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Todos contra el proyecto de ley de educación provincial

Todos contra el proyecto de ley de educación provincial
En el documento “Consideraciones sobre una nueva ley de educación provincial” los obispos de Buenos Aires exponen sus reparos al proyecto de adecuación a la ley de educación nacional Nº 26.206 que promueve el gobernador Solá. El Sindicato de Docentes Privados (SADOP), de la CGT, y Suteba, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), también criticaron el anteproyecto.
El documento de los obispos de la provincia de Buenos Aires, fechado el 4 de julio, fue entregado ayer por el Obispo de la Diócesis de San Isidro, Monseñor Jorge Casaretto, durante un homenaje a los periodistas cuyo día se celebra el jueves.

Para los obispos “una Ley Provincial requiere de un debate serio, con tiempo suficiente para lograr una reflexión más acabada a nivel de las comunidades educativas y de la ciudadanía en general, padres de familia, docentes, alumnos y organizaciones comprometidas con la educación”.

La secretaria general de SADOP Zona Norte, Milena Lamonega definió al proyecto como “un retroceso para el sector privado de la educación” pues “no respeta” su estructura y “lo atomiza””. Lamonega –igual que los obispos- también criticó el hecho de que el proyecto prevé el cierre de la DIPREGEP, una Dirección especial para la educación privada provincial.

El secretario adjunto de la seccional platense del Suteba, Guillermo García, sostuvo en declaraciones a la prensa que el proyecto “no responde a las necesidades educativas” y que para “garantizar una educación de calidad” el gobierno provincial “debe tomar una decisión política” con respecto a “la infraestructura y la jerarquización del salario docente".

En su documento los pastores católicos dan a entender que no fueron tenidos en cuenta los aportes al anteproyecto realizados por la Iglesia a través del Consudec (Consejo de Educación Católica) “en especial, los que se han propuesto sobre el diagnóstico del sistema educativo que el Gobernador Felipe Solá presentó en abril de 2004, los elevados durante los años 2005 y 2006 en oportunidad de la Consulta sobre la Ley de Educación Nacional y aún los realizados en el transcurso del 2007”.

Asimismo los altos prelados sostienen que la ley “debiera tener definidos con total claridad” una serie de principios como “la inclusión de una educación integral basada en la concepción trascendente de la persona (...) su dimensión espiritual y religiosa”, el reconocimiento del “derecho inalienable de la familia a elegir para sus hijos una educación conforme a sus convicciones filosóficas y religiosas” esto para las escuelas privadas y públicas.

También “el derecho de la Iglesia y de otras instituciones de gestión privada, a crear y organizar sus propios Institutos de Formación Docente”. “Respetar y garantizar de acuerdo al marco jurídico vigente el funcionamiento de un único sistema de educación pública bajo dos gestiones: estatal y privada”.

En esto último el documento también coincide con la visión de SADOP. La representante gremial explicó que el proyecto divide a los privados en establecimientos privados, lisa y llanamente, y subvencionados. Lamonega calificó como “totalmente accesoria” esta división y sostuvo que solamente servirá para imponer mayor control a los docentes.

Gustavo Camps
Especial para El Comercio On Line

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