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Condenan a un abusador de discapacitados, pero seguirá libre

La Justicia condenó hoy a 16 años de prisión al chofer de un transporte escolar por abusar sexualmente de jóvenes discapacitados, aunque continuará en libertad hasta que el Tribunal de Casación confirme la sentencia. El veredicto generó el repudio inmediato de los padres de los jóvenes discapacitados, quienes se encontraban en la sala de audiencias donde los jueces del Tribunal Criminal 2 de San Isidro hicieron pública la sentencia que condenó a Mario Ochoa.
Al grito de "lo queremos preso" y "justicia", los padres manifestaron su indignación mientras eran desalojados del lugar, donde hubo forcejeos con la policía mientras los abogados del condenado se retiraban por otra puerta.

La causa se inició en 2002, cuando la madre de una joven discapacitada mental hizo la primera de las denuncias ante una docente de la escuela Número 503 del partido bonaerense de San Fernando.

A esa primera denuncia se agregaron otras, con lo cual padres y docentes reconstruyeron la forma en que actuaba Ochoa con los jóvenes que transportaba en su camioneta.

"No hay error, lo que dicen los chicos es una situación coincidente, reiterada y traumática", afirmó Sonia Ailan, una de las denunciantes.

La abogada de cinco de esos jóvenes, Silvia Weksel, dijo: "No puedo creer lo que está pasando con la justicia en nuestro país, donde después de encontrar responsable de abuso sexual a alguien, se lo deja en la calle".

Tras la audiencia de hoy, padres, docentes y amigos de las víctimas se instalaron en el hall del edificio de los Tribunales de San Isidro, en Ituzaingo 340, y realizaron un acto de repudio.

Los manifestantes anunciaron que se quedarán en el lugar hasta obtener una respuesta satisfactoria al reclamo de justicia.

Según relató a Télam una de las denunciantes, el grupo se comunicó con un juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, quien les sugirió que agilizaran "una inmediata apelación ante el máximo tribunal".

"Igualmente, nos vamos a quedar hasta tanto dispongan la prisión de este violador", dijo Weksel.

Los padres pidieron, además, que se hagan presentes integrantes de organismos de Derechos Humanos y funcionarios "que consideren que esta es una causa justa".

"Estamos indignados", dijo la madre de la primera joven que denunció Ochoa, quien aseguró que "los cinco años de búsqueda de justicia hoy se desvanecen y no entendemos por qué".

Una docente de los niños abusados explicó que el trabajo de investigación que encaró el fiscal en esta causa, Fabián Brain, "fue impecable y no se corresponde con esta sentencia".

Los 13 jóvenes discapacitados concurrían a las escuelas 501 y 503 de San Fernando y a un centro de Educación Física especial en San Isidro y realizaban otros paseos siempre con el transporte escolar de Ochoa.

"Le teníamos mucha confianza porque él era padre de un chico con síndrome de Down", dijo otro padre.

El tribunal, integrado por los jueces Marisa Moris, Luis Oscar Zapata y Ariel Intruzzi Truglia, dispuso por unanimidad este mediodía condenar al chofer a 16 años de prisión "por considerarlo plenamente responsable del delito de abuso sexual calificado y abuso sexual con acceso carnal" en reiterados hechos ocurridos entre 1999 y 2002.

No obstante, por mayoría se decidió no hacer lugar al pedido de detención de Ochoa y el fallo estableció que deberá "presentarse cada 15 días ante el Patronato de Liberados y abstenerse de promover o participar en cualquier tipo de actividad que suponga de su parte cualquier tipo de vínculo y menos aún de relación jerárquica, con menores de edad o personas discapacitadas".

Según las denuncias presentadas por los padres de las víctimas, Ochoa abusaba sexualmente de los jóvenes, que tienen hoy entre 16 y 28 años, dentro del micro o bien los llevaba a su casa, donde los obligaba a mantener relaciones sexuales y en algunas oportunidades tomaba fotografías.

"Ochoa estuvo preso dos años, pero quedó en libertad porque no podía permanecer en prisión sin condena y ahora que la tiene también queda en libertad, es inaudito", dijo María Elena Leuzzi, titular de la Asociación de Ayuda a Víctimas de Violación, que patrocina a los denunciantes.

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