Echegaray, tiene en estudio una reforma de la ley que define las normas que rigen el principal negocio del país: las millonarias exportaciones de granos y sus subproductos. Pretende que las cerealeras paguen retenciones por adelantado, al momento de declarar sus ventas, y no varios meses después, cuando finalmente concretan los embarques. El tema podría ser discutido hoy un en un encuentro del que participaría, según algunas versiones, el jefe de Gabinete, Sergio Massa.
Echegaray se reunió secretamenta el jueves con representantes de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales, que agrupan a firmas que exportan en conjunto por unos US$ 30.000 millones. Esas entidades venían levantando temperatura contra la ONCCA por las crecientes restricciones que el organismo impone sobre las exportaciones desde la creación del denominado "ROE Verde", una suerte de precario permiso de exportación. Allí les adelantó su iniciativa.
La ley a revisar es la 21.453, de octubre de 1976, firmada por el dictador Jorge Rafael Videla. Ese texto creó un registro de declaraciones juradas de exportación, en el que las cerealeras pueden declarar con anticipación sus ventas, para luego planificar con hasta un año de plazo el momento del embarque. Como hasta ahora el registro de una venta implica congelar tanto su valor como el monto de la retención a pagar, en los últimos meses ese mecanismo quedó en el ojo de la tormenta. Tanto que la ONCCA reclama ahora US$ 1.700 millones a las empresas por la diferencia que se generó ante las sucesivas subas de retenciones, de noviembre a esta parte.
EL CAMPO SIGUE SIN FECHA EN LA AGENDA
El secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, no tenía previsto convocar esta semana a las entidades del campo para reanudar las conversaciones tras el extenso conflicto de cuatro meses, según dijeron ayer fuentes del organismo. Versiones surgidas de otras áreas del Ejecutivo, sin embargo, daban cuenta de que la reunión con los dirigentes rurales podía realizarse en los próximos días.
La disparidad de criterios sobre cuál será finalmente la estrategia oficial para encarrilar las relaciones con uno de los principales sectores económicos confirma que, a pesar de los cambios en Agricultura, sobreviven dentro del Gobierno diferentes recetas para destrabar el mayor conflicto de la era kirchnerista.
Los roces en la tropa oficial se hicieron más visibles desde que, en conferencia de prensa este sábado, la presidenta Cristina Kirchner ratificó la continuidad de Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio. En tandem con la ONCCA, Moreno es hoy un actor clave de la política agropecuaria, ya que controla los embarques de granos, carne y leche.
Cheppi, ex titular del INTA, es considerado un interlocutor válido por los dirigentes de la Comisión de Enlace, que de todos modos le adjudican pocas posibilidades de recomponer las relaciones si no logra imponer una impronta más conciliadora que la que aplican Moreno y el titular de la ONCCA, Ricardo Echegaray. Dos viernes atrás, se produjo una reunión entre los tres funcionarios, cargada de reproches. "Cheppi no va a ser otro Javier De Urquiza ", comentaban fuentes cercanas al secretario, en referencia al ex titular del área, que se fue del cargo sumamente debilitado, ya que durante su gestión la ONCCA absorbió el control de los principales resortes de la política para el campo. Tanta independencia mostró Echegaray del anterior secretario de Agricultura que hasta decidió mudar sus oficinas a otro edificio. Mientras se dirimen esos espacios, anoche seguía sin confirmación la reunión con las entidades.
LA NACIÓN INSISTE EN QUE NO HAY DEUDA CON CÓRDOBA
La pelea del Gobierno nacional con la gobernación de Córdoba por los millonarios fondos para jubilaciones suma un nuevo capítulo. Según fuentes de la Nación, "el gobernador Juan Schiaretti terminó reconociendo que la ANSeS no le debe nada a Córdoba. Porque con la aprobación de la reforma previsional, la Provincia terminó por admitir que no estaba cumpliendo con el convenio firmado con la ANSeS que ordenaba adecuar su legislación jubilatoria a la del orden nacional. Ahora, seguramente haremos una auditoría para verificar que lo aprobado efectivamente se cumpla.
En ese caso se analizará qué parte del eventual déficit futuro podría estar a cargo de la Nación y qué parte le corresponde a la Provincia". Así adelantaron fuentes del Gobierno sobre los pasos futuros que daría la ANSeS en relación a Córdoba. En cambio, para Schiaretti, tras la sanción de la reforma, la Nación debería financiar el déficit pasado que trepa a $ 1.600 millones y el que en el futuro pueda seguir producirse.
La reforma cordobesa -que ratifica el convenio firmado en 2002 con la ANSeS- declara la Emergencia Previsional por dos años, con opción a dos más. Y establece, durante la emergencia, retenciones móviles para las jubilaciones superiores a los $ 5.000. Por esa retención los jubilados recibirán un bono a ocho años, con el interés de la caja de ahorros. Los afectados son el 13% del total.
