Según el acta de la reunión del directorio de CASSABA del 13 de diciembre último, la caja decidió realizar una presentación ante la Corte Suprema de la Nación para que recuerde a los jueces la obligación de hacer cumplir el pago de aportes previsionales.
Debido a planteos formulados por el CPACF, hay jueces, especialmente del fuero comercial, que eximen a los letrados de ingresar los aportes.
Una acordada de la Corte estableció que los magistrados deben velar por el cumplimiento de la ley, pero el Colegio insiste con la vigencia de medidas cautelares contra la validez de la norma.
Por el dictado de esas medidas cautelares, algunos magistrados libran cheques por honorarios sin la obligación de deducir aportes previsionales, lo que disminuyó la recaudación de CASSABA, según se informó en aquella reunión de directorio.
Entonces, el ex ministro de la Corte Jorge Bacqué propuso (y logró que se aprobara) que el presidente de CASSABA, Hugo Germano, tomara contacto con el titular del tribunal, Ricardo Lorenzetti, "para decirle lo que está pasando" a fin de que se recuerde a los subordinados la obligación de cumplir las acordadas vigentes.
Rizzo afirmó que constituye una "falta de consideración y respeto" que Germano "realice un alegato in voce" ante Lorenzetti "para que ordene a sus supuestos subordinados tales o cuales comportamientos".
Agregó que "si un órgano administrativo llegara a influir" como pretende, "la seguridad jurídica quedaría herida definitivamente de muerte, atento que los intereses colectivos e individuales de todos los habitantes resultarían sometidos a los ocasionales grupos corporativos en busca de prebendas económicas".
