Cristina Kirchner se tomará los próximos días para "ordenar" la gestión después del duro revés en el Congreso en su proyecto por conseguir el aval para las polémicas retenciones móviles al agro. "Esto ha sido un mazazo en la cabeza", sostuvo un ministro del gabinete para graficar la situación de debilidad en la que quedó el Gobierno tras la agónica madrugada del jueves en el Senado en la que el vicepresidente Julio Cobos votó en contra del proyecto de retenciones impulsado por la Casa Rosada.
Esta semana será para analizar el panorama de la derrota y retomar la gestión, que nunca logró despegar desde que la Presidenta asumió, en diciembre pasado, y quedó estancada durante los más de tres meses de conflicto con el campo. Por el momento, Néstor y Cristina Kirchner se recluyeron con los pocos colaboradores de confianza que tienen en el poder para discutir los próximos pasos, según confió un funcionario, partícipe de esos diálogos íntimos. Todo el Gobierno está expectante a la espera de decisiones. "Está todo muy verde. Hay que esperar", pidió un alto funcionario.
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NADA TAN EXCITANTE COMO SEDUCIR A UN RADIKAL DESORIENTADO
“Somos radicales y no queremos dejar la Concertación.” La declaración del intendente de Junín y uno de los más activos militantes prokirchneristas desde la UCR buscó cerrar el abanico de especulaciones acerca del retorno al partido centenario de los desencantados del oficialismo. El voto “no positivo” del vicepresidente y máximo referente del radicalismo K en el Senado no sólo movió la estantería de funcionarios del Gobierno, sino que alentó la expectativa de repatriar a referentes radicales. O por lo menos, de separarlos de la vereda oficialista.
Meoni, de todos modos, aprovechó para cotizar en alza y remarcó que si la UCR pretende seducir al sector, “es necesario que se levanten las expulsiones. Tienen que aceptarnos como radicales miembros de la Concertación y poder presentarnos a elecciones democráticas. Queremos quedarnos en el radicalismo sin la condición excluyente de ser opositores”. Esos dos puntos fueron innegociables en la última decisión orgánica de la UCR que preside el senador jujeño Gerardo Morales, uno de los más firmes defensores del rol diferenciador de su partido del Gobierno. Y quien avaló que se tomaran medidas disciplinarias contra los radicales que integraron listas K.
El diputado radical Oscar Aguad, desde el sector del oficialismo partidario, se planteó la apertura pero con condicionamientos. “No hay recuperación posible del radicalismo a nivel nacional si no les abrimos las puertas a todos los radicales. Habrá que tener grandeza para recibirlos”, señaló el diputado cordobés Oscar Aguad. Y limitó: “Puede haber radicales de acuerdo con algunas cosas que hace el Gobierno, pero nosotros somos un partido opositor. No se puede ser oficialista y radical a la vez”.
Por si faltaban referentes de extracción radical, se sumó también el ex ministro de la Alianza, Ricardo López Murphy, Luego de abandonar el radicalismo y fundar su propio partido, Recrear, que también dejó a un lado, anunció ahora que mañana presentará un “movimiento de opinión”.
EL POLÉMICO MORENO ESTARÍA CON UN PIE FUERA DEL GOBIERNO
El poder del polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, estaría llegando a su fin. Ayer, los rumores iban y venían por los despachos oficiales, pero coincidían en un punto: el cuestionado funcionario kirchnerista tiene un pie fuera del Gobierno.
Los funcionarios que tienen trato con el matrimonio presidencial deslizaban ayer que "el tiempo de Moreno se acabó". Después de estar durante dos años en la primera línea de las decisiones económicas y de sobrevivir a varios embates, cualquier rumor sobre la salida de Moreno era resistido por algunos. Sin embargo, en los pasillos de la Casa de Gobierno aseguran que es la primera vez que hay una "sensación generalizada" de que la salida es inminente. Según pudo saber Clarín, la versión es difundida incluso por los llamados "kirchneristas puros", que hasta ahora se habían mostrado afines a los polémicos métodos del funcionario.
El punto final para Moreno sería una consecuencia más de la derrota que sufrió el Gobierno la semana pasada, cuando senadores propios y aliados rechazaron el proyecto de retenciones móviles a las exportaciones de granos. El voto en contra del vicepresidente Julio Cobos terminó de definir la disputa en favor del campo. Así, Moreno sería el segundo secretario de Estado que cae a partir de esta crisis. El primero fue el ex titular de Agricultura Javier de Urquiza, un funcionario eclipsado por el propio Moreno y que nunca tuvo buen diálogo con los ruralistas. De hecho, el nuevo secretario de Agricultura, Carlos Cheppi -cuya designación aún no fue oficializada- habría puesto como condición para asumir el desplazamiento de Moreno de su cargo.
El polémico secretario de Comercio fue una de las caras más visibles de la defensa del proyecto de retenciones móviles. Lo hizo en reuniones en su despacho y en cientos de llamadas telefónicas para disciplinar a los agentes económicos díscolos ante las propuestas oficiales. Además, estuvo presente en las principales manifestaciones en favor del Gobierno, codo a codo con otro kirchnerista polémico: el piquetero Luis D'Elía. La lista de los servicios prestados a Néstor y Cristina Kirchner es extensa. Moreno comandó la intervención del Gobierno en el INDEC, apadrinó los cambios en la medición de la inflación, presionó a las empresas para que firmaran los acuerdos de precios y llegó a ser temido por pequeños y grandes empresarios.
