La decisión favoreció a Lucía Hiriart, Marco Antonio Pinochet, María Verónica, Jacqueline y Lucía Pinochet, viuda e hijos del general que gobernó de facto Chile entre 1973 y 1990, y ahora únicamente su primogénito, Augusto, sigue encausado, porque no apeló.
También fueron beneficiados con la medida otros 11 asesores militares y civiles que son investigados por el juez Carlos Cerda, en el marco de pesquisas para determinar cómo Pinochet acumuló millones de dólares en cuentas en el extranjero, consignaron agencias internacionales.
Los ministros Juan Fuentes, Dobra Lusic y Mauricio Silva acogieron uno de los principales argumentos de los procesados para impugnar sus encausamientos: la falta de declaración indagatoria como inculpados, lo que vulnera el derecho a la legítima defensa como lo establece el debido proceso.
El fallo indica que hubo "clara violación de sus garantías individuales, reconocidas tanto por las Convenciones Internacionales suscritas, ratificadas y vigentes en el país, como por la propia Carta Fundamental Nacional y los mandatos que sobre la materia se contienen en el Código de Procedimiento Penal".
La medida de la Corte de Apelaciones será apelada por los querellantes ante la Corte Suprema, ante la misma sala que aprobó la extradición a Perú del ex presidente Alberto Fujimori por corrupción y asesinatos.
Del otro lado, el abogado Hugo Ortiz adelantó que ahora pedirá "el sobreseimiento temporal", y reveló que la hija mayor del general, Lucía, relanzará ahora su candidatura independiente a diputada.
El ex vicecomandante del Ejército, Guillermo Garín, calificó en tanto el dictamen como "justo", pero se abstuvo de comentar el fondo. De hecho, en el proceso está acreditado que Garín mantuvo depósitos por más de un millón de dólares en el Banco Riggs, en Miami.
Según el Consejo de Defensa del Estado, querellante en el caso, la fortuna asciende a unos 27 millones de dólares, provenientes de la apropiación de fondos fiscales y el cobro de comisiones por operaciones de compraventa de armas.
En los alegatos, los abogados defensores argumentaron básicamente que la familia y los ex colaboradores de Pinochet no pudieron cometer malversación de caudales públicos, debido a que no eran funcionarios del Estado.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) defendió la legalidad del fallo emitido por el ministro Carlos Cerda.
En el único comentario de parte del gobierno, el vocero Ricardo Lagos Weber pidió no abundar en detalles porque no estaba interiorizado, pero subrayó que el Ejecutivo "no comenta los fallos, sino que se preocupa por que las instituciones funcionen y los tribunales puedan llevar a cabo su labor como corresponde".
En declaraciones que publicó el diario El Mercurio en su portal de internet, Lagos Weber insistió con que "como Ejecutivo y como Gobierno, corresponde asegurarnos que los fallos se cumplan".
La defraudación fue descubierta a partir de un informe del Congreso de Estados Unidos, emitido después del 11 de septiembre de 2001, en el que se denunciaban operaciones bancarias de grupos terroristas en la banca estadounidense.
La situación particular de Pinochet asomó en ese informe como parte de las pesquisas, centradas en el Banco Riggs.
En la operación, y como consta en el expediente de más de 360 mil hojas, se utilizaron pasaportes falsos y se abrieron cuentas bajo nombres de personas inexistentes en paraísos fiscales y Estados Unidos.
El propio Pinochet, que murió en diciembre de 2006 sin haber sido detenido nunca por estas acusaciones, mantenía cuentas fuera de Chile bajo un total de 27 nombres diferentes, entre ellos Daniel López y John Long. (Télam).-