FUERTE GESTO DE LULA Y CHÁVEZ A CRISTINA
Con la clara intención de mostrar un gobierno en plena gestión internacional y a la espera de buenas noticias en materia de inversiones, la presidenta Cristina Kirchner recibió anoche a su par de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. Hoy se sumaría a este encuentro el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Se trata del primer gesto en materia de política internacional que dará la Presidenta luego de la crisis que sufrió su gobierno tras el conflicto con el campo y los cambios que hubo en el Gabinete.
La visita de Lula será la más importante para Cristina Kirchner, ya que el presidente de Brasil llegó acompañado por unos 300 empresarios y ayer había expectativas de que se anunciaran inversiones en el país. El gesto de Lula no es menor para la Presidenta, que entre sus planes iniciales de gestión había manifestado la necesidad de aumentar la llegada de capitales al país por medio de las relaciones internacionales, una intención que quedó trunca tras meses de disputas internas y el fuerte conflicto con el campo.
CRECEN LAS DIVISIONES EN EL GOBIERNO CON EL INGRESO DE MASSA
La crisis política devenida del conflicto con el campo y el alejamiento de Alberto Fernández del Gobierno obligaron al poder a reacomodarse internamente. Parte por parte, como si fuesen las piezas de un rompecabezas, ministros, funcionarios y dirigentes se reagrupan entre dos polos: ser cada vez más "cristinistas" o "nestoristas".
La llegada del nuevo jefe de Gabinete, Sergio Massa, ya mostró hacia dónde va la táctica de su sector que apuesta a mostrar que quien gobierna es la presidenta Cristina Kirchner. "Somos el nuevo cristinismo", propone Massa.
En ese juego, el jefe de los ministros dijo que obedecerá sólo las órdenes de la jefa del Estado, más allá de lo que opine Néstor Kirchner. Y refuerza la idea de eliminar la figura de Kirchner. "La primera vez que hablé con él desde que asumí fue anoche (por anteanoche), después de la conferencia de prensa", aclaró.
Pero en medio de su esfuerzo por despegar a Kirchner del Gobierno, gran parte del gabinete resalta la figura del ex presidente ante la necesidad de aglutinar detrás al PJ, la base del poder requerido frente al próximo escenario electoral.
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DURAS CRÍTICAS DE COBOS
El vicepresidente Julio César Cobos se sumó al coro de dirigentes políticos que le reclaman a Cristina Kirchner que desplace de su cargo al polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para liberar así al INDEC de sospechas de intervención política en los índices oficiales que difunde.
"Moreno no tendría que estar en el INDEC", afirmó Cobos. No obstante, el vicepresidente aclaró que en la crucial reunión que mantuvo el miércoles último con la Presidenta -la primera tras su voto de rechazo a las retenciones móviles-, no le pidió la exclusión de Moreno del elenco oficial.
"Le dije que el Indec debe recuperar la credibilidad que debe tener todo organismo", explicó Cobos cuando se lo consultó sobre el tenor de su pedido a la jefa del Estado para mejorar la credibilidad del manejo de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Sin embargo, Cobos negó que el instituto pueda mejorar su imagen ante la sociedad mientras siga bajo la órbita del secretario de Comercio Interior. "Es que Moreno no tendría que estar en el INDEC", agregó el vicepresidente.
En ese sentido, el ex gobernador de Mendoza aseguró que el INDEC "no tendría que depender de nadie", sino que "debería ser autárquico o depender de la Presidenta". Esta última alternativa parece ajustarse a la verdad después del fuerte respaldo público que Cristina Kirchner prodigó a Moreno el sábado último.
SE VA QUIROGA Y PELIGRA LA CONCERTACIÓN PLURAL
Los tiempos de la Concertación Plural tal como la planificó el ex presidente Néstor Kirchner parecen agotados.
Por lo menos, así lo dieron a entender ayer los radicales aliados del Gobierno. El subsecretario de Relaciones Institucionales de la Cancillería, Horacio "Pechi" Quiroga, presentará hoy su renuncia al cargo. Lo repitió ayer: "El estado de sospecha y de inconveniente permanente no hace fácil la permanencia en un cargo. Por eso creo que puedo contribuir más con mi renuncia que con mi permanencia en el cargo".
Quiroga informó que hoy por la mañana, "a primera hora", presentará la dimisión. El dirigente neuquino opinó que su partida del Gobierno permitirá que el kirchnerismo no tenga que "gobernar en un clima de sospecha, pensando que está rodeado de traidores y golpistas".