Ayer, los rumores se hacían más espesos a medida que pasaban las horas. Pero la salida podría demorarse algunos días. Es tradición en el kirchnerismo no entregar a un funcionario cuando existe una "operación clamor" pidiendo su renuncia. "La salida de Moreno tiene que ser leída como una manera de que el gobierno de Cristina recupere el protagonismo. Y no como una concesión hacia los sectores que se proclaman ganadores de esta pulseada", confió una fuente.
Junto con las versiones de la renuncia circulan las apuestas acerca de quién será su sucesor, apuestas a las que ponían sus fichas por igual los duros y blandos del Gobierno: los primeros, en favor de Ricardo Echegaray. hoy a cargo de la Oficina Nacional de Control y Comercio Agropecuario (ONCCA), la entidad que se ocupa, entre otras cosas, del reparto de las compensaciones al sector agroalimentario. Una figura resistida por los ruralistas.
Del otro bando aparecen las figuras del senador y ex subsecretario Pyme Eric Calcagno y el de la titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont. "Si designan a Echegaray será una señal clara de que el ministro de Economía sigue siendo Néstor Kirchner", señaló un funcionario, en alusión al estrecho vínculo entre el hombre de la Aduana y el ex presidente. Ayer, mientras los rumores sobre su futuro iban y venían, Moreno se paseaba sin empachos por el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en medio del acto que encabezó Cristina Kirchner por la reestatización de Aerolíneas Argentinas.
EL GOBIERNO ECHÓ A SEIS FUNCIONARIOS DE COBOS
No hicieron falta demasiadas explicaciones para ratificar con hechos las ideas que hoy sobrevuelan en la Casa Rosada. El Gobierno expulsó ayer por resolución ministerial a seis funcionarios que respondían al vicepresidente Julio Cobos y que trabajaban en el Ministerio de Planificación de Julio De Vido.
De esta manera, la presidenta Cristina Kirchner emitió de un plumazo tres claras señales políticas a menos de una semana del revés que sufrió en el Congreso: por un lado, confirmó su estilo de confrontación hacia quien considera un "traidor" por haber votado en contra del proyecto de retenciones; ratificó que la denominada concertación plural conformada con los radicales está herida de muerte, y, por otra parte, logró con esta jugada otorgarle mayor poder a De Vido, un ministro que hasta ayer muchos veían muy debilitado.
En una breve resolución que lleva la firma de De Vido, la Presidenta desplazó al subsecretario de Combustible, Alejandro Rodríguez; al director nacional de Refinanciación y Comercialización, Eduardo Moreno; al director nacional de Exploración, Producción y Transporte, Miguel Hassekiff; al director nacional de Economía de los Hidrocarburos, Carlos Fernández; a la directora de Combustibles Líquidos, Laura Fagot y al director de Gas Licuado y Petróleo, Daniel Sosa Medina.
Todos estos funcionarios eran técnicos que había llevado Cobos desde Mendoza, ya que habían trabajado con él en la gobernación y les tiene mucha confianza. Aún quedan unos cinco funcionarios que llevó Cobos al Ministerio de Planificación y a Economía. A la vez, el radicalismo K cuenta también con Horacio Quiroga, subsecretario de Relaciones Institucionales de la Cancillería. "No había motivo alguno para que nos echaran porque técnicamente veníamos trabajando en Planificación de manera impecable y codo a codo con otros funcionarios del Gobierno", expresó Rodríguez. El subsecretario de Combustible no quiso hacer una lectura política de su desplazamiento, pero los hechos hablan por sí solos.
SE PUSO EN RIESGO LA UNIDAD DE LOS BLOQUES KIRCHNERISTAS
La unidad de los bloques legislativos kirchneristas dependerá de la actitud que adopte el Poder Ejecutivo. Ese es el espíritu que imperaba ayer entre los diputados y senadores peronistas que votaron en contra el proyecto de ley de retenciones móviles. "Nadie se queda en el lugar en que no está cómodo", advirtió el diputado Felipe Solá (Buenos Aires).
Los rumores de ruptura comenzaron a circular la misma madrugada que el Senado rechazó las retenciones, y se agravaron luego de que anteayer la diputada Marta Velarde (Santiago del Estero), anunciara su decisión de escindirse del bloque kirchnerista. Sin embargo, la actitud de la legisladora santiagueña no parece ser, por el momento, una opción para los 14 diputados y 8 senadores que se opusieron al proyecto, aunque hubo coincidencia en reclamar "gestos" de contención al Gobierno. "Si el Gobierno tiene una actitud de amplitud y somos iguales, no tendríamos por qué forzar nada", afirmó Solá, quien se convirtió en referente de los diputados kirchneristas que votaron en contra.
En el mismo sentido se manifestó el senador Juan Carlos Romero (Salta). "No necesariamente haber votado separados implica que tengamos que irnos del bloque. Depende del trato que nos den", afirmó el vicepresidente de la Cámara alta. Sin embargo, tanto Solá como Romero se preocuparon por advertir que dependerá del trato que les dispense el Poder Ejecutivo la continuidad de la unidad del kichnerismo en el Parlamento.
