La entrevista tuvo como fin consultarle al viudo en qué condiciones cumpliría la prisión morigerada, en caso de que le sea concedida, y, por ejemplo, qué actividades tendría previsto realizar.
Además de Carrascosa, fue entrevistado Héctor Lineiro, con quien el viudo vivió hasta que fue detenido en el country Centro Urbano Bahía Escobar (CUBE) y quien ya se comprometió ante los jueces que condenaron a garantizar su eventual prisión morigerada.
La semana pasada, Lineiro habló durante una hora con la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal 6 de San Isidro, María Angélica Etcheverry, y le dijo que controlará a su amigo en el caso de que se le otorgue un régimen de prisión preventiva morigerada.
Después, el tribunal ordenó que se realice un informe socio-ambiental sobre la casa del country CUBE, donde Carrascosa estuvo viviendo desde que estalló el escándalo del crimen de su esposa y se vio obligado a abandonar su casa del Carmel de Pilar.
Incluso, allí se entregó a la policía en 2003 cuando durante la instrucción estuvo preso 43 días acusado del homicidio.
El lugar cuenta con custodia privada, como todo country, pero como da a la ribera del río Luján, también cuenta con vigilancia de la Prefectura Naval Argentina.
Con el resultado de los informes y de las entrevistas, Etcheverry y sus colegas Hernán San Martín y Luis María Rizzi resolverán después de la feria judicial de invierno si hacen o no lugar al pedido de los abogados de Carrascosa para que cumpla la condena fuera de prisión, aseguraron las fuentes.
Los letrados sostienen que Carrascosa, de 62 años, siempre estuvo a derecho en la causa, nunca eludió el accionar de la Justicia y que no existe peligro de fuga, entre otros motivos, porque por lo conocido que es, no podría ocultarse en ningún lado.
Mientras tanto, los abogados de Carrascosa y el fiscal Diego Molina Pico trabajan en la apelación de la sentencia dictada contra el viudo, cuyo plazo de presentación vence el 31 de julio.
El 12 de julio, Carrascosa fue absuelto del homicidio de su esposa, pero fue condenado a la pena de cinco años y medio de prisión por encubrir el crimen cometido el 27 de octubre de 2002.
