La decisión de suspender el cobro del impuesto por 60 días prorrogables por un plazo similar, la adoptó el gobernador Daniel Scioli luego que la Corte Suprema de Justicia dictó una "prohibición de innovar" y le ordenó a la provincia de Buenos Aires que se "abstenga de liquidar, reclamar, intimar o proseguir" con la exigencia de pago de adicionales a impuestos inmobiliarios y a los automotores.
Si bien esa medida cautelar era sólo aplicable al contribuyente que demandó en la justicia la inconstitucionalidad de ese impuesto, el gobierno bonaerense resolvió suspender su cobro hasta tanto la Corte defina la cuestión de fondo: si es constitucional o no.
La ley 13.648, sancionada por la Legislatura bonaerense en marzo pasado, estableció el pago de una "sobrealícuota" en los impuestos Inmobiliario y a los Automotores, que varía según los bienes que posea el contribuyente, tanto en la provincia como en el resto del país y en el exterior.
De acuerdo con la norma, la alícuota adicional es de 0,25% para patrimonios de entre 500 y 700 mil pesos; de 0,5% en el tramo de hasta 1,2 millón; y de 0,75% para sumas superiores.
Según la cartera de Economía provincial, la alícuota adicional alcanza a unos 100 mil propietarios de inmuebles y 20 mil titulares de automotores y la recaudación estimada para el 2008 alcanzaba los 160 millones de pesos.
La Corte resolvió que es de su competencia decidir en la causa por ser un litigio donde es parte una provincia, "en una causa en la que la cuestión federal resulta predominante", según el fallo.
"El planteo efectuado exige dilucidar si la potestad tributaria que pretende ejercer la provincia de Buenos Aires interfiere el ámbito que le es propio a la Nación, en el marco de la ley 23.548", expresó el alto tribunal.
Ante esa situación y teniendo en cuenta que ese antecedente abría la instancia judicial para el resto de los contribuyentes alcanzados por el impuesto, el gobernador resolvió que se suspenda su cobro hasta tanto la Corte defina el fondo del reclamo.
"Es evidente que la medida de la Corte afectó la relación de certeza que es conveniente instaurar y mantener en la relación del fisco con los contribuyentes, generando una situación de desigualdad entre los que hayan o no recurrido a la instancia judicial", consignó el Ejecutivo en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa fue apoyada por la bancada unificada del Frente para la Victoria y el Justicialismo y la de Unión Pro, mientras que el radicalismo y la Coalición Cívica emitieron un despacho en minoría porque pretendían directamente la derogación del impuesto.
