La obligatoriedad desde los cuatro años obligará a refaccionar aulas y crear más cargos docentes, por lo que el anteproyecto prevé que la incorporación de los nuevos alumnos sea en forma progresiva.
El documento ratifica además los seis años de nivel primario y seis de secundario, el sistema vigente, y asegura que el Estado provincial "proveerá y garantizará una educación integral, inclusiva y permanente".
Además, concibe a la educación y a las capacitaciones docentes desde el punto de vista productivo "para fortalecer la cultura del trabajo" y manifiesta su oposición "a cualquier forma de mercantilización de la educación pública".
El debate para llegar a elaborar el anteproyecto recolectó las opiniones de docentes, padres, alumnos, organizaciones sociales, gremios, empresarios, la Iglesia, legisladores, centros de investigación y universidades a lo largo del al año pasado y este año.
No obstante, los sindicatos docentes y la Iglesia coincidieron en considerar como insuficiente el tiempo de debate que tuvo la consulta y destacaron algunos puntos que no están muy claros en el anteproyecto, como el financiamiento de la educación y la formación docente.
Mirta Petroccini, secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que integra el Frente Gremial con SUTEBA, afirmó que "marcamos muy fuertemente la necesidad de un mayor tiempo para el debate dada la amplitud del territorio y las complejas características de la población escolar bonaerense".
"El planteo general fue la necesidad de hacer obligatoria la escolaridad a partir del segundo ciclo del nivel inicial, es decir a partir de los tres años y la universalización de los jardines maternales", dijo Petroccini.
La dirigente gremial remarcó, además, que "reclamamos que el 6 por ciento del PBI destinado al presupuesto educativo se aplique de una sola vez y no en un cronograma hasta 2010 debido a que la escolaridad obligatoria desde los cuatro años hará necesario construir más aulas, refaccionar otras y crear más cargos docentes".
Petroccini consideró que "si se coloca a la Educación como política de estado y como política pública debe tener un presupuesto adecuado a esa política de Estado con el fin de garantizar lacalidad educativa que se pregona".
Por su lado, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un documento en el que también reclama un mayor tiempo de debate "serio, con tiempo suficiente para lograr una reflexión más acabada a nivel de las comunidades educativas".
También reclama que el anteproyecto especifique en forma clara "el principio de libertad de enseñanza y el derecho inalienable de la familia a elegir la educación para sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas y filosóficas".
Además, reivindica el derecho de la Iglesia a crear y organizar sus propios institutos de formación docente para asegurar el pleno cumplimiento de sus proyectos educativos institucionales
La CEA reclama la diferenciación entre la gestión pública y la privada, la creación de un organismo apropiado que controle el sistema de gestión privada y que estas escuelas puedan acceder a un financiamiento en condiciones equitativas respecto de las Instituciones de gestión estatal.
La intención de la gobernación bonaerense es que el anteproyecto de ley de educación provincial sea tratado por la Legislatura la semana que viene, según indicaron voceros de la Dirección de Educación y Cultura.
El año pasado, luego de sancionada la Ley de Educación Nacional, varias provincias, entre ellas Buenos Aires, decidieron reformular sus propias normativas para adecuarlas a las caractrísticas propias de cada territorio teniendo como marco la normativa nacional.
En este sentido, los voceros del área de Educación bonaerense explicaron que se incluirá dentro de las modalidades educativas a la educación carcelaria y la hospitalaria ya que "se imparte el mismo servicio educativo que en las escuelas pero en diferente ámbito". (Télam).
