Falbo afirmó que "el único sistema constitucional y que respeta los pactos internacionales a los que adhiere la Argentina es el acusatorio".
"Es por esto que no sólo impulsamos que se fortalezca en las provincias donde está vigente, sino que se implemente donde aún rige un sistema inquisitorio o mixto", expresó Falbo.
El sistema "acusatorio pleno", vigente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chubut y aprobado por ley en otras aunque aún sin implementar, suplanta al "mixto" o al "inquisitorio" como el que funciona, entre otros distritos, en la Capital Federal en el que un juez investiga y juzga a la vez.
Esta posición quedó aprobada esta tarde por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, que preside el Fiscal General de la Corte de San Juan, Eduardo Quattropani, que se reunió en la Procuración General de la Corte Suprema de la Nación en la Capital Federal.
Quattropani explicó que "la política de Estado respecto a la justicia la fija el poder político, pero ésta debe ser integral para lograr un sistema acusatorio con una policía administrativa dedicada a la prevención y la de función judicial a la investigación".
El titular del Consejo de procuradores, explicó que "las reformas que se hagan en materia de justicia y seguridad deben ser estudiadas en profundidad y consensuadas entre el poder político y los funcionarios judiciales, para evitar ya conocidas medidas espasmódicas que sólo conducen al fracaso".
En el encuentro de hoy, el Consejo Federal resolvió, además, "reafirmar la autonomía del Ministerio Público respecto de todos los poderes del Estado, como cuestión de máxima trascendencia institucional".
También "acompañar los procesos de reformas legales e institucionales en materia penal con recursos humanos y materiales suficientes que permitan concretar transformaciones contenidas en nuevas leyes".
Además, "organizar actividades de capacitación con la colaboración de entidades internacionales de reconocida trayectoria dirigidas a miembros del Ministerio Público, con el fin de fortalecer políticas de persecución y represión de delitos de manera eficaz y dentro del pleno respeto de las garantías".
Otro de los puntos aprobados fue el de "elaborar un convenio general de cooperación entre las diferentes provincias y el Estado Nacional para optimizar la intervención de la justicia penal respecto de delitos complejos".
Por último se decidió el compromiso de "fortalecer la cooperación para la persecución del delito de trata de personas y actividades ilícitas conexas, en el marco de las competencias específicas de cada jurisdicción".
Además de Falbo y Quattropani, estuvieron presentes, la fiscal general de Política Criminal de la Nación, Mary Belfo, Germán Garavano (Ciudad de Buenos Aires), Aldo Saravia (Salta), Jorge Canteros (Chaco), Darío Vezzaro (Córdoba), Liliana Piccinini (Río Negro), Jorge García (Entre Ríos), Alejandro Ficoseco (Jujuy).
También, Claudio Ana (La Rioja), Miguel Angel Piñero (Misiones), Claudio Espinosa (Santa Cruz), Luis de la Rúa (Santiago del Estero), Miguel Angel Molinari (Santa Fe), Mario Bongianino (La Pampa), Claudio Aguirre (Formosa) y César Sotelo (Corrientes).