LA OPOSICIÓN REACTUALIZA SUS PLANTEOS AL GOBIERNO
“Está bien aumentar las asignaciones familiares y elevar el mínimo no imponible de ganancias. Lo compartimos. Pero ninguna de esas medidas será efectiva si no se frena el gravísimo problema de la inflación y su costo social”, dijo Elisa Carrió en su primera conferencia después del conflicto del campo. Fue para marcar territorio opositor y reclamar la “inmediata renuncia de Guillermo Moreno”, el secretario de Comercio que maneja con rienda corta los cuestionados números del INDEC. Según Carrió, “uno de los disparadores de la inflación es el de las expectativas, lo que la gente cree que va a ser la inflación. Y como nadie cree los numeros del INDEC, lo que hace la gente es suponer cuánto es realmente la inflación. Y eso dispara hacia arriba”. Con ese argumento, propuso “a la Presidenta Cristina Kirchner” una “urgente recuperación de la credibilidad” de la oficina de estadísticas públicas. Demandó, además, un ajuste en las jubilaciones y la discusión parlamentaria del “ingreso ciudadano a la niñez”. Carrió fue la exponente más mediática de la estrategia que la oposición llama “agenda postergada”. Se refiere a temas que considera claves en el corto plazo y que estuvieron soterrados por la guerra gaucha.
El PRO coincidió. “En la agenda de la segunda mitad del año, los temas principales son la inflación, la ley de movilidad jubilatoria, el tema energético y el transportes”, dijo a este diario el diputado Federico Pinedo. También planteó que el PRO cuenta con un proyecto que apunta a actualizar las jubilaciones en base a los salarios promedios actuales.
En cuanto a la inflación, Pinedo aseguró que en los próximos días citarán al titular del Banco Central, Martin Redrado, a Diputados, para analizar la situación de la economía y poder comenzar a sincerar las tarifas para “poder establecer mecanismos de redistribución”.
Para los radicales, conducidos por Gerardo Morales, y los ARI disidentes, que conformaron el espacio Solidaridad e Igualdad (SI), la agenda postergada es punto de coincidencia, pero discrepan respecto de dar vuelta la página del campo. “Hay que proteger a los pequeños y medianos productores”, señaló Eduardo Macaluse, titular del SI. Por su parte, Morales indicó que las condiciones están dadas para que la oposición siga trabajando en forma conjunta.
SOLÁ ABRE EL PARAGUAS EN EL BLOQUE
Felipe (Solá) tiene la idea de que quien larga primero también alcanza ese puesto en la llegada. Pero en política esto no siempre es así.” Con esa frase, otro de los diputados oficialistas díscolos –que no acompañaron el proyecto del Gobierno de retenciones móviles– desestimó “por ahora” la fractura del Frente para la Victoria en la Cámara baja, como insinuó Sola.
Cerca del ex gobernador bonaerense admiten que esa posibilidad depende del trato que reciban de parte de la bancada oficialista y de la decisión que adopten los también díscolos Juan Schiaretti, Jorge Busti y Carlos Reutemann. Como conocen los rumores que se tejen en el kirchnerismo, descartaron cualquier injerencia de Eduardo Duhalde. En tanto, en la conducción del bloque K anticiparon que esperarán un par de semanas para que se enfríe la situación y evaluar el comportamiento de los rebeldes. Allí las posturas también se dividen entre duros y conciliadores.
“Fue la respuesta a una pregunta donde se planteó la posibilidad de que se fracture el bloque oficialista”, dijeron los voceros de Solá en un intento de bajarles los decibeles a sus declaraciones. Pero el bonaerense fue contundente a la hora de definir la situación públicamente: “Somos hombres libres y vamos a hacer lo que se nos cante”, dijo después de confirmar que las conversaciones con el resto de los diputados rebeldes continúa y que “nos vamos a juntar y nos vamos a hacer respetar”, dentro o fuera del bloque oficialista.
Las actitudes de Solá van desde enfrentar al Gobierno en una votación decisiva en el Congreso –encolumnando oficialistas y aliados díscolos detrás de su propio proyecto– hasta consultas casi naïves como cuando preguntó el jueves pasado si también estaba invitado a la recepción que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ofreció en Olivos a los legisladores leales.
“No todos quieren abandonar el oficialismo”, reconocieron cerca de Solá para desmentir que la conformación de un bloque rebelde ya esté resuelto. “Mucho depende de cómo los traten, nadie va a aguantar que le digan todo el tiempo traidor, y de lo que harán otros dirigentes que tomaron la misma actitud”, dijeron las mismas fuentes e incluyeron en la lista a Schiaretti, Busti y Reutemann. Pero enseguida excluyeron a Duhalde, con quien Solá –aceptan– mantiene una buena relación pero no ve como líder de un nuevo proyecto.
“Todavía no nos echaron”, dijo otro de los diputados rebeldes consultados por este diario. “Es cierto que no es un capítulo cerrado, como también es cierto que no estamos en contra del Gobierno”, sostuvo también otro de los 15 diputados oficialistas que le bajaron el pulgar a la iniciativa reguladora que imponía retenciones móviles.
En cambio, quien sí sacó los dos pies del plato fue la diputada santiagueña Marta Velarde, que ya conformó su bloque Justicialismo Republicano (Jure). “Está abierto a todos”, dijo Velarde en referencia a su flamante monobloque, que a pesar de mantener “excelente relación” con díscolos y leales no recibió ningún pedido de sumarse a su decisión.
