Fuentes de la cartera económica bonaerense aseguraron a Télam que la medida de la Corte Suprema "no frena la aplicación del impuesto para el universo de los contribuyentes, sino que establece su suspensión para un sólo caso".
La ley 13.648, sancionada por la Legislatura bonaerense en marzo pasado, estableció el pago de una "sobrealícuota" en los impuestos Inmobiliario y a los Automotores, que varía según el patrimonio del contribuyente, tanto en la provincia como en el resto del país y en el exterior.
De acuerdo con la norma, la alícuota adicional es de 0,25% para patrimonios de entre 500 y 700 mil pesos; de 0,5% en el tramo de hasta 1,2 millón; y de 0,75% para sumas superiores.
Según la cartera de Economía provincial, la alícuota adicional alcanza a unos 100 mil propietarios de inmuebles y 20 mil titulares de automotores, mientras la recaudación anual estimada es de alrededor de 300 millones de pesos.
La Corte resolvió que es de su competencia decidir en la causa por ser un litigio donde es parte una provincia, "en una causa en la que la cuestión federal resulta predominante", según el fallo.
"El planteo efectuado exige dilucidar si la potestad tributaria que pretende ejercer la provincia de Buenos Aires interfiere el ámbito que le es propio a la Nación, en el marco de la ley 23.548", expresó el alto tribunal.
El tribunal ordenó notificar de la demanda a la provincia de Buenos Aires, con un plazo de 60 días para ser respondida.
Mientras tanto, decretó de manera provisoria "la prohibición de innovar" y ordenar a la provincia que "se abstenga de liquidar, reclamar, intimar o proseguir con la exigencia del pago de los adicionales", según el fallo de diez carillas.
Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay entendieron que los impuestos no pueden ser cobrados "hasta tanto se dicte sentencia definitiva".
El máximo tribunal consideró necesario dictar "la medida precautoria frente a pretensiones fiscales", ante la demanda presentada por Gustavo Capatti, un contribuyente con domicilio en Capital Federal y propiedades en la provincia, por un valor superior a los 500 mil pesos referidos como piso en la norma.
"Se pretende gravar, aunque sea indirectamente" y bajo la figura de "adicional" a los impuestos inmobiliario urbano, a los automotores y a las embarcaciones deportivas o de recreación, "bienes ubicados en otras jurisdicciones o en el exterior", explicó el tribunal.
Ante esto, "adquiere preeminencia la necesidad de determinar si el Estado provincial se ha excedido, como afirma el demandante, en sus potestades tributarias, y precisar cuáles son los alcances de la jurisdicción y competencia que tiene para ejercer eventualmente el derecho a percibir el impuesto".
Por ello, la Corte consideró "aconsejable impedir el cobro compulsivo que la demandada estaría habilitada a ejercer".
En caso de generalizarse, la medida implicaría un obstáculo a las proyecciones realizadas en materia impositiva por el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, quien ayer asumió en La Plata como director de la recientemente creada Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA).
En su denuncia, Capatti afirmó que el impuesto cuestionado "resulta análogo al impuesto nacional sobre los Bienes Personales", por lo que sostiene que la provincia de Buenos Aires "se ha excedido en sus potestades tributarias".
Antes de conocerse la medida de la Corte, el gobierno bonaerense había prorrogado hasta el próximo 27 el vencimiento de la sobrealícuota, debido al importante número de contribuyentes y profesionales que están haciendo el trámite en el día de hoy, o solicitaron más tiempo para hacer la presentación de la declaración jurada y el pago correspondiente.
