Con el cambio de hora, a partir de la 0 del domingo próximo los relojes deberán adelantarse una hora, con vigencia por casi todo el verano. El 16 de marzo próximo se retornará al horario actual. De aquí en más, el Poder Ejecutivo dispondrá anualmente "la fecha de iniciación y de terminación del período estival que corresponda".
La iniciativa se aprobó sin mayores dificultades en ambas cámaras del Congreso, y si bien la oposición la acompañó en líneas generales, no desaprovechó la oportunidad para cuestionar al Gobierno por su tardío reconocimiento de la existencia de una crisis energética en el país. Advirtió, además, que la decisión de modificar el horario es una medida coyuntural, pero que no resuelve el problema de fondo.
El debate arrancó temprano en el Senado, donde si bien la iniciativa se aprobó por abrumadora mayoría (54 votos afirmativos contra los votos negativos del puntano Adolfo Rodríguez Saá y de los radicales Ernesto Sanz y Arturo Vera), algunos legisladores oriundos de las provincias cordilleranas expresaron su escepticismo sobre la efectividad del cambio del horario en su región: tanto Sonia Escudero (FPV-Salta) como María Perceval (FPV-Mendoza) propusieron la existencia de más de un horario en el país. Su sugerencia no tuvo éxito.
La oposición, tanto en el Senado como en la Cámara baja, cuestionó que la iniciativa del Gobierno delegara en el Poder Ejecutivo la tarea de fijar las fechas de los períodos en que se instrumentará el cambio de horario, así como los estudios para evaluar las consecuencias de dicha modificación. Pero el oficialismo no estaba dispuesto a ningún cambio.
La iniciativa se giró a la Cámara de Diputados. Al igual que en el Senado, el oficialismo elogió la iniciativa al destacar que redundará en un uso racional y medido de la energía eléctrica, a lo que la oposición retrucó que el Gobierno continúa sin presentar un plan a largo plazo que resuelva, como una verdadera política de Estado, la crisis energética.
El radical Pedro Azcoiti (Buenos Aires) insistió en que los problemas energéticos tienen su raíz en las políticas privatizadoras de los 90, a las que describió como "un verdadero proceso de depredación y saqueo del Estado".