En el bloque kirchnerista están dispuestos a “dejar pasar bastante agua bajo el puente” antes de tomar una determinación con los rebeldes. El jefe del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, se tomó una semana de descanso donde no llegan las llamadas de celulares para luego encarar la nueva etapa. “No vamos a echar a nadie, pero tendrán que dar explicaciones a los diputados que se jugaron la vida acompañando el proyecto del Gobierno mientras ellos se diferenciaban para posicionarse políticamente”, repetían en la conducción de la bancada oficialista sobre la actitud de los rebeldes.
EL PJ RECLAMÓ A LOS KIRCHNER QUE DEJEN EL CLIMA BELIGERANTE
El peronismo se plantó. Quiere terminar con la era de la movilización permanente. De diferentes maneras, gobernadores, intendentes del conurbano y legisladores se lo dejaron claro a los Kirchner en los últimos cinco días.
"Hay que volver a la normalidad. Más gestión y menos filosofía. La única manera de ganar las elecciones de 2009 es gobernando y no peleándose con todo el mundo", resumió uno de los dirigentes que el viernes pasado visitó en Olivos a la presidenta Cristina Kirchner. Segunda lectura: al peronismo ya le preocupa la batalla electoral del año próximo.
El mayor esfuerzo tiene que ver con serenar a Néstor Kirchner, quien, según uno de sus allegados, aún se considera "traicionado" por el vicepresidente Julio Cobos, contra quien promete venganza. El líder del Partido Justicialista (PJ) viajó a Santa Cruz el fin de semana y eso permitió que la dirigencia se relajara un poco después de cuatro meses de nervios y mucha tensión. "Dejaron de sonar los celulares. Fue una sensación única", bromeó ayer uno de los integrantes del partido.
Antes del voto "no positivo" de Cobos en el Senado, varios dirigentes del PJ habían revelado que Kirchner pensaba dejar a un lado su protagonismo en la política nacional para permitir el crecimiento de la figura de Cristina Kirchner.
La hipótesis no contaba con el "efecto Cobos". La furia que envolvió al presidente del PJ en la madrugada del jueves pasado, tras la votación, amagó con modificar aquella previsión. Sólo cuando notó que chocaba contra un peronismo harto de tanta movilización y enfrentamiento, Kirchner reconsideró la posibilidad de encabezar una nueva manifestación "en defensa del gobierno nacional y popular", como le gusta definir los cinco años y pico de administración kirchnerista. Según fuentes del PJ, hasta el ultrakirchnerista Carlos Kunkel frenó al ex presidente cuando éste le insinuó seguir con la política de tensión. "No, basta. Esas locuras las hacía cuando era chico, pero ahora hay que cortarla y dedicarse a gestionar", le habría dicho Kunkel durante una conversación a los gritos. El viernes, en Olivos, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, quien expresó la postura de la mayoría peronista: dijo a la Presidenta que la dirigencia partidaria acompañaría la gestión "hacia adelante". El mensaje pretendió marcarle al Gobierno la necesidad de gestionar sin entrar en nuevos conflictos.
CAMPO HOY DEFINE RECLAMOS Y ANALIZA SUS DIFERENCIAS
Tras suspender la reunión prevista para ayer, la Comisión de Enlace rural informó que se juntará hoy por la tarde para analizar la situación del sector y organizar los pedidos que hará al gobierno nacional. Si bien los ruralistas están satisfechos con el freno a la Resolución 125 y el retorno del sistema de retenciones fijas, se encargaron de aclarar que el conflicto continúa, sobre todo para los pequeños productores que -aseguran no pueden afrontar retenciones de 35%.
“La Comisión de Enlace se reunirá para definir los nuevos pasos a dar”, dijo ayer el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, quien entiende que “las condiciones están dadas para iniciar un borrón y cuenta nueva en su relación con el sector productivo”. Más duro, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, volvió a alertar sobre “la necesidad de implementar políticas a favor de los pequeños productores”. En este mismo sentido el dirigente de Confederaciones-Rurales Argentinas (CRA), Santiago Rabacedas, aclaró que “después de la Resolución 125, todavía debe haber cambios”.
DUDAN DEL DECRETO QUE LIMITA LAS RETENCIONES
Serias dudas despertó en la comisión de enlace de las entidades agropecuarias el decreto que dio de baja ayer las retenciones móviles, luego de que el Senado rechazara ese mecanismo, el jueves pasado. La alerta se encendió por una sutileza de vocabulario: la norma publicada en el Boletín Oficial no habla de derogar la resolución 125, que fijó las alícuotas móviles, sino de "limitar" su vigencia.
"El concepto de limitar la vigencia es parcial. No se sabe si la limitación es sobre todas las producciones o sobre qué plazo temporal. La terminología es muy ambigua", explicó Miguel Giraudo, gerente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).
"Las normas publicadas no derogan ni suspenden el sistema que provocó el conflicto, sino que simplemente modifican las alícuotas vigentes. Eso no va a generar la confianza suficiente para que muchos salgan a vender", dijo Juan Pedro Merbilhá, abogado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Cabe recordar que fuentes oficiales dijeron días pasados que en derecho administrativo la palabra "limitar" significa "derogar".
