La celeridad para averiguar si el detenido es requerido por alguna autoridad judicial y la identificación inmediata por sus huellas digitales, mediante el sistema "Afis", evitarán que, por vencimientos de plazos procesales, un "buscado" sea liberado.
La instrumentación de este método fue acordado esta semana entre el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, y la procuradora General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo.
De esta manera, se establecerán las "Unidades de Recepción y Expedición de Antecedentes Penales" (UER), que estarán a cargo de personal de la Policía Judicial bonaerense, dependiente de la Procuración.
El secretario de Policía Judicial de la Procuración, Jorge Amorín, explicó que Télam que "la instalación de estas terminales del software en todos los departamentos judiciales les permitirá a los fiscales pedir directamente al sistema antecedentes policiales y reincidencia de los aprehendidos a la vez".
"De esta manera -sostuvo- se evitarán demoras, generalmente involuntarias, sobre todo durante los feriados o, por ejemplo, Semana Santa, cuando no hay personal necesario para el envío de información personal".
Es que en la actualidad, cuando un fiscal solicita datos de personas aprehendidas al Registro Nacional de Reincidencia, recién recibe respuesta a los dos o tres días, lapso que se extiende en los feriados.
Amorín precisó que "para dictar la libertad a un aprehendido, las autoridades judiciales deben determinar que no tienen pedidos de detención pendientes, por lo que la información del Registro de Reincidencias es vital".
"En el caso de que se venzan los plazos procesales, el aprehendido debe recuperar la libertad inmediatamente, pero después pueden llegar los antecedentes con pedidos de detención de otros juzgados y ya están liberados", advirtió.
No obstante, este sistema informático también beneficiará a quienes tienen que ser liberados, ya que en horas, y no en días, se resuelve su situación.
En el acto de firma de este acuerdo entre el Ministerio de Justicia nacional y la Procuración bonaerense, participaron la directora del Registro Nacional de Reincidencia, Mónica Litza, y los fiscales generales de la provincia.
Entre los fundamentos del acuerdo se señala que es responsabilidad del Ministerio Público provincial identificar a toda persona imputada de algún delito y obtener en tiempo oportuno certificación de los antecedentes penales.
En ese sentido, la Procuración se comprometió a aportar el equipamiento informático y el personal capacitado que operará en cada una de las fiscalías bonaerense, en tanto que Reincidencia brindará el software informático y una supervisión general del sistema.
