El fallo fue dictado por el titular del juzgado 1 de La Plata Julio Augusto Bardi, al dar lugar al recurso interpuesto por las asesoras de incapaces Margarita Gutiérrez y Laura Ozafrain.
Ambas funcionarias judiciales detectaron, en distintas visitas a institutos de menores, que había bebés y niños alojados allí sin que se les hubiera notificado esa medida.
Según las funcionarias, al no informárseles se incurría en privación ilegítima de la libertad ya que "por privación ilegal de la libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como la internación en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública".
Gutiérrez y Ozafrain destacaron que esas medidas de abrigo, como la internación de niños, "debe contar con la conformidad de los padres en ejercicio de la patria potestad y además debe garantizarse a los menores ser debidamente oídos en cualquier actuación administrativa o judicial".
Por su parte, el director Provincial de Estrategias de Intervención Territorial, Pedro Kaufmann, sostuvo que no existe privación ilegal de la libertad de los niños cuando la medida de protección es acordada en un servicio de Promoción de Derechos, respetando el ejercicio de la patria potestad de los padres.
"Eso es confundir de plano la dimensión de intervención coactiva del Estado en el sistema de responsabilidad penal juvenil", aseveró en declaraciones periodísticas.
Las Asesoras de Incapaces interpusieron un hábeas corpus ante el juez Bardi quien ordenó al Ejecutivo bonaerense y al Ministerio de Desarrollo Humano comunicar al juez o la asesora de incapaces cuando proceda a una internación.