EL REEMPLAZANTE DE URQUIZA LLEGARÁ A UN ÁREA DEBILITADA
En términos de política agropecuaria, el posible nuevo secretario del área, Carlos Cheppi, como sus antecesores, no tendrá mucho margen para la decisión. El hombre llegaría a un organismo virtualmente desmantelado por la administración Kirchner, con buena parte de sus cargos vacantes desde hace más de un año y varias de cuyas funciones fueron transferidas a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) y a la Secretaría de Comercio Interior.
En 2003, Cheppi fue el encargado de redactar el capítulo agropecuario de la plataforma electoral del Frente para la Victoria que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia, y por eso siempre se especuló con su desembarco en la Secretaría de Agricultura. En esa plataforma, entre otras cosas, el candidato a secretario propuso eliminar progresivamente las retenciones a las exportaciones de granos. Ese documento contemplaba: "Una vez alcanzado el equilibrio fiscal y en la medida de las posibilidades presupuestarias, comenzar un proceso de eliminación de las retenciones a las exportaciones". Sin embargo, cuando el kirchnerismo daba batalla para imponer la resolución 125 de retenciones móviles, el propio Cheppi expuso en el Congreso en favor del Gobierno y aportó datos técnicos. Esas exposiciones en el Senado y en la Cámara de Diputados le valieron una minirrebelión en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un organismo autárquico compuesto por técnicos de reconocido prestigio entre los hombres de campo y que preside desde abril de 2004.
En las oficinas que el INTA tiene en todas las provincias, en general, los números que manejan los asesores técnicos suelen confirmar las posiciones del sector agropecuario. Cheppi o quien sea el nuevo secretario se encontrará con una agenda agropecuaria cargada y urgente, y con escaso margen para decidir soluciones. La lista de temas pendientes de la gestión Kirchner incluye la severa crisis que atraviesa la ganadería, sobre todo por las fuertes limitaciones para la exportación; la situación de la lechería, cuya producción cae sistemáticamente desde hace más de un año y que encuentra a los tamberos en pie de guerra reclamando mejoras en el precio que perciben por la leche cruda; las condiciones de comercialización del trigo y otros granos, afectados por la política de precios máximos de Comercio Interior; la situación de las economías regionales, como el algodón o el arroz; el fuerte aumento de los insumos agropecuarios -cuyos precios están directamente vinculados al valor internacional del petróleo y los minerales-, entre otras cosas.
El funcionario llegaría a un área debilitada, que desde hace años se limita a programas de fomento y actividades de capacitación menores. La Oncca, que distribuye alrededor de 2000 millones de pesos en subsidios y reparte la codiciada cuota Hilton -los cortes de mayor calidad y precio que la Unión Europea compra en condiciones arancelarias preferenciales- pasó a controlar también los registros de exportaciones de granos, en los que las empresas exportadoras deben anotar sus ventas para poder luego embarcar la mercadería.
CARRIÓ PIDIÓ LA SALIDA DEL SECRETARIO DE COMERCIO
En medio de los crecientes rumores de renuncia del polémico secretario de Comercio Interior, la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le exigió a la presidenta Cristina Kirchner "echar al señor Moreno y poner autoridades económicas en serio".
En su pronunciamiento, Carrió también le reclamó al Gobierno "una reforma profunda del Indec para enfrentar la inflación", problema que consideró el más grave que vive el país en este momento. "La inflación es el principal problema que tienen todos los argentinos y la están pagando los más pobres, los asalariados y los jubilados", sentenció.
Al respecto, la Coalición Cívica elaboró un documento sobre la inflación en el que se señala que una de las primeras medidas que debe adoptar el Poder Ejecutivo "es reconocer su existencia". Como contrapartida, la dirigente opositora dijo que compartía los aumentos en salarios mínimos, jubilaciones y asignaciones familiares que estaría por decidir el Gobierno.
ACUSAN A GENTE DE MORENO DE DESTROZAR OFICINAS EN EL INDEC
Las versiones sobre el posible desplazamiento de Guillermo Moreno derivaron ayer en serios incidentes en el interior del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), organismo donde el secretario de Comercio Interior tiene amplia influencia política.
Según denunciaron los trabajadores enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio que ha acusado a la conducción del organismo de manipular las estadísticas públicas, "una patota de Moreno" destrozó su local en el décimo piso del Indec y amenazó de muerte a seis empleados que se encontraban en el lugar. "Esta es una isla; de acá no salen más", cantaban unos 20 o 30 miembros de la Unión Personal Civil de la Nación (el gremio mayoritario en el Indec), mientras rompían los vidrios de la oficina de ATE, denunciaron los agredidos. Con la oficina rodeada, los seis militantes de ATE debieron aguardar más de una hora a que la policía se hiciera presente para poder salir sin riesgo.
LULA SALIÓ A DARLE FUERTE RESPALDO A CRISTINA
El brasileño Lula da Silva quiso comunicarse dos veces con la presidenta Cristina Kirchner el viernes pasado. Desde el avión presidencial, que lo llevaba rumbo a Riberalta (en la Amazonia boliviana), Lula la llamó por teléfono durante la mañana. Pero justo en ese momento Cristina recibía al jefe de Estado de Lituania.
