La anterior demanda la había interpuesto la entonces Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alicia Oliveira, a quien, luego de fallos favorables en instancias inferiores, la corte le negó "legitimación" para actuar en nombre de los usuarios a nivel "nacional".
En el actual planteo, contra el Estado Nacional y las dos empresas telefónicas que prestan el servicio de información, los abogados Eduardo Monti y Ricardo Monner Sans pidieron que anule la Resolución 2926/99 de la Secretaría de Comunicaciones que autorizó el arancelamiento de las llamadas al "110".
Los letrados se presentaron como usuarios del servicio y argumentaron que, cuando se dictó el decreto 1420/92, se estableció la entrega anual, domiciliaria y gratuita de las guías telefónicas y, en ese momento, las llamadas al número 110 eran sin cargo.
Los abogados afirmaron que "el servicio (gratuito) deviene impostergable", porque "las guías impresas son zonales" y "están confeccionadas con letras y números inconcebiblemente minúsculos",cuya lectura "se hace imposible". (Télam)
