"Este es uno de los hechos más graves que enfrenta la sociedad, después del terrorismo de Estado", afirmó uno de los abogados que representó a las víctimas, Ernesto Moreau, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
"Hay por lo menos 5 víctimas que perdieron la posibilidad de desarrollar su sexualidad con normalidad y cargan con daños irreversibles", continuó el letrado y dijo que este tipo de delitos, "tiene que revertir máximo de penas" que contempla el Código Penal que por la sumatoria de casos, da 25 años.
La fiscalía había pedido 10 años más, con el apoyo de los abogados defensores, al invocar la "ley de defensa de la democracia", que prevé penas aún mayores.
No obstante, el letrado de la APDH señaló que la condena es reparadora para las víctimas y para la sociedad, porque se dio a conocer la verdad y se penalizó al agresor.
La causa contra Sasso fue iniciada en noviembre de 2003 por la denuncia de la encargada del comedor infantil de la parroquia de Pilar, quien acusó al párroco de abuso sexual de una niña de 12 años.
El sacerdote tenía antecedentes clínicos de pedofilia en la diócesis de San Juan, de donde es oriundo, y por tal motivo hizo un tratamiento en la Domus Mariae de Tortuguitas, entre 1996 y 1998, donde son albergados sacerdotes con problemas de conducta y de donde salió sin consentimiento médico.