Ya en Bogotá, el mismo viernes por la noche, Lula intentó un nuevo contacto. Pero no se pudo materializar porque ya era demasiado tarde en Buenos Aires. El huso horario de Colombia marca dos horas menos que el de la Argentina. Entre el sábado y el domingo, el presidente brasileño tuvo una agenda muy apretada por sus encuentros con Alvaro Uribe, de Colombia, y Alan García, de Perú. Fue un auténtico correr de acto en acto y de vuelo en vuelo, como lo experimentó Clarín al acompañar la comitiva. Lula tenía interés en comentar a su colega de Argentina algunos asuntos que iría a tratar con los cuatro presidentes con los que se entrevistó en el curso de apenas dos días y medio: primero con Evo Morales y con Hugo Chávez; luego, con Uribe y García.
En esa gira se tomaron importantes decisiones que facilitaron el ingreso de Colombia al Consejo de Defensa.
En una nota difundida ayer, Marco Aurelio García, asesor en política exterior del presidente brasileño, subrayó la "admiración que Lula siente por su amiga Cristina Kirchner" y recordó que "mantiene con ella una relación fraterna".
Ante versiones periodísticas de Buenos Aires, García desmintió ayer que hubiese existido una comunicación telefónica de Lula con consejos para Cristina.
MALESTAR CON D´ELÍA
"Luis D´Elía no representa siquiera al justicialismo. A mí no me representa. Me calienta muchísimo cada vez que aparece. Cuando lo veo, apago el televisor o la radio porque no soporto escucharlo." La frase corresponde al gobernador de San Juan, el kirchnerista José Luis Gioja. "Me parece que nos ha hecho muchísimo daño y una de las cosas que tenemos que aprender es ésa", puntualizó el mandatario, en contra del ex piquetero que ayer, casualmente, fue uno de los ausentes en el acto que se hizo en la Casa Rosada, donde se anunció la reestatización de Aerolíneas Argentinas.
NO HAY “DESTITUYENTES” A LA VISTA
La Justicia archivó a máxima velocidad y por “inexistencia de delito” la denuncia de Ricardo Monner Sans, quien la semana pasada pidió que se investigue si hubo “un intento de desestabilización” contra la presidenta Cristina Fernández, según los dichos de Néstor Kirchner frente a un grupo de intelectuales en la Biblioteca Nacional.
El fiscal Federico Delgado escribió un dictamen archivando la causa y dejando de lado la posibilidad de realizar un “requerimiento de instrucción” al juez Daniel Rafecas, quien siguió el pedido del fiscal y archivó el prematuro expediente. Según Delgado, las palabras de Kirchner son “conjeturas” hechas en el marco de “declaraciones políticas”.
El sábado 12 Kirchner se presentó frente a un grupo de intelectuales en la Biblioteca y habló de todos los temas políticos de la gestión que comanda su mujer. En ese marco, hizo pública una sospecha que había repetido varias veces en privado. Dijo que el 16 de junio el Gobierno tenía información de que estaba en marcha un intento de destituir a la Presidenta. Los autores detrás del “golpe” serían dirigentes del campo, grupos de derecha y algunos peronistas disidentes con protagonismo en la década del 90. Aquella teoría surgió la misma noche del 16 de junio cuando los cacerolazos hicieron ruido en todo el país y llegaron hasta la quinta de Olivos. Fueron dos días después de que el entrerriano Alfredo De Angeli fuera detenido por unas horas en manos de la Gendarmería nacional.
OPOSICIÓN EN LA JUSTICIA A UNA REFORMA DEL GOBIERNO
La inminente aplicación de una reforma procesal que apunta a acelerar causas judiciales está provocando una fuerte resistencia en la Justicia: tribunales de apelaciones, jueces y fiscales advierten que en las actuales condiciones los cambios pueden ser contraproducentes y retrasarían las investigaciones.
La ley en cuestión modifica el trámite de todas las causas penales de la justicia nacional y establece que la apelación en las diferentes cámaras ya no será escrita, sino oral, y que los debates serán públicos y quedarán grabados.
Sancionada el 21 de mayo e impulsada por el Gobierno para acelerar los juicios sobre violaciones a los derechos humanos, la norma estipula, además, que los camaristas deberán resolver las apelaciones de inmediato tras las audiencias, que se celebrarán no más de 30 días después de que los expedientes lleguen a los tribunales de alzada. Hasta ahora, muchos de esos trámites suelen demorar varios meses.
Cuando falta poco más de un mes para la entrada en vigor de la ley, el 29 del mes próximo, en los tribunales la preocupación crece y se multiplican las voces de alerta. Jueces y fiscales advierten que cada día los camaristas tendrán que atender audiencias durante más de diez horas seguidas, que aún no se crearon las oficinas que la ley prevé para organizarlas, que no hay salas suficientes para los debates y que tampoco hay personal ni recursos para hacer las grabaciones. Sostienen, además, que la norma es sólo un "parche", ante la paralización de la reforma integral del Código Procesal Penal, que el Gobierno anunció en septiembre del año pasado y que no tuvo avances en el Congreso.
DICEN QUE EL FBI OCULTA UN PACTO CON ANTONINI PARA EVITAR LA EXTRADICIÓN
Franklin Durán, el único detenido en el caso llamado valijagate que todavía no se declaró culpable en Miami, lanzó una verdadera ofensiva contra su ex socio Guido Antonini Wilson poniendo en cuestión su credibilidad en tanto "testigo protegido".
