Al hablar en el acto, realizado en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en esta capital, Avenida Callao 237, Solá señaló que con su presencia quería "fortalecer el trabajo hecho por las Abuelas de Plaza de Mayo".
Dijo que esa tarea "debe girar en torno a tres ejes: ser un aporte de información ordenada, sistematizada y articulada para la justicia en los casos que vienen, y constituir una colaboración testimonial para la búsqueda de datos que muchas personas van a hacer ahora y en el futuro, sobre el funcionamiento de la represión".
Puntualizó que "por último, es un claro aporte que tenga una pata del Estado adentro para la generación de una conciencia en los hombres y mujeres de hoy y de mañana, porque todo lo que han hecho las Madres y las Abuelas, en la búsqueda de la identidad y la memoria no debe cesar nunca".
Solá consideró que el Estado "debe dar un apoyo sistemático y permanente a este trabajo", luego de permanecer "durante muchos años, hasta este gobierno, sin intervenir, salvo la acción de la Conadep, y de jueces que a veces tomaban una denuncia e investigaban sin apoyo orgánico y de una política de Estado".
El informe contiene los resultados del relevamiento de ocho centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, en los cuales se estableció fehacientemente que se
produjeron por lo menos 41 partos.
En seis de ellos se profundizó la investigación sobre la metodología aplicada, y se incorporaron dos más, conocidos como "Pozo de Quilmes" y "Vesubio".
La realización del trabajo fue posible por la firma de un convenio entre las Abuelas de Plaza de Mayo, que aportó los equipos de investigación, y la provincia de Buenos Aires, la cual suministró el financiamiento para la tarea.