UCR KIRCHNERISTA ATACA AL GOBIERNO
Los principales aliados políticos al vicepresidente Julio Cobos lanzaron ayer duros cuestionamientos al gobierno de la presidente Cristina de Kirchner, al que acusaron de autista y de gestionar bajo un clima de sospecha. Así se manifestaron el intendente de Junín, Mario Meoni; y el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Juan Carlos Jaliff.
Meoni denunció que hay “un grado de autismo importante en el gobierno” y cuestionó la validez de la Concertación Plural sin participación de los radicales K aliados a Cobos. “Si el gobierno piensa en una Concertación sin Cobos, sería una Concertación sólo con los que han dicho que sí a todo”, criticó Meoni, aunque se mostró esperanzado en que “vuelva a tener vigencia” la alianza política que se impuso en las elecciones presidenciales de octubre pasado.
Meoni destacó, además, que Cobos “defendió los intereses colectivos del pueblo y del gobierno” al votar en contra del proyecto de retenciones móviles al agro, pero lamentó que el gobierno y la presidente Cristina de Kirchner “no lo vean así”. “Si hay intentos de desarmar una Concertación Plural, nosotros vamos a tratar de construir una Concertación Plural con quien la quiere construir. Esperemos que el gobierno no siga en un grado de autismo importante y reaccione en algún momento”, apuntó.
Por su parte, Jaliff -quien espera la aceptación de la renuncia que presentó el pasado martes insistió en que el vicepresidente “va a permanecer en su cargo los cuatro años” que le corresponden por mandato y se mostró esperanzado de que “con el tiempo la Presidenta entienda que con su voto Cobos la ha beneficiado”. “Creo que se va a terminar entendiendo con el tiempo que el voto de Julio terminó de solucionar un problema”.
MACRI, SAPAG Y SCHIARETTI VISITARÁN LA CASA ROSADA
El Gobierno reanudará hoy la ronda de reuniones políticas iniciada la semana pasada y desde este mediodía recibirá a cinco gobernadores y al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. El jefe de gobierno porteño tiene previsto visitar la Casa Rosada mañana, luego de que rechazara la semana pasada la invitación realizada por el jefe de Gabinete, Sergio Massa, al aducir que el encuentro carecía de agenda.
En la ronda de reuniones, no se descarta la participación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, distanciado de la presidenta Cristina Kirchner a raíz del conflicto con el campo y que le reclama al Poder Ejecutivo una deuda de mil millones de pesos por la caja previsional.
Según Schiaretti, el gobierno nacional le escamotea esos fondos en represalia por su rechazo a las retenciones móviles. Además, fueron la causa que lo obligaron a sancionar recortes en las jubilaciones que detonaron violentas protestas el último jueves.
GARRÉ CITÓ A UN ALTO JEFE DEL EJÉRCITO POR LA FUGA DEL REPRESOR CORRES
La ministra de Defensa, Nilda Garré, citó para mañana en su despacho al jefe del V Cuerpo de Ejército, el general Oscar Gómez, para que le brinde informes sobre la presunta complicidad de militares en la fuga del represor Julián "Laucha" Corres de una dependencia policial de Bahía Blanca.
"Se le va a pedir que informe sobre toda la situación", dijo escuetamente una fuente de la cartera de Defensa sobre el motivo de la citación. La ministra le pediría explicaciones a Gómez sobre la supuesta ayuda que habría brindado para la fuga un subordinado suyo, el teniente coronel Jorge Cocco, puesto en disponibilidad por orden de Garré y citado por la Justicia como testigo y no como imputado.
La ministra también requerirá de Gómez los resultados de la investigación interna ordenada la semana pasada. Garré les pidió a Gómez y al jefe del Ejército, Roberto Bendini, una "exhaustiva investigación" sobre la fuga de Corres. El represor se escapó de la delegación de la Policía Federal en Bahía Blanca el sábado 26 de julio. Allí se encontraba detenido en el marco de la causa que investiga los secuestros, torturas y desapariciones ocurridas en la zona durante la dictadura.
LA ECONOMÍA SE DESACELERA Y COMPLICA EL PANORAMA FISCAL
El superávit fiscal primario -antes de computar el pago de intereses de la deuda pública- que acumuló el Gobierno entre enero y junio de este año ascendió a $ 20.310 millones. En base a esta cifra, las cuentas fiscales parecen sólidas. Sin embargo, la mayoría de los expertos empezó a advertir la existencia de algunos nubarrones que podrían marcar un cambio de tendencia.
Lo más llamativo fue que uno de los primeros en advertirlo fue el Banco Central. En su reciente informe sobre inflación planteó: "Se prevé que el superávit fiscal supere este año la pauta del Presupuesto Nacional 2008 del 3,15% del PBI". Pero inmediatamente aclara que ese resultado no está garantizado: "Dependerá particularmente de cómo evolucionen las transferencias corrientes al sector privado y la ejecución de proyectos de inversión financiados con fondos públicos", alerta.
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