En una moción presentada el viernes y a la que tuvo acceso Clarín, su abogado defensor Ed Shohat dice que un abogado argentino -que no identificó- le reveló que "el Departamento de Estado ya le informó al Gobierno argentino que Antonini no será extraditado" porque es un "testigo protegido" y que si eso es así el fiscal debe decirlo públicamente. Su hipótesis es que si Antonini negoció colaborar con el FBI para no ser extraditado a la Argentina, su credibilidad como testigo está en duda ya que tenía tanto miedo de terminar en nuestro país y por lo tanto puede haber dicho cualquier cosa para evitarlo.
La Fiscalía ya ha dicho en dos ocasiones que el gobierno de EE.UU. no le "prometió" nada a Antonini en relación con la extradición. Pero, según Shohat, el gobierno quizá no le prometió nada, simplemente actuó. "No se le debería permitir al gobierno que manipule las palabras para no tener que cumplir con la obligación de revelar la evidencia. Si el Departamento de Estado le negó la extradición de Antonini porque es un testigo protegido, Durán tiene derecho a tener toda la evidencia relacionada con ese hecho, y cómo es que tuvo lugar", dice Shohat en su presentación.
AMIA: PARA IRÁN SON “RIDÍCULAS” LAS ACUSACIONES
Una fuente de la Cancillería rechazó las acusaciones contra esa nación lanzadas durante el acto del último viernes en recuerdo de las víctimas del atentado contra la AMIA.
La fuente "informada" citada por IRNA sostuvo que en la Argentina "se continúa con el juego de las acusaciones y se propagan reclamos ridículos y completamente falsos para atribuir la cuestión a otros países". La fuente de la Cancillería iraní también cuestionó a la Justicia argentina y recomendó utilizar "los informes de las instituciones internacionales confiables". En el acto del viernes, los familiares de las víctimas directamente pidieron al Gobierno que rompa relaciones diplomáticas con Irán. Además, cuestionaron a este país por no arrestar a los sospechosos cuya captura internacional pidieron el fiscal Alberto Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral.
ECONOMÍA
CON FUERTE RESPALDO GREMIAL, REESTATIZARON AEROLÍNEAS
Todo tuvo el tinte de las históricas euforias gubernamentales: ovación persistente, cantos, afluencia masiva partidaria y gritos de guerra a favor, esta vez, del Estado empresario. Con un fuerte respaldo de los gremios aeronáuticos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció oficialmente ayer la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. Pocas horas antes, el Gobierno había acordado con el grupo español Marsans, ex controlante de ambas compañías, el traspaso del 100% de las acciones. La nacionalización, que será enviada al Congreso, no tiene plazo ni compromiso de venta a inversores privados.
Aerolíneas pierde US$ 1 millón por día y el mercado aerocomercial atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia, con el petróleo a más de 130 dólares. De ahí la salvedad de la Presidenta: "Me hubiera gustado que este acto no tuviera lugar, que quienes tuvieron a su cargo la empresa hubieran podido llevar adelante una operación exitosa. Hoy estaríamos aquí encontrándonos por otras razones", sostuvo, y volvió a decir que la situación de las operaciones justificaba la medida.
DEFINE COBOS INEXISTENTE COMISIÓN PARA AEROLÍNEAS
“Estoy más escondido que Bin Laden”. La confesión de Julio Cobos desde una cabaña de Uspallata, en las frías montañas de la Cordillera de los Andes, revela la fractura política entre el vicepresidente y el gobierno nacional. El presidente del Senado deberá poner la firma para constituir la inexistente Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, encargada de emitir dictamen sobre el proyecto de Cristina de Kirchner para estatizar Aerolíneas Argentinas.
El proyecto del Poder Ejecutivo deberá ser analizado por esa comisión bicameral que, a pesar de tener designados a los senadores que la integran, todavía no tiene ni diputados ni autoridades designadas. Desde el despacho de
Cobos confirmaron ayer que ese cuerpo legislativo no estaba aún constituido en su totalidad y que para designar a su presidente, vicepresidente y vocales hacía falta la firma de Cobos. Pero fue un día de versiones encontradas en el Senado. Aunque en las páginas Web del Senado y de Diputados la comisión bicameral aparece pendiente de integración, desde la jefatura del bloque kirchnerista que comanda Miguel Pichetto, aseguraron que en la página del Congreso ya aparecen los seis senadores que la conforman: el radical Juan Carlos Marino y cinco kirchneristas: el bonaerense Eric Calcagno, el porteño Daniel Filmus, los formoseños José Mayans y Adriana Bortolozzi y la correntina Isabel Viudes. Sólo faltaría entonces, según la versión oficialista, la designación de los seis diputados que se sumarán a la bicameral y la designación de sus autoridades, previo aval de Cobos.
TODO LISTO PARA OTRA BATALLA PARLAMENTARIA
La oposición parlamentaria sospecha que detrás de la reestatización de Aerolíneas Argentinas se esconde un negociado. “Acá hubo vaciamiento, corrupción y complicidad”, dijo la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. El proyecto de ley que Cristina Fernández anunció que enviaría al Congreso para ratificar la movida estatal es la primera medida política del kirchnerismo luego de la derrota que sufrió su iniciativa de las retenciones móviles.
Los parlamentarios de la oposición no quieren quedar pegados con lo que sospechan que es otro despropósito. La unanimidad de algunas reacciones promete reeditar el mismo frente que le puso fin a la resolución 125. Ese rechazo podría sortearse si ahora el Gobierno se limita a pedir la ratificación del acta acuerdo y en otro momento envía un proyecto que aparezca respaldado por estudios de auditorías confiables.
