El proyecto contempla la disposición inicial selectiva, la recolección diferenciada, el transporte de los residuos acorde la diferenciación, la selección y transferencia de los residuos y, finalmente, su tratamiento y disposición final.
Incorpora el Registro de Operadores de RSU con el objetivo de organizar el trabajo informal sobre este tema ya que "no se había contemplado que el fenómeno de los cartoneros no es sólo una realidad de la Ciudad de Buenos Aires, sino que desde la Provincia no se ha hecho nada para darles un marco de protección, organización y cuidado de su salud", explicó Macri.
Asimismo, se limitan todos los plazos antes establecidos por la Ley 13.592 (que han vencido).
Los municipios tendrán un plazo de cinco años para alcanzar una reducción del 30% de la totalidad de los residuos con destino a la disposición final, comenzando en el primer año con una campaña de concientización.
Continuará con una progresión del 10% para el segundo año y efectuando obligatoriamente la separación en origen como mínimo en dos fracciones de residuos. El 20% para el tercer año y el 30% para el quinto.
En tanto que la aplicación de esta norma deja de depender exclusivamente de la presentación de un plan por parte de los municipios, ya que en caso de incumplimiento comunal, la autoridad ambiental bonaerense deberá establecer el programa que corresponda.
"De manera que existe un marco normativo imperativo que los municipios deberán aplicar al margen del modo que luego establezcan por medio de sus planes particulares", citó el legislador.
En cuanto a los centros de disposición final, la iniciativa prevé una instancia de negociación entre municipios, a propuesta de la Autoridad de Aplicación y una firma de un convenio multilateral o interjurisdiccional. Además propicia la celebración de acuerdos regionales entre municipios para el aprovechamiento de economías de escala.