Al definir dónde se encontraba la corrupción, Carrió responsabilizó “al operador y al Estado”. Además de reivindicar el derecho de los usuarios, insistió en que no había que “volver a construir un negocio fraudulento”. A una definición similar recurrió el diputado Claudio Lozano. En diálogo con este diario, Lozano manifestó sus dudas sobre las intenciones del oficialismo. “Habrá que ver si no estamos frente a un nuevo capítulo del Estado bobo que luego de un vaciamiento se hace cargo de la deuda de un privado y el círculo vuelve a repetirse”, dijo Lozano. El diputado subraya que sus sospechas tienen fundamentos. “A juzgar por quienes intervienen en el proceso, todo volverá a pertenecer a un negocio privado. Y el empresario Juan Carlos Lopez Mena, dueño de Buquebus y amigo del Gobierno, está con los brazos abiertos y listo para comenzar a operar la empresa”, concluyó Lozano.
La deuda de la empresa es una de las grandes dudas que tienen los parlamentarios. A última hora de ayer, el diputado por la bancada Solidaridad e Igualdad Carlos Raimundi trabajaba sobre un proyecto que propone crear una “comisión de seguimiento que tenga facultades investigativas”. Raimundi está de acuerdo con que la empresa vuelva a manos del Estado pero alerta que hay que evitar que se convierta “en una nueva estafa”. En diálogo con este diario, Raimundi coincide en que el Estado nunca tendría que haberse desprendido de Aerolíneas Argentinas. No obstante, el regreso de la firma a manos estatales le genera tantas dudas como ayer mostró el resto de los parlamentarios de la oposición. La participación del ministro Julio De Vido en el proceso es uno de esos cuestionamientos. Claro que no el único, ya que a ese nombre se suma el del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el del ex intendente de La Plata y hoy representante del Estado en la empresa Julio Alak.
Raimundi va más allá y también pone el acento en las relaciones empresarias que el gobierno argentino mantiene con sus pares españoles y cuestiona al embajador argentino en España, Carlos Bettini. “Mientras la empresa española Marsans reconoce una deuda de alrededor de 200 millones de dólares, el Estado argentino declara que la misma asciende a más de 900 millones”, destaca Raimundi.
El radical Gerardo Morales coincidió con casi todo el arco opositor. Consideró que el Gobierno contribuyó al vaciamiento de la empresa y que ahora presenta las cosas de tal manera que la reestatización es la única salida posible. “Espero que mañana no aparezcan Ricardo Jaime o Julio De Vido al frente de Aerolíneas Argentinas”, sostuvo el titular del radicalismo. Luego del triunfo que logró con el rechazo a las retenciones, la oposición promete que se hará escuchar.
LA CRISIS CON EL CAMPO AFECTÓ EL SUPERÁVIT FISCAL DE JUNIO
La crisis política y económica de los últimos meses volvió a pegar de lleno en el resultado fiscal primario (antes de computar el pago de la deuda), que el mes pasado mostró un superávit apenas moderado, alimentado fundamentalmente por el giro de utilidades del Banco Central al Tesoro nacional.
El resultado primario el mes pasado fue de $ 2649,3 millones, un 15% más que en junio de 2007, según informaron ayer el ministro de Economía, Carlos Fernández, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.
El gasto primario subió el 31% y los ingresos, un 28%, en el contexto de la fuerte incertidumbre generada por el extenso conflicto con el campo. En junio de 2007 el ahorro del Estado había sido de $ 2300 millones, según los números que los funcionarios le presentaron ayer a la tarde a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la Casa de Gobierno. Luego, destacaron los datos en una conferencia de prensa en la que, sin embargo, omitieron detallar que por el rubro "rentas de la propiedad" ingresaron $ 1044 millones, como adelanto de utilidades del Banco Central.
CONTROVERTIDA AYUDA PARA LA LECHERÍA
El controvertido acuerdo lácteo suscripto el 2 de julio entre el Gobierno y parte de la producción y de la industria quedó formalizado ayer al publicarse ayer en el Boletín Oficial. Se ratifican así las resoluciones del Ministerio de Economía que establecen un mecanismo de compensación del precio de la leche al productor y a la industria.
Lo anunciado ayer despierta amplia oposición en varios sectores de la producción y entre las entidades gremiales del agro, pues la propuesta del Gobierno no fue consensuada. Manuel Ocampo, de la Asociación de Productores de Leche (APL), señaló que esa entidad es muy crítica de la política oficial respecto del sector, "pues llega por atrás, corrigiendo con atraso; no da la solución que cabe esperar". Ocampo dice que las resoluciones que hoy entran en vigor fueron de alguna manera impuestas: "Nos presentaron los hechos acabados a horas de la reunión con la presidenta de la Nación; están manejando el sector con fórceps", graficó.
A su vez, Jorge Secco, del Centro de la Industria Lechera (CIL), confió que las empresas están analizando las resoluciones de Economía y "esperando alguna señal de la Secretaría de Comercio Interior", pues anticipó que "hay un nuevo valor para el productor, que es difícil de pagar en el actual contexto de precios". Y también se quejó de la inmediatez con que le avisaron del acuerdo. "Vení a firmar", le dijeron.
LA NACIÓN/SECCIÓN ECONOMÍA, PÁGINA 2
